El Parlament ha aprobado este miércoles la Ley que avala el Fondo de Compensación creado por la Generalitat para avalar a los líderes del 1-O ante el Tribunal de Cuentas. Se trata de un fondo creado en teoría para dar cobertura económica a los "responsables públicos" -funcionarios y cargos políticos- inmersos en procesos judiciales por actuaciones "en el ejercicio de sus funciones". En la práctica, es el fondo creado por Economía para avalar a los líderes independentistas a los que el Tribunal de Cuentas reclama los 5,4 millones de euros.

La ley, que desarrolla el Decreto aprobado en su día por el Govern, ha salido adelante con los votos del bloque independentista -ERC, JxCat y la CUP- y los comunes, a los que se ha sumado el PSC. Los socialistas solo han mantenido viva una enmienda, la que cuestionaba que no se obligue a devolver los avales con sentencia firme, esperando a un eventual dictamen de la justicia europea.

Pero el bloque independentista ha rechazado ese límite, que dejaría fuera del fondo a Oriol Junqueras y Artur Mas, ya condenados por el Tribunal Supremo. Sí podrían acogerse al fondo otros responsables de los gobiernos de Mas y Carles Puigdemont a los que el Tribunal de Cuentas reclama parte del dinero malversado en la promoción exterior del procés entre 2011 y 2017.

El socialista Jordi Riba ha defendido el apoyo del PSC al Fondo de Compensación de Riesgos por la "necesidad de crear este fondo" después de que en octubre de 2017 las aseguradoras de la Generalitat rescindieran sus contratos de cobertura de riesgos a los funcionarios "como consecuencia de los gravísimos acontecimientos en Cataluña".

Estamos contratando un seguro

"Hoy hacemos algo tan operativo y tan poco histórico para el independentismo como contratar un seguro" ha ironizado Riba. "Con la particularidad de que como todavía no hay compañías que quieran hacerlo hemos tenido que crear un fondo propio". Fondo que deberá cubrir el Instituto Catalán de Finanzas, a la espera de que la Generalitat recupere la confianza de las entidades financieras.

Un argumento que no ha convencido a Vox, PP y Ciudadanos, que han afeado a los socialistas su apoyo a ley. Antonio Gallego, diputado de Vox, ha tachado de "deplorable" la posición del PSC. Una posición que ha ligado con la actuación del Gobierno, al que ha recriminado que a través del Abogado de Estado ante el Tribunal de Cuentas "se descuelgue de la reclamación de 5,4 millones".

El fondo se crea para cubrir la malversación de los golpistas de hoy y de mañana" avisa Vox

"Esperamos que la Fiscalía no se descuelgue" ha concluido Gallego. El diputado de Vox ha señalado que el fondo "se crea para cubrir la malversación de los golpistas de hoy y de mañana, para cubrir lo que ninguna compañía de seguros quiere cubrir. Ninguna otra comunidad autónoma necesita hacer estas florituras legales" ha advertido, porque "sus responsables se mueven dentro del marco legal".

En términos similares, el portavoz de Cs, Nacho Martín Blanco, quien ha advertido que esta ley "refuerza la convicción" de que los líderes independentistas "pretenden seguir cometiendo actos contra el estado de derecho".

"Han ideado una fírmula para que una treintena de altos cargos investigados por malversación se vayan de rositas y no tengan que hacer frente a los avales" ha concluido la diputada del PP Lorena Roldán.

El portavoz naranja ha asegurado que "somos partidarios de proteger a funcionarios pero no a los políticos que no respetan ordenamiento jurídico y toman decisiones ilegales". Para Martín Blanco, el texto aprobado este miércoles "es un fraude" porque pretende "rescatar a políticos que atentan contra el interés general".

En defensa de los cargos públicos

El diputado de los comunes Joan Carles Gallego ha argumentado, sin embargo, que "los cargos públicos han de poder ejercer sus cargos en plena libertad" y los empleados públicos "necesitan un mecanismo que les de plenas garantías, esto es lo que hace el fondo".

Para los portavoces de ERC y JxCat, por contra, el fondo es una herramienta imprescindible para defenderse de una justicia española que ven "vengativa" contra el independentismo. El Consejo de Garantías Estatutarias dice que "si alguien actúa de forma irregular es el Tribunal de Cuentas, que tiene función no punitiva sino de resarcimiento de la administración perjudicada".