El Tribunal de Cuentas fiscalizará durante 2022 el Fondo de apoyo a empresas estratégicas con el que el Gobierno ha salido en auxilio de las aerolíneas Plus Ultra y Air Europa, el grupo metalúrgico Ferroatlántica, la ingeniería Duro Felguera, la hotelera Hotusa y la compañía de restauración Abades -entre otras- por el desplome de ingresos provocado por la pandemia y la dificultad para continuar con sus actividades.

El pleno del supremo órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera del sector público ha dado luz verde este jueves a su programa de fiscalizaciones para este año, integrado por 103 actuaciones (32 se arrastran de 2021, 11 de 2020, seis de 2019 y tres de 2018)) que alcanzan a todos los ámbitos sectoriales y territoriales. La aprobación de la planificación se ha retrasado un par de meses sobre lo que suele ser habitual debido a la reestructuración organizativa que se ha llevado a cabo en el organismo tras el acuerdo alcanzado a finales de 2021 para su renovación, pasando el PSOE a controlar el pleno.

Según consta en la programación, a la que ha tenido acceso El Independiente, uno de los informes de fiscalización que se llevarán a cabo es el relativo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, un instrumento incluido en el real decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo que se aprobó en julio de 2020. Adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, este fondo es gestionado por un consejo gestor a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

Se trata del mecanismo con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concedió en marzo de 2021 una ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra Líneas Aéreas -34 millones en un préstamo participativo y 19 millones en un crédito ordinario- cuya legalidad investiga el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. La magistrada Esperanza Collazos realiza pesquisas para determinar si la compañía reunía los requisitos para beneficiarse de este apoyo público.

Con la instrucción penal ya en marcha, el Tribunal de Cuentas recibió una denuncia -concretamente el pasado 7 de junio- en la que el grupo político Ciudadanos le pedía que investigara la responsabilidad de todas las autoridades por esta operación a fin de dirimir si existen infracciones contables, depurar cuánto dinero se habría supuestamente desviado y asegurar el retorno de los fondos públicos a las arcas públicas. Semanas después, el consejero de cuentas Felipe García Ortiz acordó el archivo de las actuaciones al no constatar que los hechos denunciados tuvieran "apariencia de responsabilidad. contable".

El Gobierno ha otorgado ya ayudas por más de 2.000 millones con cargo al fondo de apoyo a empresas estratégicas

Casi dos años después de su constitución, el Consejo de Ministros ha aprobado ya 17 operaciones con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas por un montante de 2.040 millones de euros, lo que representa el 38 % de los 5.365,5 millones de euros solicitados. De esta forma, el mecanismo ha comprometido ya una quinta parte del importe con que fue dotado inicialmente (10.000 millones).

La primera ayuda autorizada fue a favor de Air Europa: 475 millones (240 millones en un préstamo participativo y 235 en crédito ordinario). A la aerolínea española y a Plus Ultra le han seguido Duro Felguera (120 millones), Ávoris (320), Tubos Reunidos (112,8), Rugui Steel (25,03), Hotusa (241), Reinosa Forgings & Castings SLU (27), Grupo SERHS (34), Grupo Airtificial (34), Grupo Losán (35), Soho Boutique Hoteles (30), Grupo Abades (23), Técnicas Reunidas (340), Grupo Ferroatlántica SAU (34,5), Grupo Wamos (85) y Eurodivisas SA (45 millones).

La fiscalización de la actuación de la SEPI en el procedimiento de aprobación de operaciones de respaldo público temporal del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas será una de las actuaciones que llevará a cabo el Tribunal de Cuentas en el ámbito empresarial, al igual que el análisis del sistema de control aplicado en la gestión de premios por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, la fiscalización de la actividad de la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) como medio propio de la Administración y la relativa a la contratación de Paradores de Turismo.

El Plan de Recuperación, principal novedad

Como novedad, se incorporan al programa de trabajo las primeras fiscalizaciones relativas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en todos los ámbitos sectoriales y territoriales. En concreto, se analizarán las medidas adoptadas tanto en el ámbito de la administración General del Estado (implantación) como de las comunidades (implementación), con la previsión de que ambos informes se aprueben en 2022.

En paralelo, se fiscalizarán también los planes antifraude aprobados tanto por las entidades locales como el sector público estatal que participen en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, con una dotación para España de 153.133,70 millones (70.000 millones en ayudas directas). En estos casos, la aprobación no tendrá lugar antes de 2023.

La programación incluye también siete informes relativos a las compras tramitadas por diversas administraciones por el procedimiento de emergencia para provisionarse de material de protección contra la covid-19: los departamentos económicos y políticos de la Administración General del Estado, la Administración sociolaboral y la Seguridad Social, el sector público empresarial estatal no financiero, las comunidades y ciudades autónomas sin órganos de control externo propio y el correspondiente a las ayudas que concedió el Ministerio de Industria para la fabricación de mascarillas, geles y otros productos frente al coronavirus. La aprobación de estos trabajos figuraba en la planificación para 2021, pero no han visto la luz.

A éstos se sumará un informe global sobre la contratación de emergencia celebrada durante el ejercicio 2020 como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia y que incluirá una síntesis con los resultados expuestos en los individuales. De cumplirse el calendario previsto, esta fiscalización no se elevaría al pleno hasta el próximo año.

Compras de emergencia por la covid-19

En concreto, los técnicos analizarán el grado de cumplimiento de la Ley de contratos del sector público en las millonarias adjudicaciones; la justificación de la tramitación de emergencia para dar respuesta de manera rápida a una situación sobrevenida; la preparación, adjudicación y formalización de los contratos realizados, así como el cumplimiento de los requisitos de publicidad aplicables a estos contratos.

De los seis informes previstos en la programación para 2021, el pleno del Tribunal de Cuentas sólo ha aprobado dos hasta el momento: los relativos a las compras realizadas por los ayuntamientos de los municipios de más de 300.000 habitantes (28 de octubre de 2021) y por las autoridades administrativas independientes y otras entidades públicas y fundaciones estatales (27 de enero de 2022). 

Los dos trabajos que ya han visto la luz ponen de manifiesto que las contrataciones, en la mayoría de los casos, se adjudicaron tras consultar únicamente con una empresa en lugar de estudiar varias ofertas a fin de lograr la más ventajosa. Ello ha revelado la disparidad de precios que se abonaron por productos similares en fechas muy próximas en el tiempo.