Sociedad Civil Catalana ha recaudado en una semana una cuarta parte del dinero que trata de reunir (25.000 euros) para afrontar los gastos del juicio en el Tribunal de Cuentas contra once dirigentes independentistas por el presunto desvío de fondos de la Generalitat de Cataluña para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1 de octubre y promocionar el procés en el exterior entre los años 2011 y 2017.

Esta organización lanzó el pasado jueves una campaña de micromecenazgo coincidiendo con la interposición de la demanda en la que acusan a los ex altos cargos de haber malversado 5.309.807,02 millones de euros en total. Las mayores cuantías se piden para Carles Puigdemont (3.303.000 euros), Oriol Junqueras (2.515.000), Francesc Homs (1.936.000) y Artur Mas (1.840.000). Completan la relación los ex consellers Dolors Bassa (1.301.000), Toni Comín (1.134.000), Clara Ponsatí (900.000), Raül Romeva (617.000), Jordi Turull (505.000), Neus Munté (338.000) y Lluís Puig (238.000). 

Fue Sociedad Civil Catalana junto con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas quienes denunciaron a finales de 2018 los gastos directos asociados al 1-O. Lejos de renunciar, sigue adelante en el procedimiento con la intención de que el máximo órgano fiscalizador del sector público declare a los ex altos cargos responsables contables directos y solidarios y les condene a devolver a la Generalitat 5,3 millones (más intereses).

Sociedad Civil Catalana reclama 5,3 millones a 11 ex altos cargos, entre ellos Puigdemont, Junqueras y Mas

Aunque el bufete valenciano Chapapría-Navarro & Asociados ha asumido el caso pro bono, la entidad ha calculado en unos 25.000 euros los gastos de la primera fase judicial, de ahí que haya hecho un llamamiento a la ciudadanía para que hagan aportaciones que le permitan reunir el dinero. "O actuamos, o demostramos que el Estado de Derecho se cumple, o lo volverán a hacer. Es muy importante mantener esta acción y que los líderes independentistas sepan que no pueden hacer lo que les dé la gana y que se ha acabado la impunidad en Cataluña", declara a este diario el presidente de Sociedad Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa.

El dirigente dice que han hecho un "esfuerzo" adelantando el dinero con el que pretendían sufragar otras actividades y subraya la "apuesta valiente" por mantener la acusación en el Tribunal de Cuentas, pese a las consecuencias económicas que podría tener para ellos que no prosperara la acusación y que le condenaran en costas. Ellos la calculan en unos "200.000 euros".

"Sociedad Civil Catalana se juega su futuro, no sólo la entidad sino también los miembros de la junta directiva porque seríamos responsables solidarios. Pero pensamos que era nuestra obligación cívica mantener la acusación por los actos del 1-O y de la acción exterior", añade Sánchez Costa. Éste cree que el juicio no será previsiblemente hasta "después del verano".

El 15 de noviembre de 2021, Margarita Mariscal de Gante -entonces consejera de titular del departamento segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas- acordó la apertura de la fase de enjuiciamiento de las presuntas irregularidades contables por las que tendrán que rendir cuentas dos ex presidentes de la Generalitat, un vicepresidente y ocho antiguos consejeros. Fue de las últimas decisiones que tomó antes de cesar en el cargo al haber excedido los nueve años de mandato y haber alcanzado un pacto el PSOE y el PP para renovar el órgano.

El plazo para personarse en este procedimiento de reintegro por alcance expiró el pasado 17 de enero, manteniéndose -como acusaciones- Sociedad Civil Catalana y la Fiscalía, después de que la asociación Abogados Catalanes por la Constitución no haya continuado. La Abogacía del Estado se ha retirado de la causa al entender que no tiene legitimidad para demandar y la Generalitat ha eludido personarse por no sentirse perjudicada.

Decisión definitiva sobre las fianzas

Una de las decisiones que tiene que adoptar todavía el Tribunal de Cuentas es si acepta definitivamente el aval de la Generalitat para cubrir la posible responsabilidad contable de los líderes independentistas. El Ejecutivo autonómico dio un pasado adelante y decidió cubrir las fianzas exigidas a los investigados mediante un aval del Instituto Catalán de Fianzas (ICF), entidad financiera de la propia Generalitat. 

La delegada instructora del procedimiento, Esperanza García Moreno, rechazó este sistema al entender que el decreto-ley por el que el Govern creó un fondo complementario de riesgos no cubre supuestos de responsabilidad contable, como el que se dilucida en este procedimiento. La Abogacía del Estado evitó pronunciarse sobre la legalidad de los avales con el argumento de que, al ser parte en el procedimiento, quebraría los principios de imparcialidad e igualdad.