Los prostíbulos más grandes de España facturaron 41,5 millones de euros entre 2003 y 2009, los años previos a que España se adentrara en la crisis financiera mundial de 2008.

Así se desprende de la investigación que ha llevado a cabo el titular del Juzgado Central de Instrucción 4, José Luis Calama, por presuntos delitos fiscales derivados de la creación de un entramado societario puesto en marcha para ocultar a Hacienda los "cuantiosos" beneficios obtenidos a través de la explotación de clubes de alterne en toda España.

En la denominada operación Pompeya, por la que el juez de la Audiencia Nacional propuso juzgar esta semana a un total de 32 personas, han salido a la luz los ingresos en los años de bonanza económica de las sociedades que gestionan cuatro de los mayores puticlubs del país: Club Factory Air (próximo al aeropuerto de Barajas, en Madrid), Sala Flowers (Las Rozas, Madrid) Club Lovely (Madrid) y Club Riviera (Castelldefels, Barcelona).

Según el auto de envío a juicio de este martes, el Club Factory Air ingresó 5,5 millones de euros entre 2005 y 2007; la Sala Flowers, 17,9 millones entre 2003 y 2008; el Club Lovely, 3,7 entre 2003 y 2007 y el Club Riviera, 14,4 millones entre 2003 y 2009. 41,5 millones en total.

Ocultaban el concepto de los pagos de clientes

Según los registros en las empresas investigadas y la información aportada por la Agencia Tributaria y las Haciendas forales de Navarra y Guipúzcoa, los empresarios investigados Antonio Herrero Lázaro y José Vera Ruiz, José Arsenio Pérez Viéitez, José Moreno Gómez, Ángel Crispín Gilaranz Velasco y Santos Pérez Bargas, "crearon un entramado societario, a través de mercantiles que explotaban clubs de alterne, con objeto de defraudar a la Hacienda Pública estatal en las liquidaciones tributarias. Para llevar a efecto dicha defraudación, utilizaban cuentas bancarias de la sociedad Larratruk SL, administrada por Jesús María Larrañaga Azpitarte".

El juez llega a la conclusión de que, además de conseguir dicha defraudación, a través del sistema ideado de pagos en terminales de punto de venta (TPV), permitían que en las facturas o cobros a los clientes no apareciera el verdadero nombre del local donde hicieron el consumo, ocultando así que habían ido a un prostíbulo.

Según el auto del instructor Calama, la operativa de la compañía Larratruk consistía "la recepción de fondos por liquidación de operaciones efectuadas desde terminales de punto de venta (TPV) [hasta 136] instalados en los establecimientos regentados por los expresados encausados".

El pago por tarjeta llevaba una comisión

"Asimismo, el pago por tarjeta llevaba consigo una comisión, de tal modo que el cargo hecho a la cuenta del cliente iba aumentando con un sobreprecio por utilizar este medio de pago. Este sobreprecio o sobrecargo era inicialmente un 10 %. Este 10 % se repartía, posteriormente, a la hora de ajustar las cuentas entre Larratruk SL y la sociedad gestora del establecimiento. Concretamente un 6,5 % se lo quedaba Larratruk SL y el 3,5 % a través de una facturación encubierta a Larratruk SL por algún otro concepto, ajeno a la verdadera naturaleza de la transacción, concepto simulado que, con frecuencia, figuraba como de arrendamiento", se puede leer en el auto.

"Conocidas las cifras de comisiones que se llevaba Larratruk, comparando las cifras de facturación con las declaradas se advierten grandes diferencias, lo que permite inferir que se habrían ocultado cifras muy elevadas a la Hacienda Pública. De este modo, mediante el seguimiento de las relaciones mercantiles de Larratruk SL, a través del modelo 347 de Ingresos y Pagos, son localizadas un gran número de sociedades de alterne, agrupables en cinco grandes grupos", resume el juez el procedimiento por el que propone llevar a juicio a los implicados.