Vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ven en la salida de Pablo Casado de la presidencia del Partido Popular y la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Madrid una ventana abierta para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva en funciones más de tres años por la falta de acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.

Fuentes del consejo de jueces trasladan a El Independiente que el presidente gallego tendría una oportunidad de comenzar su liderazgo en la formación con un éxito: el desbloqueo de una situación que lleva encallada desde diciembre de 2018.

Hace unos meses, los vocales del CGPJ veían posibilidades de que, una vez transcurridas las elecciones de este febrero en Castilla y León, pudieran retomarse las conversaciones entre PSOE y PP. Pero el Gobierno había dado ya por imposible llegar a un acuerdo con Casado, como trasladan fuentes de Moncloa, incluso pasados los comicios. Antes de desatarse la guerra interna entre la presidenta madrileña Isabel Díaz-Ayuso y Casado que ha desembocado en la crisis más grave del partido, ya descartaron reactivar las negociaciones.

Coincide en el tiempo con la renovación del TC

Si el PP celebra el consejo nacional extraordinario en el que Feijóo daría el relevo a Casado en abril, según está previsto, sería un momento perfecto para el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces.

PSOE y Podemos impulsaron la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide al CGPJ realizar nombramientos mientras está en funciones. Si se eligiera a nuevos vocales, la prohibición prevista en la ley decaería y éstos podrían realizar nombramientos.

Por un lado, se acabaría con la insólita situación que se vive en el Tribunal Supremo, donde la falta de sustitución de magistrados por jubilación o incapacitación lleva a que no se dicten 1.000 sentencias anuales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo (la más afectada por esta situación) ya ha advertido del colapso que vivirá ante la avalancha de recursos que llegarán al alto tribunal por los daños económicos provocados por las medidas gubernamentales contra el Covid. La Sala de Gobierno del Supremo ha pedido a la ministra de Justicia que refuerce también la Sala Civil con cinco magistrados. Pilar Llop de momento se niega alegando que ha dotado al Tribunal con 12 letrados -lo que ha supuesto al Gobierno un desembolso de 700.000 euros- para afrontar dicha situación de bloqueo de la que culpa al PP.

Feijóo tiene buena relación con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes

Por otro lado, en junio debe producirse la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional. Es decir, cuatro de sus magistrados. Dos deben ser nombrados por el Gobierno y otros dos, por el CGPJ. Si siguiera sin haber acuerdo de renovación en junio, se daría la circunstancia de que el Gobierno podría nombrar y el órgano de los jueces no, una situación sin precedentes que perjudicaría la imagen del Gobierno por los efectos negativos tan directos de su reforma legal en la Justicia.

El PP tampoco saldría beneficiado si sólo el Gobierno pudiera nombrar a los dos magistrados del Alto Tribunal porque quedaría una mayoría de miembros progresistas. Por lo tanto, una renovación del CGPJ antes de junio sería deseable tanto para el Gobierno como para la oposición.

Otro dato juega también a favor de Feijóo en la futura renovación del órgano de gobierno de jueces. Según trasladan fuentes jurídicas a este diario, el político gallego tiene buena relación con el actual presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien ya ha instado en varias ocasiones a los responsables políticos a que alcancen un acuerdo para superar el bloqueo del Poder Judicial.