El Tribunal de Cuentas ha reculado y da por bueno ahora el aval de la Generalitat de Cataluña para cubrir la posible responsabilidad contable de 34 ex dirigentes independentistas por los gastos del procés y de las denominadas embajadas catalanas en el exterior, cifrados provisionalmente en 5,4 millones de euros. La presidenta de la Sección de Enjuiciamiento, Rebeca Laliga, ha emitido voto particular al discrepar de la decisión.

Según han confirmado a El Independiente fuentes del máximo órgano fiscalizador del sector público, el Tribunal de Cuentas ha aceptado finalmente los avales del Govern en contra del criterio que hizo público el pasado mes de octubre. Entonces, la delegada instructora del procedimiento, Esperanza García Moreno, rechazó que el Ejecutivo catalán pudiera cubrir las fianzas con fondos del Instituto Catalán de Fianzas (ICF) al entender que no se podía dar cobertura con recursos públicos a conductas dolosas.

Esa posición es la que mantenía el Tribunal de Cuentas antes de que a finales de año el PSOE y el PP alcanzaran un acuerdo para renovar el pleno de este órgano tras expirar el mandato de una parte de los consejeros, lo que ha posibilitado que sea progresista la mayoría en el pleno en detrimento de los populares. La consejera del Departamento Primero de Enjuiciamiento será ahora la encargada de redactar el auto en los términos acordados por la Sala.

El Govern aprobó el pasado 6 de junio un decreto-ley por el que creó un fondo complementario de riesgos de la Generalitat con la intención de cubrir las fianzas de los acusados en el procedimiento que sigue el Tribunal de Cuentas por posible responsabilidad contable por alcance. Ello permitía a Puigdemont, Junqueras y demás acusados no tener que hacer frente con sus bienes a la caución.

Sin embargo, el sistema ideado por el Ejecutivo de Aragonès no fue aceptado por la instructora del procedimiento. "Se acuerda no admitir los avales garantizados con fondos públicos emitidos por el Instituto Catalán de Finanzas, al no amparar las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave, requisitos que necesariamente deben concurrir para declarar la responsabilidad contable y que, de manera indiciaria, debe apreciar el delegado instructor para poder declarar la existencia de una presunta responsabilidad contable y dar lugar a una liquidación provisional positiva", detallaba la resolución.

El silencio de la Abogacía del Estado

La Abogacía General del Estado eludió pronunciarse sobre la legalidad de la medida, después de que le hubiera pedido un dictamen de forma expresa el presidente de la Sección de Enjuiciamiento. Tanto el abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, como la máxima responsable del cuerpo jurídico, Consuelo Castro, alegaron que incurrirían en "conflicto de intereses" si lo hacían intervenir como parte al principio del proceso y como órgano consultivo en este asunto.

A finales del pasado mes de junio, el Tribunal de Cuentas cifró en 5.422.411,10 euros -468,38 euros menos de lo cuantificado inicialmente- la liquidación provisional practicada en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y para el Diplocat a la espera de que se enjuicien los hechos.

Entre las personas alcanzadas figuran los ex presidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras; los ex consellers Andreu Mas-Colell (Economía), Raül Romeva (Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia) y Francesc Homs (Presidencia), y la ex interventora Mireia Vidal. Son a ellos a los que se han pedido las cantidades más elevadas.