La Fiscalía ha firmado este miércoles el archivo de sus diligencias de investigación al rey emérito, Juan Carlos I, alrededor de la fortuna en el extranjero que no declaró en España.

El Ministerio Público, como se venía adelantando desde hace meses, ha rechazado presentar querella contra el padre de Felipe VI ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo -la única que podría tomarle declaración- por los hechos que comenzó a investigar en junio de 2020: la tenencia de una fortuna en el extranjero no declarada a Hacienda y de la que habría disfrutado incluso después de su abdicación.

El archivo de la investigación por parte del Ministerio Público al frente del que se encuentra la exministra de Justicia Dolores Delgado abre el camino a la vuelta a España del padre del Rey, que reside en Emiratos Árabes desde agosto de 2020.

Falta de indicios, prescripción e inviolabilidad

El fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón firma los dos decretos de archivo de las diligencias 44/2020 y 40/2020. En éstas se investigaba, por un lado, la posible fortuna no declarada en la isla de Jersey y, por otro, si el exjefe del Estado era beneficiario de los fondos de una cuenta suiza a nombre de la fundación Zagatka, fundada por su primo Álvaro de Orleans, si recibió 65 millones del rey saudí Abdul Aziz Al Saud por mediar en el contrato de adjudicación del AVE a La Meca en 2008 a través de la fundación Lucum, también con otra cuenta en Suiza, y los pagos que le habría hecho el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause a través de una cuenta de su ayudante de campo el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga. Esta última línea comenzó a investigarse a raíz de un aviso del Sepblac.

En el marco de las diligencias de investigación 44/2020 sobre la presunta fortuna en Jersey, la Fiscalía afirma que la investigación desarrollada "no permite ejercitar acción penal alguna contra S.M.D. Juan Carlos de Borbón en atención a las diferentes razones que se exponen a lo largo del decreto -básicamente, la insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad del Jefe del Estado o la regularización fiscal-".

Ha sido precisamente la actuación de la Fiscalía la que ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas

El Ministerio Público destaca en el citado decreto que "ha sido precisamente la actuación de la Fiscalia la que ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas, cuantía correspondiente a las cuotas adeudadas por S.M.D. Juan Carlos de Borbón a la Hacienda Pública, incluyendo los oportunos recargos e intereses de demora".

Respecto a las diligencias 40/2020, fueron las que se enviaron de la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo al ver que la investigación que se seguía contra empresarios por si pudo haber delito de corrupción en los negocios en el contrato de adjudicación del AVE a La Meca por parte de Arabia Saudí involucraban a Juan Carlos I y, por lo tanto, debían abordarse en la Fiscalía del Tribunal Supremo para ver si había indicios de delito puesto que el exjefe del Estado está aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Las mencionadas diligencias de Anticorrupción se abrieron en 2018, a raíz de que saliera a la luz una conversación entre la examante del rey emérito, Corinna Larsen, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo en las que la primera afirmaba que Juan Carlos I pudo llevarse una comisión de 65 millones del rey saudí Abdul Aziz Al Saud por mediar en la adjudicación del contrato del AVE del desierto. Esas afirmaciones llevaron a la apertura de la pieza V o Carol del caso Villarejo en la Audiencia Nacional que se archivó al afectar al emérito, protegido por la inviolabilidad en el momento del cobro del dinero mencionado, en 2008, puesto que era jefe del Estado.

Según recoge la Fiscalía en su decreto, "en esos momentos ya era objeto de investigación la relación de dicha adjudicación con el ingreso de 64.884.405 euros ordenado en fecha 8 de agosto de 2008 por el entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, en la cuenta de la Fundación LUCUM de la que S.M. D. Juan Carlos de Borbón sería su verdadero titular".

La Fiscalía ha recibido información de la Fiscalía de Ginebra, que por su parte abrió en 2018 una investigación por presunto delito de blanqueo agravado a Corinna Larsen y los arquitectos financieros Dante Canonica y Arturo Fasana por los movimientos que hicieron con el cobro de los 65 millones mencionados, puesto que el Rey recibió el dinero y posteriormente lo traspasó a una cuenta de Corinna Laren a un banco de Bahamas.

La investigación sobre la presunta comisión por el contrato del AVE del desierto nació prácticamente muerta, como ha ido informando este diario y confirma el decreto de la Fiscalía: "Tras el estudio de lo actuado, ya en el mes de octubre de 2020 se evidenciaba la inconsistencia de los indicios de la relación entre la adjudicación —en octubre de 2011— de las obras de la denominada Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad entre las ciudades de Medina y La Meca y el ingreso el 8 de agosto de 2008 de 64.884.405 euros en la cuenta de la Fundación LUCUM ordenado por el rey de Arabia Saudí, por lo que mediante Decreto de 26 de octubre de 2020, dictado por el Instructor de las Diligencias n.o 17/2020, se acordó “restituir a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada las Diligencias de Investigación Penal no 38/2018, mediante la remisión de testimonio de las mismas, con el objeto de que proceda a su reapertura y continúe practicando las actuaciones que estime adecuadas en relación con las personas en las que concurran indicios de participación en los hechos a los que las mismas se refieren, con exclusión del Rey Emérito, D. Juan Carlos de Borbón, sin perjuicio de que se mantengan relaciones de comunicación fluidas con esta Fiscalía del Tribunal Supremo ante cualquier eventualidad o elemento que pudiera afectar a las investigaciones que cursan ambos órganos del Ministerio Fiscal", se puede leer en este.

Aviso del Sepblac por los pagos de Sanginés Krausse

Respecto a la línea de investigación sobre las cuentas suizas unidas a las fundaciones Lucum y Zagatka y los pagos de viajes y otros gastos personales que sufragó el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krausse a través del coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, de los que dio aviso el Sepblac, la investigación de la Fiscalía concluye que las regularizaciones realizadas por la defensa del emérito cubren los pagos que tuvo que hacer a Hacienda por recibir donaciones.

"Toda vez que el investigado no tuvo el conocimiento formal previo a la presentación de las declaraciones tributarias complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 305.4 CP, tales declaraciones gozan de eficacia exoneradora de la responsabilidad penal, sin perjuicio de lo establecido en el art. 252 LGT. Los principios de legalidad, de taxatividad, de certeza y seguridad jurídica, que demandan una interpretación estricta de la norma penal (art. 4.2 CC) no avalan, a juicio del Fiscal, otra interpretación" , se lee en el decreto.