La Agrupación Reformista de Policías (ARP) ha pedido que a la "mayor brevedad" se reúna la comisión de control del macroplan de pensiones de los funcionarios a fin de que el Estado retome nuevamente las aportaciones, congeladas por el Gobierno de Mariano Rajoy hace más de diez años en el marco de un paquete de medidas con las que trató de corregir el déficit público.

El acuerdo alcanzado el 13 de noviembre de 2002 entre el Ejecutivo y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para la modernización y mejora de la Administración pública en el periodo 2003-2004 incluyó el compromiso de las partes de promover un plan de pensiones de empleo para todos los empleados estatales. Su gestión se adjudicó por concurso en 2004 a la entidad Gestión de Previsión y Pensiones Entidad Gestora de Fondo de Pensiones SA, siendo el BBVA el depositario.

La crisis económica y los compromisos de estabilidad presupuestaria con Bruselas llevaron al Gobierno en 2011 a prohibir que se hicieran aportaciones desde el presupuesto público a este producto colectivo de ahorro, sin que se hayan retomado nuevamente a pesar de que desde hace más de cuatro años ya no es tan severa la limitación. En este tiempo, el patrimonio neto se ha venido incrementando por las aportaciones voluntarias de los partícipes y por la revalorización que ha experimentado la inversión.

La ARP quiere que se ponga fin a esta situación y ha enviado una carta a la Secretaría de Estado de Función Pública, a la dirección de Muface y a los sindicatos UGT, CCOO y CSIF para que, como integrantes de la comisión de control, se reúnan y hagan cumplir lo pactado.

A juicio de este sindicato de la Policía Nacional, la Administración General del Estado está "vulnerando gravemente" el acuerdo de la comisión de control del plan de pensiones, por el que quedaba obligada -según detalla el artículo 10- a "efectuar el desembolso de las contribuciones pactadas en la cuantía, forma y plazos previstos en las especificaciones". Esas aportaciones eran "obligatorias", según precisa el artículo 24.

La ARP recuerda que la prohibición de realizar aportaciones se levantó en los Presupuestos del Estado para 2018

La última contribución se llevó a cabo el 7 de julio de 2011. La congelación se produjo en cumplimiento del real decreto-ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público que el Gobierno aprobó el 30 de diciembre de 2011 para hacer frente a la desviación presupuestaria en el conjunto de las administraciones públicas, registrándose desde entonces tan sólo algunas aportaciones correspondientes a regularizaciones de ejercicios anteriores.

En su escrito, la Agrupación Reformista de Policías recuerda que ese veto se levantó con motivo de la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. En su artículo 18, la ley establecía que se podrían hacer aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos siempre que no se superara el incremento global del 1,5 % en que se había topado el aumento de las retribuciones del personal al servicio del sector público respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017. En 2022, ese límite es del 2 %.

El tercer colectivo más numeroso

De las 132 promotoras del plan de pensiones de la Administración General del Estado, la Dirección General de la Policía es concretamente la tercera entidad que aporta más partícipes (el 12,42 %) y mayor patrimonio (el 11,59 %), según los datos que se detallan en la última memoria publicada (la correspondiente a 2020). Por delante sólo se sitúan el Ministerio de Defensa -con un 32,86 % de beneficiarios- y la Dirección General de la Guardia Civil (13,69 %).

A 1 de enero de 2021, el plan de pensiones de la Administración General del Estado estaba participado por 523.715 personas, casi un 15 % menos que en 2011 (613.213). A cierre del pasado ejercicio, el patrimonio neto ascendía a 634,85 millones de euros, un 3,18 % por encima de la cantidad existente a la conclusión de 2020 (615,27 millones) pero todavía ligeramente por debajo de la que se registraba a finales de 2019 (635,3 millones). La rentabilidad bruta se situó en el 7,31 %, superior a la que arrojó su índice de referencia (5,67 %).

Con un perfil inversor claramente conservador, la renta fija representaba el 52,69 % de la cartera, algo más de cuatro puntos menos de la tasa que se registraba al cierre de 2020 (56,89 %). Por contra, han subido en el último año la apuesta por la renta variable (del 34,96 % al 35,31 %), las inversiones alternativas (del 6,32 % al 7,32 %) y los activos monetarios (del 1,84 % al 4,68 %).