El grupo parlamentario de Vox ha registrado varias iniciativas en el Congreso de los Diputados con las que pretende que el Gobierno aclare si la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha tenido "algún tipo de intervención" en la investigación judicial que salpica a su marido y, en caso afirmativo, "en qué ha consistido" dicha participación.

Como viene informando El Independiente, el nombre de Juan Carlos Martínez sale a relucir en un informe que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entregó el pasado mes de octubre al juzgado sevillano que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) -entonces dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa- a la empresa automovilística Santana Motor, ya disuelta.

En su atestado, los investigadores destacan el "lucro injusto" que Martínez habría obtenido con los ingresos recibidos por su consultora -Job Management Liberty SL- de empresas que consiguieron "cuantiosos" fondos de la Administración autonómica, en lo que interpretan como un posible "mecanismo de retribución" por la concesión de dichas ayudas. Los agentes llaman la atención sobre el "aumento patrimonial" experimentado por la pareja de María Gámez, atribuyéndole la compra de propiedades inmobiliarias por importe superior a un millón de euros entre los años 2009 y 2012.

Mientras la investigación judicial sigue su curso, Vox ha registrado este lunes en la Cámara Baja tres preguntas con respuesta por escrito con las que interpela al Gobierno por este caso tras trascender el contenido del informe de la UDEF.

En concreto, la formación que lidera Santiago Abascal exige conocer si la directora de la Guardia Civil ha tenido alguna intervención en la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que abrió estas diligencias previas en 2015 después de que la Intervención General de la Junta de Andalucía alertara de posibles irregularidades en la concesión de un crédito reembolsable de 36,1 millones concedida por parte de la Agencia IDEA a Santana Motor.

Vox quiere saber cuántos agentes integran la UDEF, la unidad de la Policía que combate la corrupción y al que el juez ha encargado la investigación del caso

Vox llama la atención sobre el hecho de que parte de ese dinero se desvió a otros fines y que el préstamo terminó convirtiéndose en una ayuda a fondo perdido, "sin que fuese reintegrado a la Junta" de Andalucía. Es por lo que los interventores de la Administración autonómica presentaron en febrero de 2014 un informe de actuación por posible menoscabo de fondos públicos.

En otra de las iniciativas, Vox pregunta el número de agentes adscritos actualmente a la UDEF, unidad dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial a la que el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha encargado las pesquisas para el esclarecimiento de los hechos. En concreto, al Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental.

La formación política también quiere conocer las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo de Pedro Sánchez "a fin de reducir la comisión de delitos económicos y fiscales por parte de cargos públicos", según se detalla en la pregunta. Ésta está firmada por Macarena Olona, portavoz adjunta de Vox en el Congreso y posible cabeza de cartel en las próximas elecciones al Parlamento andaluz.

A la espera de otro informe de la UDEF

El avance de la instrucción del caso está a la espera que los agentes de la UDEF analicen los informes de cuentas anuales de la Agencia IDEA entre los años 2006 y 2011; diversos Programas de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) de esta agencia pública, anexos con alegaciones de la Intervención de la Junta y el informe definitivo de control financiero de Santana Motor -SAU- para que completen los dos atestados entregados el pasado año al juzgado.

Como ya ha informado este diario, el marido de la directora de la Guardia Civil ha contratado los servicios de un acreditado despacho de abogados penalistas de Sevilla, que trabaja en la redacción de un escrito con el que tratarán de combatir las apreciaciones formuladas por la Policía antes de que el juez pueda llamar a los ex altos cargos de la Junta señalados por la UDEF en su informe como conocedores de las presuntas irregularidades.