El Parlament constituye este viernes la ponencia redactora de la reforma del reglamento de la Cámara. Una reforma que tiene, como objetivo prioritario, eliminar el artículo 25.4 que fuerza la dimisión de cualquier diputado ante la apertura de juicio oral por delitos de corrupción. La diputada con más visos de pasar por ese trance en los próximos meses no es otra que la presidenta de la cámara, Laura Borràs.

Borràs está investigada por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental por presuntamente fragmentar contratos para beneficiar a un amigo suyo mientras estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Un proceso que se ha alargado en el tiempo por los cambios de jurisdicción a los que ha llevado su paso por la Consejería de Cultura, el Congreso de los Diputados y ahora el Parlament.

Una de sus primeras decisiones cuando llegó a la presidencia de la cámara fue solicitar un informe sobre una eventual reforma del reglamento del Parlament, supuestamente para reforzar la posición de la cámara catalana en casos como el de la inhabilitación de Quim Torra. En la práctica, el informe elaborado ad hoc entraba de pleno en los intereses de Borràs.

Suspender a los diputados acusados de corrupción

Así, el informe defiende la supresión del artículo 25.4 alegando que "no tiene ningún precedente ni referente en nuestro derecho parlamentario". Señalan los letrados que ese artículo "contempla una causa de suspensión del ejercicio de un derecho fundamental (el de participación política) que presenta serias dudas de constitucionalidad respecto a la presunción de inocencia, que también es un derecho fundamental".

En ese informe también desaparece otra referencia que podría perjudicar a Borràs, la que mantiene que los diputados pueden ser suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios "si es firme el auto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el pleno del Parlament lo acuerda por mayoría absoluta, dada la naturaleza de los hechos imputados".

La propuesta registrada ahora por PSC, ERC, JxCat y la CUP señala la necesidad de "permanente adecuación a las circunstancias actuales y las que puedan ir surgiendo" del reglamento de la cámara. Y se ampara en la última polémica centrada en el reglamento, que no se refiere al futuro de Borràs, sino a la contradicción entre esta norma y las disposiciones de la Ley electoral que han servido para forzar el cese de diputados inhabilitados por desobediencia.

De Torra a Reguant

El más reciente ha sido el cese del diputado de la CUP Pau Juvillà, pero no ha sido el único. El primer choque llegó con la inhabilitación del es president Quim Torra, por desobediencia a la Junta Electoral al negarse a retirar la pancarta en defensa de los líderes del 1-O del Palau de la Generalitat.

Y en el horizonte próximo se prevé también una situación similar para la portavoz de la CUP, Eulalia Regüant, pendiente de juicio por desobediencia al Tribunal Supremo durante el juicio del procés.

La iniciativa llega después de que en octubre la Mesa del Parlament decidiera que correspondía a los grupos parlamentarios recoger la propuesta de reforma del reglamento de la Cámara que planteaban los servicios jurídicos.