El Gobierno reconoce que sigue sin recuperar casi 9,8 millones de euros que adelantó en compras de material de protección frente a la covid-19 y que resultaron fallidas al incumplir los proveedores las condiciones firmadas en su momento. El 60 % de ese dinero trata de recaudarlo ahora la Agencia Tributaria por la vía ejecutiva, al haber expirado el periodo voluntario de pago y no haber devuelto los contratistas las cantidades que se les reclaman.

Según ha podido conocer El Independiente, la cuantía pendiente de devolución asciende en este momento a 9.791.513,80 euros, de los que 5.954.881,84 euros se encuentran en fase ejecutiva y 3.836.631,96 euros en voluntaria. Alguno de los contratos cuyo desembolso trata de recuperar ahora la Administración General del Estado hace casi 23 meses que se rescindieron.

El Ministerio de Sanidad ha tramitado un total de 16 expedientes de reintegro por operaciones de compra de material para luchar contra el coronavirus que suman 99.841.633,21 euros, por lo que la cuantía pendiente de devolución representa el 9,8 %. Expresado en otras palabras, el departamento que dirige Carolina Darias ha recuperado 90.050.119,41 euros.

El montante de los contratos rescindidos o en vía de resolución ha aumentado de forma notable en los últimos ocho meses. En respuesta a una pregunta parlamentaria, fechada el pasado 21 de junio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez cifró en 50.245.168,30 euros el total de los encargos que se habían anulado. Entonces estaba pendiente de devolución 7.053.185,29 euros, un 38,8 % menos de la última cifra reconocida por el Gobierno (9.791.513,80 euros).

Una de las empresas a las que Sanidad viene reclamando sin éxito el dinero desde hace casi dos años es Hyperin Grupo Empresarial SL, con sede en Madrid y cuyo objeto social es la "fabricación de elementos de yeso para la construcción". Precisamente no dedicarse a la distribución de productos sanitarios es uno de los reproches que el grupo del PSOE en la Asamblea de Madrid formula en la denuncia presentada el pasado 18 de febrero ante la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid hizo a Priviet Sportive SL, una compañía que pagó 55.850 euros (más IVA) a un hermano de Isabel Díaz Ayuso por las gestiones realizadas para conseguir en China el material sanitario (mascarillas FFP2-3) y su posterior traslado a Madrid.

Respiradores comprados a un fabricante de yeso

El encargo a Hyperin Grupo Empresarial se formalizó en la primera ola de la pandemia. El 24 de marzo de 2020, la Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia -dependiente del Ministerio de Sanidad- le adjudicó el suministro de 144 dispositivos de ventilación mecánica invasiva del modelo Vivo-65, una versión que el fabricante estadounidense de origen sueco Breas lanzó en 2017. El pedido se cerró en 3.310.560 euros (incluidos los 574.560 euros de IVA), cantidad que el ministerio adelantó en su totalidad el 25 de marzo a través de transferencia.

El 2 de abril de 2020, el administrador de Hyperin se dirigió a Sanidad para comunicarle que no podía suministrarle el modelo propuesto, al tiempo que planteaba como alternativa otro tipo de respirador: el Avante MVP, del fabricante estadounidense Avante Health Solutions. El departamento dirigido entonces por Salvador Illa rechazó esa alternativa por no reunir los dispositivos propuestos "las condiciones y requerimientos exigidos", lo que llevó a Hyperin el 7 de abril a renunciar al contrato y a solicitar que le facilitaran un número de cuenta para proceder a la devolución del dinero.

En respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la transparencia, la Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia reconoció el pasado 8 de febrero que la empresa sigue sin reintegrar 1.801.481,74 euros (el 54,4 % del total) y que había pasado las actuaciones a la Agencia Tributaria para que pusiera en marcha el correspondiente expediente de recaudación ejecutiva. El plazo para la devolución del dinero en vía voluntaria expiró 5 de julio de 2020 y, en ese margen, la compañía sólo había reintegrado 1,5 millones.

Otros encargos fallidos han sido los firmados con la barcelonesa Member of the Tribe SLU, a la que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) -uno de los dos organismos a través de los que el Ministerio de Sanidad canalizó las compras del material contra la covid-19- le adjudicó dos contratos de emergencia durante el primer semestre de 2020 por un importe conjunto de 9,44 millones de euros.

Sanidad ha tramitado 16 expedientes de reintegro por 99,84 millones de euros, de los que sigue sin recuperar el 9,8%

El primero se firmó el 14 de mayo de 2020 y consistió en el suministro de 52 millones de guantes de nitrilo de varias tallas por 5.564.000 euros, lo que arrojaba un precio unitario de 0,107 euros. La compañía incumplió los plazos de entrega -10 días naturales- y Sanidad comenzó los trámites para resolver el contrato, del que había adelantado el 30 % del dinero (1.669.200 euros). Para ello ha requerido un dictamen al Consejo de Estado, que avaló el pasado 6 de mayo la rescisión del contrato.

El 1 de junio de 2020, el INGESA volvió a recurrir a esta empresa catalana -constituida en abril de 2019 y cuyo objeto social es el "diseño, fabricación, importación, exportación y comercialización de prendas de vestir y accesorios"- para que le proporcionara 40 millones de guantes por 3.880.000 euros (0,097 euros por unidad). El fiasco del primer encargo propició que se suspendiera este segundo contrato.

Como ha informado este diario, Member of the Tribe interpuso una querella contra el fabricante turco (Mannesmann Medical) que debía producir los 52 millones de guantes de nitrilo, al que responsabiliza del incumplimiento y de haberse quedado con el dinero. Esa acción ha recaído en el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona y en ella se ha personado Sanidad como perjudicado.

Gel desinfectante sin certificación

El ministerio a cuyo frente se encuentra Carolina Darias también mantiene un contencioso con uno de los proveedores chinos a los que recurrió al inicio de la pandemia. Se trata de Shandong Liangfu Pharmaceuticals Co. Ltd., a la que el INGESA encargó el 26 de marzo de 2020 el suministro de 260.000 envases de gel desinfectante -125.000 de medio litro, 125.000 de un cuarto de litro y 10.000 de 50 mililitros- por 1.020.885,29 euros (impuestos, tasas y aranceles incluidos). 

Sanidad no dio por buena la mercancía, dado que no contaba con la certificación que el contratista decía tener cuando se firmó la operación. Sólo llegaron 55.080 botes (el 21,18 % del total), almacenados en las instalaciones de la empresa transitaria DSV Air & Sea SAU -a la que ha habido que abonar 291.108,30 euros por el depósito- hasta que se aclaren las discrepancias contractuales con Shandong Liangfu Pharmaceuticals.