La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado que recurrirá ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el nuevo Código de Conducta al entender que no existe "habilitación legal" alguna para regularlo y por que tiene una incidencia directa en ámbitos de la actividad privada y personal de los agentes. El texto ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor a finales de mes.

El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado viernes al real decreto por el que se aprueba el Código de Conducta de la Guardia Civil, concebido por el Ministerio del Interior como "una guía que define los valores, los principios y las normas de comportamiento que han de regir la actuación de los miembros del Cuerpo". Su antecedente es la célebre ‘Cartilla’, que, aprobada el 20 de diciembre de 1845, estableció por primera vez cómo debían comportarse los integrantes del Instituto Armado.

Desde el inicio de los trabajos hace más de un año, la AUGC viene mostrándose radicalmente en contra de la aprobación de un Código de Conducta, como demuestra la formulación de un voto particular al informe presentado en el pleno que el Consejo de la Guardia Civil celebró el 23 de marzo de 2021. El texto final ha modificado la redacción de algunos artículos respecto al borrador inicial, pero no ha logrado la unanimidad plena.

De entrada, esta asociación considera que no se sustenta en mandato legal alguno y que el ordenamiento vigente ya fija cómo deben actuar los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones, en alusión a los artículos 6 y 7 de la Ley de régimen del personal de la Guardia Civil. En este sentido, la AUGC sostiene que el documento que se ha aprobado no viene a desarrollar las reglas esenciales -las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y el código de conducta de los empleados públicos- con las adaptaciones derivadas de la condición militar de los integrantes del Cuerpo sino que "trasciende" y llega a "confrontar" con dicho marco.

"Honor" y "espíritu"

También interpretan que la nueva norma incide directamente en ámbitos de la actividad privada y personal de los guardias civiles. "Es una intromisión en la esfera personal. Ya no sólo dice cómo tienes que trabajar sino cómo tienes que comportarte en tu vida diaria", critica el secretario de Asuntos Jurídicos de la AUGC, Eugenio Nemiña. Éste llama la atención sobre el hecho de que se emplee en el texto seis veces la palabra "honor", 12 el término "espíritu" y que se deslicen numerosos conceptos jurídicos indeterminados.

Nemiña interpreta que las normas de conducta referidas estrictamente a la prestación del servicio abarcan desde el artículo 33 hasta el final (50), por lo que entiende que los preceptos anteriores se podrían aplicar también al plano personal. En este sentido, pone como ejemplo el desarrollado en el punto 29, que dice textualmente: "Serán conscientes del impacto que sus actuaciones pueden tener en los ámbitos económico, social y medioambiental...".

El Código de Conducta obliga a las asociaciones profesionales a impulsarlo aunque estén en contra

"Nos parece exagerado que se incluya esto en un código de conducta de nuestro comportamiento como guardias civiles", indica el representante de la AUGC. Como se detalla en el artículo 27.3, la nueva norma también obliga a los agentes a ser "prudentes" en el uso privado de las tecnologías de la información y las comunicaciones a fin de evitar que la difusión de un contenido pueda "inducir a error sobre su oficialidad", al tiempo que establece que el guardia civil debe concienciarse de la "necesidad de mantener siempre un buen estado físico y mental para encontrarse en condiciones óptimas para el desarrollo de sus funciones".

Esta organización también combate el artículo 6 -titulado 'Fomento y promoción de la deontología profesional'- por cuanto fija que el contenido del Código de Conducta "servirá de referencia" a las asociaciones de guardias civiles en las actividades sociales que desarrollen en la promoción de la deontología profesional de sus asociados. "Nos están obligando a impulsar este Código de Conducta. ¿Y si estamos en contra?", plantea en voz alta Nemiña.

A juicio de la AUGC, esa regulación "invade un espacio propio y exclusivo" de las organizaciones que defienden los derechos de los funcionarios del Cuerpo y que está vedado a la intervención del Estado, al tratarse de un área de autorregulación como elemento clave del derecho fundamental de asociación.

La AUGC es la primera asociación que ha anunciado públicamente su intención de recurrir esta norma ante el Tribunal Supremo. Otras organizaciones aseguran que lo están estudiando, caso de Jucil -mayoritaria en el Cuerpo desde las elecciones al Consejo de la Guardia Civil celebradas el pasado mes de octubre- y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).