En las próximas semanas las Cortes de Castilla y León celebrarán una sesión de investidura y Alfonso Fernández Mañueco revalidará el cargo de presidente autonómico. Del mismo modo que el ciclo anterior, lo hará junto a un compañero de viaje y en un trayecto que, salvo sorpresa, durará cuatro años. Está vez será en coalición con Juan García-Gallardo y Vox, que, por primera vez en su historia tocará poder y podrá "ejecutar" su programa; algo que, desde la cúpula del partido, el presidente Santiago Abascal y sus allegados marcaban como determinante para el acuerdo.

Con todo, y pese a esas exigencias de respeto para que Mañueco les concediese "un trato similar" al dado a su antiguo socio Ciudadanos, Vox ha tenido que moderar sus peticiones. Porque los 32 puntos programáticos aprobados en el documento de gobierno, bien podrían pasar por la hoja de ruta de cualquier partido conservador europeo. Incluido del PP en solitario.

Ahí está la controversia. Las horas previas a la sesión constitutiva de las Cortes, Mañueco lamentaba que Vox mantuviese una actitud inmovilista. Daba a conocer que, tanto él como su equipo negociador, "había cedido" en sus pretensiones "para propiciar el entendimiento" por el bien de la región. Sin embargo, Vox no lo hacía "nada". Por su parte, el candidato designado por Abascal para los comicios le invitaba a "rectificar" y a "aceptar" las condiciones marcadas por Vox". Sin paliativos.

Pero, publicado el programa final, resulta difícil entender el por qué de tal dilatación en el tiempo de los plazos de diálogo entre PP y Vox, si no ha sido por una rebaja de las exigencias políticas por parte de García-Gallardo y los suyos. De no ser así, no tendría cabida apurar tanto los plazos y entablar un convenio minutos antes de arrancar la decimoprimera legislatura.

Es cierto que, sobre el papel, Vox incorpora una medida polémica en materia de violencia de género como es el desarrollo de una Ley de Violencia Intrafamiliar, pero es algo a lo que el PP ya se le dio salida para ganarse los apoyos externos de la derecha radical en Andalucía; un paso ya dado. Pero el grueso del programa son generalidades que cualquier partido podría adoptar, porque no detalla las vías para conseguirlo: mejora de la calidad del empleo; respaldo a las pyme; modernización del tejido económico; apoyo al turismo y a la hostelería; defensa del patrimonio cultural y natural; equilibrio territorial mediante la inversión y la mejora de la Administración para darle fluidez.

La incógnita: el organigrama

Ni Mañueco ni García-Gallardo han detallado cómo será el reparto y la estructura del futuro Consejo de Gobierno. Es algo, dicen, en lo que trabajarán en los próximos días. En lo que sí han coincidido en que será "una coalición sólida, estable, fuerte y duradera". así como una garantía "que ofrece estabilidad para toda la legislatura".

Atendiendo a las líneas programáticas marcadas en el texto, queda reflejado que los principales puntos de consenso entre los populares y Vox tienen que ver con el ámbito rural, el sector primario o los servicios sociales. Son numerosas las referencias a la agricultura, la ganadería y la despoblación; también a la familia. De igual modo, así lo fue durante la campaña electoral bajo el lema Siembra.

Esto, podría ser una declaración de intenciones de las competencias que García-Gallardo querría sumar a la vicepresidencia de las Cortes y a la del propio Ejecutivo que ya están garantizadas. Los departamentos que más se ajustarían a este ámbito de acción son los de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y el de Familia e Igualdad de Oportunidades. Quedaría otra en el aire más difícil de estimar.

"Una triste sorpresa"

El Partido Popular Europeo (PPE) mira con temor el pacto fraguado por uno de sus miembros más importantes. Mientras Mañueco y García-Gallardo estampaban su rúbrica en la última de las cuatro hojas del acuerdo, París acogía la Cumbre de la familia popular, con la representación española del todavía presidente Pablo Casado.

En el cónclave conservador, el jefe del PPE europeo Donald Tusk ha afirmado que el gobierno de coalición de Castilla y León le sugiere "una triste sorpresa". "A fin de cuentas es una capitulación. Espero que sea solo un incidente o un accidente, y no una tendencia en la política española", ha añadido.

El expresidente de Polonia y del Consejo Europeo ha resaltado que Casado "era la garantía personal a la hora de asegurar que el PP estaba en el centroderecha y de evitar este tipo de coqueteos con los radicales, con movimientos de extrema derecha como Vox". Así, al menos, se lo habría trasladado el español.

El PPE no quiere que otro integrante más, de los que compone la organización, termine expulsado por virar hacia postulados populistas como ha ocurrido en Hungría en los últimos años: el primer ministro Viktor Orbán y su partido Fidezs han pasado de posiciones centristas y liberales, a planteamientos radicales que los han convertido en referentes de la causa ultra.