El Gobierno reconoce que no existe aún calendario de trabajo para llevar a cabo la evaluación independiente de su gestión de la pandemia, un compromiso anunciado a finales de 2020 por la presión de la comunidad científica y que debería haberse sustanciado a finales del pasado mes de enero en la emisión de un informe final. "El cronograma se establecerá en unas pocas semanas", asegura el Ministerio de Sanidad.

Dos años después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) otorgara la condición de enfermedad pandémica a la covid-19, cuando se contabilizaban 118.000 casos en 114 países y tan sólo habían fallecido 4.291 personas, el único paso importante que se ha dado ha sido la constitución del grupo de especialistas que tendrá que analizar la actuación del Ejecutivo. Cuándo emitirán su dictamen es una incógnita en este momento.

En una carta publicada en la revista The Lancet el 7 de agosto de 2020, una veintena de prestigiosos epidemiólogos y especialistas en salud pública españoles demandaron que un panel de expertos internacionales y nacionales llevara a cabo una "evaluación independiente e imparcial" de la gestión de la crisis sanitaria no como un mecanismo para "distribuir la culpa" sino para identificar las áreas del sistema público en las que se debían adoptar mejoras. En esas fechas, España era el octavo país del mundo por fallecidos por covid-19: más de 28.500 compatriotas habían perdido la vida por el virus.

Entre los firmantes de aquel escrito se encontraban Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa; Rafael Bengoa, ex consejero de Salud vasco y asesor de la reforma sanitaria del presidente de Estados Unidos Barack Obama; Carme Borrell, gerente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona; Daniel Prieto-Alhambra, farmacoepidemiólogo de la Universidad de Oxford (Reino Unido), y Carles Muntaner, profesor e investigador de la Universidad de Toronto (Canadá).

A juicio de estos especialistas, ese chequeo -tanto a la actuación del Ejecutivo central como de los 17 gobiernos autonómicos- era 'urgente' e inaplazable. Cuando plantearon la iniciativa, España había salido ya de la dramática primera ola y no se había entrado en la segunda, a la que han sucedido hasta ahora cuatro más. "Se necesita una evaluación integral de los sistemas de salud y atención social para preparar al país para nuevas oleadas de covid-19 o futuras pandemias, identificando debilidades y fortalezas, y lecciones aprendidas", razonaban en la carta.

Octubre de 2020: se crea el "marco"

Esa reclamación tuvo una gran repercusión mediática y surtió efecto. El 7 de octubre de 2020, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas -en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud- acordaron la creación de un grupo de trabajo que definiría el "marco" para realizar una evaluación independiente de la gestión. "La evaluación de las actuaciones realizadas por parte de las distintas autoridades sanitarias durante la pandemia, así como de las fortalezas y debilidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) al inicio de ésta, permitirán adoptar las decisiones conjuntas que correspondan para reforzar la vigilancia epidemiológica, los servicios de salud pública y el conjunto del sistema asistencial", informó en una nota el departamento entonces liderado por Salvador Illa.

El grupo de trabajo del marco de evaluación independiente del desempeño del SNS frente a la pandemia analizó qué candidatos podrían integrar el equipo de planificación, teniendo en cuenta cuatro criterios: género, perfil experimentado, área de conocimiento y que no hubieran desempeñado responsabilidades de gestión directiva directa durante la crisis sanitaria.

El informe final debería haber estado listo a finales de enero, cuatro meses después de que se constituyera el grupo de cuatro expertos

Las cuatro personas más votadas en dicho proceso fueron Rosa María Urbanos Garrido, profesora titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid; Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid; Carmen Pérez Romero, profesora del área de Gestión de Servicios y Profesionales de la Salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y Xurxo Hervada Vidal, ex subdirector general de Información sobre Salud y Epidemiología de la Xunta de Galicia. Los cuatro aceptaron el encargo y quedaron formalmente designados durante la reunión que el consejo interterritorial celebró el pasado 22 de septiembre.

El informe que se acordó el 2 de diciembre de 2020 con el marco de trabajo fijó en "un plazo aproximado de cuatro meses" el tiempo que se requeriría "para el desarrollo de todo el proceso y la entrega" del documento final. Ese margen empezaría a contar "una vez conformado el equipo de planificación y coordinación de la evaluación", por lo que -de haberse cumplido esa previsión y teniendo en cuenta cuándo se creó el grupo evaluador- el dictamen se tendría que haber emitido a finales de enero.

Ha transcurrido un mes y medio desde esa fecha y no es que no se conozca cuándo se tendrá el informe final sino que no existe todavía ni calendario de trabajo, como ha reconocido el ministerio. "La fecha aproximada se determinará con el equipo en el cronograma que se establecerá en unas pocas semanas", ha indicado la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, en respuesta a una solicitud de información tramitada por este redactor a través del Portal de la Transparencia.

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El Independiente ha hablado esta semana con uno de los integrantes del grupo que realizará la evaluación. El especialista excusó hacer declaraciones al haberse delegado la comunicación en el ministerio, según precisó. En cualquier caso, aseguró que ellos empezaron a trabajar internamente desde el momento en que fuera designados para llevar a cabo esta labor hace casi seis meses.

Según se detallaba en el informe que Sanidad entregó a los consejeros autonómicos en diciembre de 2020, de cuyo contenido informó Vozpopuli, el equipo tendría que diseñar la metodología, el plan de trabajo y las herramientas de evaluación; establecer recomendaciones y finalmente presentar los resultados al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud antes de que se le diera difusión pública.

Propuesta de recomendaciones

Estos expertos podrían contar con una "secretaría técnica" que le diera soporte para preparar la información que pudieran necesitar o "cualquier otra tarea de apoyo técnico o administrativo". Sanidad y las comunidades y ciudades autónomas se comprometieron también a poner a disposición de aquéllos a técnicos que les pudieran brindar ayuda logística "o de otro tipo" en pos del "buen desarrollo del proyecto de evaluación".

De mantenerse la metodología diseñada inicialmente, la labor de los evaluadores se desarrollará en tres etapas: planificación y preparación; trabajo de campo, y elaboración del informe y propuesta de recomendaciones. El documento final "debe resumir los métodos, resultados y conclusiones de la evaluación con resúmenes de buenas prácticas y lecciones aprendidas, desafíos y factores contribuyentes y facilitadores que son clave para superar dichos desafíos e institucionalizar las mejoras prácticas".

El compromiso asumido por el entonces ministro Illa era no sólo que las conclusiones fueran presentadas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el órgano de cogobernanza que acordó la constitución de un grupo de trabajo para llevar a cabo la evaluación. "Deben ser públicos para que puedan ser consultados por la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil", indica el citado informe. Año y medio después de que los científicos propusieran la realización de un evaluación de los sistemas de salud y atención social integral e independiente se siguen esperando los resultados.