El juez que investiga a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya por presunta prevaricación en las gestiones de la entrada en España del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, para ser atendido por coronavirus sospecha que el Ministerio del Interior ocultó a la Audiencia Nacional -donde el líder polisario tenía causas abiertas- su presencia en nuestro país.

El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, reconoce que el "proceso deductivo" al que llega en su último auto -por el que mantiene imputada a González Laya pero desimputa a su jefe de Gabinete, Camilo Villarino- es "insuficiente para una prueba indiciaria pues los hechos básicos o indicios, normalmente, han de ser múltiples".

Aun así, en la resolución con la que desestima la petición de la Abogacía del Estado de archivar la causa para González Laya apunta hacia una actitud presuntamente prevaricadora no sólo de Interior, sino también de los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa que -considera el instructor- sólo pudo estar coordinada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Pues bien, promovida la cuestión por la titular de Asuntos Exteriores tras recibir una llamada desde Argelia, la decisión última correspondía al Presidente del Gobierno, sabiendo los Ministros de Interior y de Defensa que por tal decisión habían de comunicar a determinadas Autoridades y funcionarios de sus departamentos que siguieran las instrucciones que diera Camilo Villarino sobre este particular", razona el juez en la resolución.

"Lo trascendente a efectos de la prevaricación"

Basándose en la declaración del desimputado Villarino, el instructor recoge que, una vez comenzó a publicarse en medios que Ghali había entrado en España (siempre según la declaración del jefe de Gabinete de Exteriores) "la Directora de Gabinete del Ministerio de Interior, Susana Crisóstomo, telefoneó a Camilo Villarino el viernes 23 de abril de 2021 y le dijo que, conforme le había indicado previamente el Ministro de Interior, se iba a comunicar a la Audiencia Nacional la presencia de Ghali en España en función de las causas que tenía abiertas, pues había una resolución en tal sentido dictada por el titular de uno de los Juzgados Centrales de Instrucción [Santiago Pedraz] y así se lo había informado al Ministerio la Policía Judicial. El Director de Gabinete de Exteriores mostró su absoluta conformidad con lo expuesto. No obstante, ni en esos días se dictó resolución alguna en tal sentido, ni se comunicó del 18 al 23 de abril nada por la Policía Judicial a nadie del Ministerio de Interior según contestación dada a este Juzgado por la Comisaría General de Policía Judicial el 16 de diciembre de 2.021", repara.

Para Lasala, precisamente "lo realmente trascendente a los efectos de la prevaricación es aclarar si se decidió asistir a Brahim Ghali y permitir su acceso a España a sabiendas de que estaba interesada su declaración como investigado en dos causas penales e intentada su localización en varias ocasiones, acordando no comunicar nada al Juzgado Central de Instrucción, asegurando igualmente las condiciones necesarias para que nadie lo pudiera hacer. Es este segundo acuerdo y no el primero el que sería prevaricador, el de obviar, desechar o relegar la actuación de la Justicia", insiste.

Descartando contar en este momento con prueba indiciaria suficiente para achacar una actitud prevaricadora a los titulares de los tres ministerios mencionados y al presidente del Gobierno, el instructor mantiene, de momento, a la ex ministra González Laya como investigada.

En su auto, el juez reconoce que "las gestiones indicadas en este relato reflejan la buena voluntad de quien decide ayudar al enfermo y una actitud humanamente irreprochable. Es cierto que podría objetarse que si no fuera un líder político ni siquiera se hubiera pedido la ayuda", traslada, pero ve que la debe continuar investigando la decisión de ocultar a la Audiencia Nacional, donde Ghali tenía causas abiertas, su presencia en el país.