El Ministerio del Interior exige ya a sus proveedores la presentación de un plan específico que detalle las políticas de igualdad en relación con la ejecución del contrato adjudicado a fin de constatar que no existe discriminación entre hombres y mujeres. No aportar dicho documento puede conllevar la imposición de una penalización económica de hasta el 10 % del importe del encargo.
La exigencia de un plan de igualdad se ha incluido como "condición especial de ejecución" en el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha regulado el concurso por el que la Dirección General de Tráfico (DGT) sacó a licitación a finales del pasado año la compra y suministro de sendos lotes de chalecos antibalas para uso interno y fundas de uso externo para el personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. El contrato se ha formalizado con la empresa madrileña Fábrica Española de Confecciones SA -la única que presentó oferta- por 3.259.135 euros.
En concreto, el punto 17 del pliego enumera algunas de las cuestiones en material laboral que ha de detallar por escrito el contratista: "El adjudicatario deberá diseñar y aplicar en la ejecución del contrato un plan de igualdad específico que detalle las políticas de igualdad de la empresa en relación con la ejecución del contrato en cuanto al acceso al empleo, clasificación profesional, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral, u otras".
El requisito no es a título de inventario, al menos sobre el papel. El retraso o no presentación del citado documento podrá comportar una penalización económica, que, graduada en función del tiempo que tarde el contratista en aportarlo, oscila entre el 2,5 y el 10 % del precio del contrato. La Dirección General de Tráfico también se reserva la facultad de sancionar la "incorrecta aplicación" del plan de igualdad, en ese caso con un 2,5 %.
"Se ha optado por esta condición especial de ejecución del contrato de carácter social de igualdad entre hombres y mujeres al constituir ésta un principio universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este marco es claro que este principio debe estar presente en la acción de la Administración Pública", expone el Mando de Operaciones Territoriales de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la memoria justificativa.
"Igualdad efectiva de hombres y mujeres"
Interior considera que la exigencia de dicho plan de igualdad "no es directa o indirectamente discriminatoria" por cuanto cualquier operador está en condiciones de cumplirla, al tiempo que defiende que es compatible tanto con el derecho de la Unión Europea como con la Ley de contratos del sector público. Esta norma, en su artículo 202, faculta a la administración a establecer condiciones especiales de ejecución de carácter social, ético o medioambiental, entre ellas "eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer" en el mercado laboral favoreciendo la aplicación de medidas que lo remedien.
Desde su llegada al cargo, el ministro Grande-Marlaska viene abogando por la adopción de medidas que permitan avanzar en la "igualdad efectiva de hombres y mujeres en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", tanto en la presencia de féminas -en la Guardia Civil representa en torno al 8 %- como en el acceso a los puestos de mayor responsabilidad. Ese objetivo inspira su decisión de empezar a exigir planes de igualdad a los proveedores.
El contrato adjudicado a la empresa Fábrica Española de Confecciones supondrá el suministro de 5.561 chalecos antibalas a los agentes de Tráfico antes de finales de agosto: el acuerdo está fechado el 4 de marzo y el plazo de ejecución es de cinco meses. El número de unidades es ligeramente superior a las previstas inicialmente (5.252) al ofertar el proveedor un precio unitario inferior al tipo de salida fijado por la DGT: 424,99 frente a 450 euros. El presupuesto se ha mantenido inamovible.
El adjudicatario ha de demostrar que no discrimina a la mujer en beneficio del hombre al ejecutar el contrato público
La Agrupación de Tráfico ha justificado la conveniencia de llevar a cabo esta compra ante la necesidad de reforzar la seguridad de los agentes, expuestos a respuestas agresivas por parte conductores en el desarrollo de sus labores de verificación en las carreteras del país. "Estas reacciones violentas, hasta hace poco relativamente infrecuentes, en los últimos años se vienen produciendo con cierta frecuencia y con tendencia a aumentar; reacciones violentas que por otra parte han llegado a suponer agresiones tanto con armas de fuego como con artefactos cortantes o punzantes, llegando a producirse el fallecimiento de guardias civiles de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en el desempeño de su servicio", razona.
Estos agentes también son requeridos en ocasiones para colaborar en dispositivos de seguridad sin cobertura de otras unidades, lo que aconseja que se ponga a su disposición equipos de protección individual que les permitan repeler eventuales agresiones de arma de fuego o de artefactos punzantes o cortantes.
El chaleco antibalas de uso interno demandado por la Guardia Civil cubre pecho y espalda, protegiendo el 85 % de la superficie del tórax. Incluye un panel balístico formado por un conjunto de fibras sintéticas orgánicas e inorgánicas de alta resistencia -fabricadas necesariamente de una sola pieza- con un espesor máximo de seis milímetros, oscilando el peso máximo entre los 2.205 gramos de la talla 'S' y los 2.310 de la 'MB'.
Según se detalla en las exigencias técnicas que reguló el procedimiento de contratación, la prenda debe ser capaz de resistir el impacto de proyectiles semiblindados punta de plomo calibre 357 magnum y nueve milímetros parabellum, tanto de proyectil blindado con envuelta bimetálica como de proyectil encapsulado monobloque.
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