La falta de claridad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre qué medidas tomará para bajar la factura energética a los ciudadanos y paliar la crisis de precios que afecta a la economía española, ha conseguido unir a la derecha española en torno a la crítica. El líder del Ejecutivo ha resaltado el interés de solventar el problema en el menor plazo posible, pero no parece que eso vaya a ser de inmediato, dado que Sánchez quiere adoptar medidas conjuntas con el resto de miembros de la Unión Europea. Eso llevaría a la inacción hasta finales de marzo, en el último consejo de Ministros y tras la gira europea que hará por ocho países comunitarios y el Consejo Europeo de la próxima semana.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados ha manifestado que, tras la ronda de consultas iniciada este martes por el ministro de la Presidencia y la Relación con las Cortes con los grupos parlamentarios, "no se han cubierto las expectativas". Cuca Gamarra ha trasladado a Félix Bolaños planteamientos "puntuales" como "la bajada de los combustibles y del IVA al tipo superreducido del 4%", junto "al recorte del impuesto especial". Asimismo, la "necesidad de deflactar el IRPF" y "racionalizar el gasto público".

Fuentes del PP han indicado a El Independiente que en ese encuentro, los representantes del Ejecutivo les han demandado "unidad", algo que ven razonable dada la situación política y económica. Sin embargo, la falta de matices sobre qué garantizaría esa unidad es la que impide un acercamiento. Porque no quieren dar al Gobierno un "cheque en blanco" que no cumpla con los "compromisos" acordados con los españoles.

Los populares han puesto sobre la mesa diversas alternativas planteadas por países europeos como Polonia, Francia, Alemania o la vecina Portugal, pero la única conclusión extraída de las conversaciones es que hay consenso en el objetivo: la bajada del precio del carburante; pero no en el método, porque "hay varias vías", les han dicho.

Mientras el PP encauza la oposición económica a Sánchez por la vía parlamentaria -a excepción de Feijóo, que la usa en términos electorales-, Vox sigue una agenda propia. Las críticas al Gobierno son una constante desde la tribuna y el escaño, pero ésta será combinada con las protestas en la calle. La primera, a título personal y orquestada por el sindicato satélite de los verdes, Solidaridad, el próximo sábado 19.

Eso sí, aunque comparten con los de Génova la bajada de gravámenes en la energía, los de Abascal intentan desplegar los postulados proteccionistas de la denominada Agenda España, aprovechando ese 'repliegue' en cuanto a suministros continentales. Son constantes las apelaciones en contra de la Agenda 2030, a las medidas contra el cambio climático y al fomento del sector primario nacional.

La diferencia con el PP es que Vox hará una oposición al Gobierno más visual que de medidas: Abascal encabezará la manifestación del 19M en Cibeles por la subida general de precios. De ahí su rechazo a integrarse en la ronda de consultas emprendida, para constituirse como referente de oposición más duro.

Un pacto de Estado

Ciudadanos, el eslabón más débil del bloque de centroderecha también se ha sumando a las críticas por la "falta de concreción" del Gobierno respecto a las resoluciones a desarrollar. No obstante, y aunque coinciden con el PP en el incremento de las partidas en Defensa y en la reducción de ministerios para ahorrar costes, los naranjas van más allá y ha propuesto al PSOE y a los conservadores la negociación de un pacto de Estado "para el presente y el futuro de la economía". Éste constaría de tres puntos: un "plan de choque urgente para aliviar el bolsillo de las familias"; "reformas estructurales" de cara al "nuevo escenario energético", y "una política de Estado para un tiempo convulso".

En ese "plan de choque" integraría las demandas populares, pero también quieren que el Ejecutivo fomente la creación de una Mesa Nacional para la Energía. Su finalidad, señalan desde Cs, sería reformar la tarifa regulada "para desligarla del precio diario del mercado mayorista"; "sacar las centrales de gas del pool para abaratar" el precio de la luz; alargar "la vida útil de las centrales nucleares" todavía activas en España; reducir "la dependencia de los combustibles fósiles" y facilitar la inversión en las renovables quitando "trabas burocráticas", e incentivar el "almacenamiento de energía".

Primera fuerza

La 'guerra fría' con el PP responde a los sondeos y al inicio de una nueva etapa, en cuanto a relaciones, por el pacto en Castilla y León. El propio Abascal ha comunicado a El Independiente, en una entrevista reciente, que las encuestas internas de Vox reflejan que "ya hay sorpasso al PP", y que los de Feijóo estarían "en tercera posición real en las encuestas". Esta semana, la empresa demoscópica IMOP Insights ha rebajado esas estimaciones, pero si evidencia que el partido ha escalado posiciones y saca margen electoral a los populares en diecinueve provincias y tres comunidades autónomas.

Andalucía y la Comunidad Valenciana se tiñen completamente de verde, mientras que Castilla-La Mancha queda fragmentada en dos. En Toledo y Guadalajara, Vox obtendría entre el 31 y el 32 por ciento de los sufragios, entre seis y nueve puntos más que el PP. Aumentaría a diez puntos en Murcia y Almería, situándose los de Abascal con un 36% del voto, mientras que en el resto de la provincias de la comunidad andaluza y en Valencia y Castellón, la diferencia entre ambos iría desde uno a nueve puntos.

Desde el PSOE son conscientes de la factibilidad de que Vox ya sea primer partido de la oposición en España, de ahí su interés a mantener réplicas en el parlamento. Porque el del Ejecutivo es un doble juego de intereses: quiere que la derecha radical no acceda a las instituciones, pero fomenta su engorde para construir un contrario electoral que movilice en las urnas a su favor.