El Ministerio del Interior está trasladando temporalmente a policías nacionales desde las comisarías en las que están destinados a oficinas de asilo y refugio para reforzar las plantillas de estas dependencias ante el aluvión de solicitudes de los desplazados ucranianos llegados a España y el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de tramitarlas en un plazo máximo de 24 horas desde que se formulen.
Fuentes policiales han informado a este diario de que numerosos agentes han sido citados en las últimas horas por sus mandos para decirles que prestarán servicio de forma provisional en oficinas de asilo y refugio por el volumen de trabajo que se registra desde la pasada semana ante la llegada a España de mujeres, niños y personas mayores huyendo de la guerra provocada por la invasión de Rusia. Esos funcionarios están adscritos a diversas comisarías locales y ejercen tareas de investigación o policía judicial (entre otras), careciendo de formación específica para desarrollar las nuevas funciones.
Los ministros del Interior (Fernando Grande-Marlaska) e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (José Luis Escrivá) firmaron el pasado 9 de marzo la orden por la que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto en Ucrania. El trámite se puede hacer tanto en las comisarías específicas de la Policía Nacional distribuidas por todo el país como en los centros de recepción habilitados para ello, donde se toman los datos identificativos del solicitante y se le entrega a éste un resguardo acreditativo.
Según se detalla en el artículo 4 de la citada orden, la Oficina de Asilo y Refugio tramitará las peticiones de protección temporal mediante el procedimiento de urgencia, lo que permite acortar los plazos habituales y que la concesión sea inmediata. En concreto, las resoluciones -incluyendo la autorización de residencia y, en el caso de los solicitantes mayores de edad, de trabajo- se dictarán en el plazo máximo de 24 horas desde que se presente y podrán denegarse si se constata que la presencia en el país de ese ciudadano ucraniano puede ser un riesgo para la seguridad nacional.
Jupol pide una felicitación pública para los policías
La Policía ha despachado en menos de una semana varios centenares de solicitud pese a la escasez de personal existente en las oficinas de asilo y refugio y la "falta total de previsión", según denuncian algunos sindicatos. "El Gobierno de España se compromete a realizar este trámite en sólo 24 horas, pero serán los policías, a pesar de la falta de efectivos, los que tengan que dejar sus puestos de trabajo, cambiar sus modalidades de turnos, realizar los desplazamientos fuera de sus comisarías y llevar a cabo esta encomiable labor que otorgará permiso de residencia y de trabajo de forma inmediata a los ucranianos", declara el secretario general de Jupol en Cataluña, Marcos Veiras.
El Cuerpo refuerza las oficinas de asilo y refugio con agentes que ahora hacían labores de investigación o de policía judicial
Esta organización ha pedido ya por escrito que se abone a los funcionarios que realizan estas funciones la dieta completa en vez de media y que se les conceda una felicitación pública por la prestación de este servicio humanitario. "España es el único país de la Unión Europea que lo quiere hacer en 24 horas. Entendemos la circunstancia excepcional y vamos a hacer el esfuerzo, pero la Administración tiene que estar preparada para dar ese paso", añade Veiras.
También la Confederación Española de Policía (CEP) en Barcelona ha pedido a la Jefatura Superior en Cataluña que se dote a los 15 agentes que han sido comisionados en un principio en esta comunidad para reforzarse el servicio de protección a ciudadanos ucranianos con vehículos para los desplazamientos desde sus comisarías al lugar donde prestarán el servicio, que se les abonen dietas durante los días en que se lleve a cabo el dispositivo y que se oferten jornadas extraordinarias para los fines de semana.
Directiva de protección temporal
Con el mecanismo que se ha habilitado, España da cumplimiento al acuerdo alcanzado el pasado 4 de marzo por el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, que, por primera vez en la historia, acordó la aplicación de la Directiva de Protección Temporal ante la afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania. La duración inicial es por un año, prorrogable automáticamente por seis periodos mensuales durante un plazo máximo de un año.
Cuatro días después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó ampliar el ámbito de aplicación, al permitir el acceso a la protección temporal -entre otros- a los ucranios que se encontraban en España en situación irregular antes de que el Kremlin invadiera el país vecino y que no pueden regresar a su país y a los nacionales de terceros países o apátridas que residieran legalmente en Ucrania sobre la base de un permiso de residencia legal válido.
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