La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anula la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona, tramitada bajo la alcaldía de Ada Colau, ha puesto en pie de guerra a los miles de vecinos de la ciudad que en los últimos dos años se han cambiado de coche para poder seguir circulando por la capital catalana. También a los transportistas, taxistas o repartidores que se han visto obligados a sustituir sus vehículos para entrar en la capital catalana en horario laboral.

Según la Memoria de Impacto Económico y Social la ordenanza afectaba al 55% del parque de vehículos censado en Barcelona con los datos del año 2017. Excluye de la circulación en laborables, entre las 7.00 y las 20.00 horas, al 33% de los turismos, 40% de autocares y autobuses; 56% de furgonetas y 59% de camiones.

Así, la restricción, según los datos de la DGT del año 2017, afectó a 31.535 furgonetas y 24.979 camiones. El expediente no da la cifra de turismos afectados, pero sí la de motocicletas: 120.000 motos sin distintivo ambiental.

Indignación contra Ada Colau

"Alucino, ahora, cuando todos nos hemos cambiado el coche, sale esto" se lamenta Gemma. En su caso, la familia tuvo que renunciar a dos coches porque ninguno tenía distintivo ambiental. "Somos los dos autónomos, nos movemos y tuvimos que renunciar a los dos coches, no era un buen momento para comprar un coche, pero tuvimos que mandarlos al desguace y comprar uno de segunda mano".

"¿Ahora qué, ponemos una denuncia a Colau para que nos devuelvan el dinero?" se pregunta. "¿Ha mejorado la contaminación en Barcelona después de entregar los coches al desguace?".

Manel recuerda que se compró un coche nuevo pese a que "el mío funcionaba como un reloj y pasaba las ITV sin defectos porque no tenía etiqueta" tal como exige la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones. "Compré uno nuevo y ahora veo que Colau no tenía derecho a implantar la ZBE. ¡Que me pague el coche nuevo!" exclama.

"Es increíble que al Ayuntamiento le tumben una medida así por un defecto formal, por lo menos que trabajen bien con todo el equipo jurídico que tienen" denuncia Pepe, que cambió su diésel por la ordenanza de la ZBE. "Me pregunto cuántas disposiciones que nos tenemos que comer del Ayuntamiento de Colau son alegales".

El Ayuntamiento seguirá multando

El desconcierto puede ir en aumento en los próximos días si el Ayuntamiento de Barcelona persiste en seguir multando en base a la ordenanza anulada. La ZBE "sigue vigente, es rotundamente falso que acabe esta noche" aseguraba el regidor de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Eloy Badia, tras conocerse la decisión del TSJC.

El Ayuntamiento ha puesto 70.000 multas por saltarse las limitaciones para vehículos contaminantes en Barcelona, de las que 69.145 son expedientes cerrados, es decir, ya pagados. En el primer mes de implantación de la ZBE (enero de 2020) se multaron a 1.500 vehículos.

"La sentencia no es firme y en próximas semanas podemos presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo" añadía Badia. Por contra, Andrei Boar advierte que la ordenanza "está suspendida" con efecto desde la pasada medianoche y "cualquier multa que se imponga a partir de ahora será ilegal".

"Esto va a alargar la inseguridad para las empresas, se necesitarán meses para regular la situación", añade el profesor de la Barcelona School of Managment. Boar se muestra convencido, sin embargo, de que la Zona de Bajas Emisiones se acabará imponiendo, aunque probablemente con más excepciones que las admitidas por el consistorio.

Una de las mayores de Europa

La Zona de Bajas Emisiones de Barcelona es una de las mayores de Europa. Afecta a más de 95 km cuadrados de cinco municipios: Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues y Sant Adrià. Todo el espacio comprendido entre la Ronda de Dalt y la Ronda Litoral.

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Su implantación se aprobó en diciembre de 2019 con el apoyo de Comunes, PSC, ERC y JxCat y la abstención de Cs, PP y Barcelona pel Canvi. Entró en vigor en 2020, pero se aplazaron las sanciones hasta septiembre de ese año por la llegada de las restricciones provocadas por el covid.

La oposición se ceba con Ada Colau

Sin embargo, el varapalo judicial ha dado alas a las críticas de todos los grupos municipales contra Colau. ERC denuncia ahora la falta de informes y documentación que amparara las restricciones, tal como señala el TSJC. El regidor Max Zañartu señala la "falta de rigor" del gobierno local y ve en la sentencia una oportunidad para diseñar una ZBE más "eficiente y equitativa".

JxCat cree que la Zona de Bajas Emisiones es una "chapuza" que debería haberse implantado de forma "más racional y progresiva". Y Valents recuerda que avisó de que era "injusta y desproporcionada para muchos autónomos con coches antiguos".

La líder de Cs en el consistorio, Luz Guilarte, ha reclamado la paralización y la anulación de las sanciones en trámite. Guilarte cree que la sentencia es un auténtico "varapalo judicial" a una ZBE que se puso en marcha "con prisas y sin consenso" con el único objetivo de "seguir alimentando la guerra ideológica contra el vehículo privado".