Antonio José Béjar, ex directivo del BBVA investigado en el caso Villarejo, acusa al banco de haber ocultado al juzgado que instruye el procedimiento "hechos y datos relevantes" para incriminarlo por su supuesta responsabilidad en la contratación de las empresas controladas por el comisario ya retirado (Grupo Cenyt) para la prestación de 'servicios de inteligencia' y de localización de bienes de los deudores morosos de la entidad.

El antiguo responsable de Riesgos y Área Inmobiliaria del BBVA formula este reproche en el escrito presentado este lunes con el que pide al titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que incorpore a las actuaciones dos documentos clave para su defensa y que el banco no había puesto en conocimiento del magistrado entre la abundante documentación que le ha requerido desde el inicio de la investigación.

Entre los más de 100.000 archivos que ha revisado en dependencias de la Audiencia Nacional en "menos de 20 días hábiles", Antonio José Béjar ha hallado dos correos electrónicos relativos a la carta de delegación de facultades a su favor que a finales de 2011 firmó su "superior jerárquico": Juan Asúa Madariaga, entonces director de BBVA para España y Portugal y desde 2018 asesor senior del presidente.

A las 13.15 horas del 17 de octubre de 2011, mientras se llevaban a cabo los trabajos de auditoría interna del banco, Béjar remitió un e-mail a Asúa para que firmara la carta de delegación de facultades que le acompañaba y se la remitiera posteriormente. El correo incluía tres anexos en formato doc titulados 'EyP Delegación curvas', 'EyP Criterios de Determinación' y 'EyP Norma de Delegación'.

A la vista de que no recibía respuesta, el directivo volvió a dirigirse por escrito a su jefe directo, que le contestó a las 18.09 horas del 28 de octubre de dicho año. El asunto del correo llevaba por título 'Ofensiva hipotecas', según se detalla en el escrito presentado ahora al juez que investiga el caso y al que ha tenido acceso este diario.

"Como puede observarse, la carta de delegación se refiere exclusivamente a la capacidad de decidir respecto de la concesión de créditos y préstamos en el ejercicio del negocio del banco. En ningún caso el banco delegó nunca en el Sr. Béjar la contratación o pago de proveedores, lo cual era completamente ajeno a la naturaleza de sus responsabilidades en la entidad", razona Javier Gómez Bermúdez, el abogado que dirige la defensa del ex directivo del BBVA.

El ex directivo Antonio Béjar pide al juez que incorpore al sumario dos correos electrónicos clave para su defensa

Antonio José Béjar muestra su sorpresa por el hecho de que ni el banco ni PriceWaterhouseCoopers (PwC) -firma a la que el BBVA encargó un informe forensic tras desvelar la prensa que durante años había contratado a las empresas del comisario Villarejo- lograran encontrar dichas cartas de delegación de facultades, como el banco contestó al juez cuando éste le requirió los apoderamientos y las cartas de delegación de facultades conferidas a su entonces directivo. "No hemos localizado copia de estos documentos", contestó la entidad financiera.

Béjar insiste en que el BBVA "tenía acceso a los correos" de Juan Asúa -entre los que él ha encontrado los relativos a la delegación de facultades- al haber sido incluido el hoy asesor senior del presidente como 'custodio de la investigación', por lo que llega a la conclusión de que, si no se aportaron en su momento, fue para "cargar sobre él responsabilidades que le son totalmente ajenas".

Desde que fue imputado por la posible comisión de delitos de cohecho activo y revelación de secretos, Béjar viene manteniendo que el banco buscó en él a un "chivo expiatorio" que asumiera las responsabilidades que, "por acción u omisión", le correspondían al BBVA y a sus directivos por la contratación de las empresas de Villarejo. La entidad lo despidió como presidente de Distrito Castellana Norte el 18 de septiembre de 2019, entre otros motivos -asegura- por "haber destruido documentación" en plena investigación interna.

El correo de la asesora jurídica

En concreto, el ex jefe de Riesgos del BBVA fue imputado en julio de 2019, semanas después de que la jefa de la asesoría jurídica, María Jesús Arribas de Paz, le identificara como una de las personas delegadas por el banco para contratar proveedores y pagar las facturas devengadas por los servicios prestados por estos. La abogada contestó así en un correo electrónico enviado el 24 de junio de 2019 al juzgado, que seis días antes había instado al banco a detallar la identidad de la "persona, el órgano o departamento interno que, en cada caso y según las fechas de las facturas emitidas por Cenyt, estaba autorizado o era el responsable de autorizar los pagos al proveedor, de verificar la prestación efectiva del servicio contratado y de grabar las facturas".

Esa versión contrasta con lo que el BBVA admite en el escrito que presentó en el juzgado el pasado 21 de diciembre pidiendo la desestimación del recurso de apelación interpuesto por Béjar contra el auto por el que el instructor García-Castellón rechazó llamar a varios testigos, entre ellos Arribas de Paz. "(...) los presuntos indicios contra el Sr. Béjar no se desmontan por el mero hecho de que no tuviera poderes suficientes para contratar y ordenar o autorizar pagos a empresas del grupo Cenyt…", defendía la entidad. El banco censuraba que su antiguo directivo intentaba "dilatar la instrucción" con la práctica de diligencias inútiles y carentes de justificación.

El ex directivo llama la atención sobre las "fatales consecuencias" que tuvo para él la respuesta inicial de la responsable de la asesoría jurídica, puesto que dio pie a que la Fiscalía Anticorrupción pidiera al juez con una "base falsa" que se le llamara al procedimiento como investigado. "Ni el Sr. Béjar estaba delegado para tales tareas, ni tenía responsabilidad alguna en los procesos relativos a la contratación y pago de proveedores, por mucho que el banco intente convencernos de que lo que ocurrió se encuadraba en procedimientos internos del 'área de compras' que en realidad sólo se aplicaban a las contrataciones que se hacían a través de esa área. Y por mucho que ahora se atreva a afirmar que la intervención del Sr. Béjar no fue formal -porque no tenía poderes- sino material", expone su defensa.

Autorización del "presidente"

El imputado resalta que el área de auditoría interna no detectó en sus 27 años de vinculación con la entidad que hubiera incurrido en un exceso de facultades durante los trabajos de comprobación que llevó a cabo en los departamentos que él dirigió. Y no lo hizo, indica, por el hecho de que la contratación del Grupo Cenyt estaba "debida y perfectamente autorizada" por la persona que tenía plenos poderes en la entidad: "su presidente" (en alusión a Francisco González, también investigado en la causa). "Además de haber sido instrumentada y llevada a cabo por varios directores generales del banco, sin que el hecho de no haberse realizado por el área de compras supusiese incumplimiento alguno, pues fue ordenada por quien tenía facultades para ello", agrega.

En la demanda que interpuso el 16 de octubre de 2019 tras su despido como presidente de la participada Distrito Castellana Norte, Béjar exponía que fue FG quien "personalmente ordenó en el mes de octubre de 2009 la contratación de Cenyt", después de que Kroll International -la firma a la que se le había encargado inicialmente la localización de los bienes que supuestamente ocultaban empresas deudoras del banco- no hubiera confirmado "su tesis". A Villarejo, la puerta del banco se la había abierto Julio Corrochano, ex director de seguridad corporativa y amigo de aquél desde que ambos fueron destinados como policías a la Comisaría Provincial de San Sebastián (1974).

El ex director de Riesgos del BBVA considera que el hallazgo de los dos correos electrónicos cruzados con su antiguo superior jerárquico que pide al juez que incorpore ahora a las actuaciones revela que "no existió una investigación interna como tal" en el seno de la entidad y que "se manipularon y ocultaron al juzgado hechos y datos relevantes", lo que le ha llevado a "tener que soportar un procedimiento judicial de altísimo coste personal y profesional".