La Dirección General de la Policía cuenta ya con un millar de dispositivos electrónicos de control -conocidos popularmente como pistolas ‘Taser’- pero sigue sin sacarlos a la calle a la espera de formar a los agentes que los utilizarán. Este retraso está generando las críticas de los sindicatos del Cuerpo, que no entienden la demora en dotar a los funcionarios de un tipo de arma que consideran idónea como alternativa al fuego real en determinadas situaciones de riesgo.

La Policía Nacional ha recibido este miércoles el tercer lote de inmovilizadores, formado por 400 unidades. En octubre de 2020 le suministraron la primera remesa de 300 y en julio pasado otros 300, con lo que ya ha completado el pedido de mil que en mayo de 2020 encargó a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Nidec SLU y Axon Public Safety Germany SL. El desembolso ha ascendido a 2.099.350 euros (IVA incluido).

Pese a que hace ya casi casi año y medio que llegaron los primeros dispositivos, la ‘Taser’ no se ha incorporado aún al servicio que prestan unidades de seguridad ciudadana como arma disuasoria. En este tiempo, la Policía ha redactado un protocolo con las condiciones de uso y ha formado a más de un centenar de instructores, quienes a su vez serán los encargados adiestrar en su manejo a los integrantes de las plantillas que recibirán esta dotación.

"Nos alegramos de que hayan llegado, pero faltan las videocámaras para que se puedan utilizar. Cada día que pasa sin que se haga entrega de estos inmovilizadores eléctricos a la Policía Nacional aumenta el riesgo para todos", declara a este diario el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Morales. Éste pide que se agilice el proceso de formación de los funcionarios, que se compren las "cámaras suficientes" y que se distribuyan "cuanto antes" los dispositivos.

El reparto de los 150 primeros dispositivos electrónicos de control a las distintas jefaturas no se inició hasta finales de enero, tras el oficio emitido por el Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González Jiménez, el día 25 de dicho mes. Como adelantó El Independiente, a la de Madrid se han asignado 30 unidades, seguida de 18 a la de la Comunidad Valenciana, 17 a la de Andalucía Occidental y 14 a la de Andalucía Oriental.

Reparto por jefaturas

El reparto se completa con el siguiente desglose: nueve a Castilla y León; siete a Aragón; seis a Canarias; cuatro a Galicia y Extremadura; tres a Murcia y Asturias y dos a Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla, quedando fuera Cataluña y el País Vasco -comunidades en las que las competencias en materia de seguridad ciudadana están en manos de sus respectivas policías autonómicas- de este primer envío. Al Grupo Especial de Operaciones (GEO) le han correspondido seis y cinco tanto al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) como a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

De momento, la Policía Nacional ha repartido tan sólo 150 pistolas 'Taser', el mismo número de videocámaras corporales de que dispone. Son las que el contratista ofreció como mejora en su oferta a fin de tener más opciones de resultar adjudicataria, dado que el pliego de condiciones que reguló el concurso -a diferencia de lo que sí ha hecho la Guardia Civil- no incluía este tipo de dispositivos de grabación. Las cámaras se activan automáticamente al inicio de la intervención y puede captar incluso hasta dos minutos antes de que comience la actuación policial, por que las imágenes pueden presentarse como prueba en un proceso judicial al no ser manipulables.

La Policía tan sólo dispone de 150 videocámaras corporales para la grabación de las actuaciones

Cuando el director general de la Policía compareció el 30 de diciembre de 2020 ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu le preguntó que por qué se habían comprado "menos cámaras que pistolas". "Hemos adquirido inicialmente 150, pero no se preocupe su señoría. Va a haber cámara para todo ‘Taser’, para cada inmovilizador eléctrico va a haber ese dispositivo de grabación", le respondió Pardo Piqueras. En la Plataforma de Contratación del Sector Público no consta todavía que se haya publicado el anuncio para la adquisición de nuevos equipos de grabación.

Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que la División Económica y Técnica trabaja ya en la preparación del expediente administrativo con vistas a la licitación del suministro de un millar de cámaras, lo que permitirá igualar el número de dispositivos electrónicos de control. Para una dotación de 1.000 ‘Taser’ sería preciso contar con 2.000 cámaras para tener completamente cubierta una jornada, puesto que éstas tienen una autonomía estimada de 12 horas (se tarda unas seis horas en recargar una batería totalmente agotada). 

El SUP calcula que, "como pronto", los primeros inmovilizadores no estarán operativos hasta el próximo verano. De cumplirse este pronóstico, la Policía Nacional podría estrenar este arma con motivo de la cumbre que la OTAN celebrará en Madrid los días 29 y 30 junio coincidiendo con el 40 aniversario de la adhesión de España a la Alianza Atlántica. 

El pasado mes de abril, el Defensor del Pueblo reclamó en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura una regulación estatal "exhaustiva y detallada" a fin de que se cuente con unas directrices para que todos los cuerpos policiales tengan unos criterios comunes para su utilización, al tiempo que defendió que el uso de este tipo de arma debe limitarse a los casos en los que exista "una amenaza real e inminente para la vida o un riesgo de lesión grave".

Los impulsos generados por este tipo de dispositivo -utilizado ya por otros cuerpos policiales españoles, caso de los Mossos d'Esquadra- interfieren las señales nerviosas que se transmiten al sistema muscular y sensorial para obtener una incapacitación mediante una corriente eléctrica pulsante entre los electrodos durante el tiempo de exposición.

Comunicación a la autoridad judicial

El inmovilizador está diseñado específicamente para actuar sobre personas, reservándose su uso a situaciones en las que haya que reducir, inmovilizar o detener a quien presente una actitud violenta hacia el agente o terceras personas o cuya resistencia activa ponga en riesgo la integridad física del policía o de otros ciudadanos. Igualmente, está prevista su utilización en caso de que una persona ponga en riesgo su propia vida o integridad física, en situaciones de "extrema y urgente necesidad" para evitar "daños inminentes" o cuando se amenace al personal policial o a terceras personas con armas blancas u otros objetos peligrosos.

En cualquier caso, aunque se trate de un disparo fallido, el funcionario tendrá la obligación de comunicarlo a la autoridad judicial mediante la instrucción del correspondiente atestado. En éste se deberá hacer constar los datos técnicos e identificativos del dispositivo, el cartucho utilizado, el resultado de la aplicación, las imágenes grabadas y si la persona implicada ha requerido asistencia médica o no ha querido ser atendido.

Con carácter general, no se podrá hacer uso de este recurso con mujeres embarazadas ni con menores de 14 años, con personas de edad avanzada o de débil salud, en centros penitenciarios salvo en caso de motín o de toma de rehenes, en manifestaciones o concentraciones que congreguen a multitudes y cerca de sustancias y gases inflamables.