Casi la mitad de los funcionarios que integran el Cuerpo de Abogados del Estado se encuentran actualmente en excedencia voluntaria o no ejercen como tal al estar prestando servicios especiales, ya sea ocupando cargos de libre designación en administraciones públicas o dedicándose a la actividad política. De los 15 primeros del escalafón, todos con entre 65 y 71 años, tan sólo ocho permanecen en activo.

Con datos referidos al 14 de marzo, el servicio jurídico del Estado está integrado por 663 letrados, según se detalla en la relación circunstanciada que el Ministerio de Justicia ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Son exactamente 21 más que en 2020 y seis más de los que se contabilizaban hace diez años.

Atendiendo a su situación, 357 de los 663 (el 53,84 %) defienden los intereses jurídicos del Estado en alguno de los más de 120 puestos repartidos por todo el país: ministerios, agencias estatales, órganos jurisdiccionales (como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional), la estructura provincial de la Abogacía del Estado...

Hay 263 funcionarios, sin embargo, que disfrutan en la actualidad de una excedencia voluntaria para ejercer en la iniciativa privada, ocupar puesto en la judicatura o resultar electo en unas elecciones. Todos ellos ingresaron en el prestigioso Cuerpo antes de 2015, teniendo el excedente más joven 34 años (es el 552 del escalafón). La sólida formación de estos profesionales es muy valorada por el mercado, que ofrece retribuciones más elevadas que las que procura el Estado.

Algunos siguen ejerciendo el Derecho pero en bufetes privados. Es el caso de César Albiñana, socio director de CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Se trata del despacho madrileño al que se se incorporó María Dolores de Cospedal tras su breve vuelta a la Abogacía del Estado -concretamente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo- después de dar por terminada su carrera política en noviembre de 2018.

De Cospedal, Sáenz de Santamaría, Pablo Isla...

La ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa solicitó una excedencia voluntaria en junio pasado tras ser citada a declarar como imputada por el juez de la Audiencia Nacional que investiga la operación policial con la que se trató de sustraer la documentación comprometedora para altos cargos de la formación que custodiaba el ex tesorero Luis Bárcenas (caso Kitchen). El instructor sobreseyó provisionalmente las actuaciones para De Cospedal y su marido (Ignacio López del Hierro), si bien la Fiscalía Anticorrupción impugnó esta decisión. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no ha resuelto aún el recurso.

Otros abogados del Estado que trabajan en bufetes son la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría (Cuatrecasas); Rafael Mateu de Ros y Francisco Palá Laguna (Ramón y Cajal Abogados), Leopoldo González-Echenique (Herbert Smith Freehills), Joaquín de Fuentes Bardají (Escalona & De Fuentes Abogados), Lucas Osorio Iturmendi (Hogan Lovells), Luis María Almajano Pablos (Almajano Abogados), Adolfo Menéndez Menéndez (Ontier), José Antonio Caínzos (José Antonio Caínzos LDR), Manuel José Silva Sánchez (Roca Junyent), Álvaro Requeijo Pascua (Álvaro Requeijo Abogados SLP), José Manuel Villar Uribarri (Villar Arregui Abogados), Javier Arraut (Arraut & Asociados), Federico Calabuig (Brugueras, Alcántara & García-Bragado), Tomás González Cueto y Elisa de la Nuez (GC Legal), María Luisa García Blanco (Salama García Blanco SLP), Lourdes Centeno Huerta (EY Abogados), Antonio Vázquez-Guillén (Allen & Overy), Cristina Coto del Valle (Legal Mavens) y Daniel I. Ripley (Uría Menéndez), entre otros.

La Abogacía del Estado cuenta con una plantilla de 663 letrados, de los que tan sólo 357 se encuentran en activo

Otros ejercen en empresas que operan en distintos sectores, como Pablo Isla (presidente ejecutivo de Inditex hasta el próximo 31 de marzo), Pedro Guerrero (Bankinter), Rafael Piqueras (Enagas), Juan Manuel Cendoya (Banco Santander), Elena Otero-Novas (Vodafone), Luis Gimeno (Acerinox), María José García Beato (Banco Sabadell), Juan Carlos Calvo (Urbaser) y Juan Carlos Ureta (Renta 4).

Algunos de los abogados del Estado en excedencia desempeñan cargos en la judicatura, como Luis María Díez-Picazo (Tribunal Supremo) y Miguel Antonio Sampol (Tribunal Europeo). Hay también notarios -casos de José Miguel Lombardía y José María García Urbano, éste último alcalde de la localidad malagueña de Estepona- y varios registradores de la Propiedad, trabajo que ejercen Juan Sarmiento Ramos y Juan José Pretel Serrano.

Junto a los que gozan de excedencia hay otros 43 que tampoco ejercen en la asesoría jurídica del Estado al encontrarse en servicios especiales. De estos, al menos cuatro son cargos electos: Edmundo Bal y Macarena Olona, diputados de Ciudadanos y Vox en el Congreso de los Diputados, respectivamente; Jorge Buxadé (europarlamentario de Vox) y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid por el PP desde 2019.

El jefe de la Casa del Rey

En esta misma situación de servicios especiales se encuentran -entre otros- Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey; Juan Carlos Alfonso, secretario general de AENA; Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio del Interior; Nuria Díaz Abad, vocal de la comisión permanente del CGPJ; María Concepción Ordiz, presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda y Función Pública; Jesús Moreno, secretario general de Mercasa; María del Carmen Tejera, secretaria general de Canal de Isabel II; Luis Banciella, abogado general de la Comunidad de Madrid; Jaime Antonio Serrano, secretario general de Enaire; Joaquim Hortalà, director jurídico adjunto del FROB, y Consuelo Castro, abogada del Estado jefe desde finales de junio de 2018.

Para acceder al servicio jurídico del Estado hay que superar un duro proceso selectivo compuesto por cinco pruebas eliminatorias y con un programa integrado por 465 temas de Derecho del Trabajo, Civil, Hipotecario, Procesal, Mercantil, Constitucional, Administrativo, Hacienda Pública, Penal y Derecho Internacional Público y Comunitario Europeo. La evaluación de conocimientos incluye también dos pruebas de idiomas, una de ellas voluntaria. Convocadas en marzo de 2021, en la actualidad se desarrollan las oposiciones con las que se pretenden cubrir 25 plazas.

El pasado 5 de noviembre, la Subsecretaría del Ministerio de Justicia publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la relación de aprobados en el proceso selectivo que había convocado en diciembre de 2019. En esa ocasión se ofertaron también 25 plazas y se cubrieron 24. Los nuevos funcionarios han sido destinados a Barcelona (5); Alicante, Baleares y Madrid (2), y A Coruña, Asturias, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ceuta, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Lleida, Jaén, Soria y Zamora.