La Fiscalía Europea ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción la investigación abierta por si el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se benefició económicamente de un contrato suscrito entre el Gobierno regional y la empresa Priviet Sportive SL para el suministro de mascarillas durante el coronavirus.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, abrió una investigación preprocesal alrededor del contrato a raíz de las denuncias de PSOE, Más Madrid y Podemos, que pidieron investigar presuntos delitos de corrupción cometidos por funcionarios de la administración regional, apuntando directamente a la presidenta madrileña por el contrato en el que el líder del Partido Popular nacional, Pablo Casado, también vio posibles irregularidades. De hecho, sus manifestaciones públicas al respecto provocaron la guerra interna en la formación que ha terminado apartándole del liderazgo de ésta.

Ahora, la representante de la Fiscalía Europea en España, Concepción Sabadell, ha solicitado las pesquisas abiertas por el fiscal jefe Anticorrupción, según ha avanzado El Mundo y confirman fuentes fiscales a El Independiente, para investigar si hubo malversación de fondos comunitarios en el contrato.

Cuestión de competencias

El responsable de Anticorrupción considera que no debe entregar la investigación completa porque únicamente ve indicios de posibles delitos (tráfico de influencias y cohecho) que se podrían haber cometido en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y no malversación de fondos comunitarios puesto que el material acabó siendo entregado. De ahí que haya planteado una cuestión de competencias para entregar únicamente la parte de la posible malversación que ve la representante de la Fiscalía Europea, quedándose con la parte de la investigación que afectaría al resto de delitos, en caso de que vea indicios de éstos. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tendrá que resolver dicha cuestión de competencias el próximo lunes, tras reunir a la Junta de Fiscales de Sala, el órgano asesor de máxima responsabilidad dentro del Ministerio Público, y recabar su opinión.

Equivalente a una instrucción penal

La Fiscalía General "no puede hacer nada" respecto a la apertura de la investigación de la Fiscalía Europea, que ya es "equivalente a una instrucción judicial", según explican fuentes de la Fiscalía Anticorrupción a este diario. Lo que sí puede es decidir si le entrega toda la investigación, puesto que la fiscal Sabadell alega "indisociabilidad" de los presuntos delitos, o sólo la parte de la presunta malversación.

La decisión de la Fiscalía Europea, que lleva funcionando en España desde hace un año, no tiene precedentes en la historia. Puesto que ya es equivalente a una instrucción penal -aún no se sabe hacia quién estaría dirigida- la acusación tiene que pasar el filtro de un juez de garantías, que será uno de los jueces de la Audiencia Nacional aún pendiente de designación.

En caso de que dicho juez considere que debe dejar continuar la investigación de la Fiscalía Europea, la decisión podría ser recurrible ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Ayuso: "Sólo falta la ONU"

Después de conocer la decisión de la representante de la Fiscalía Europea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que "sólo falta la ONU" investigando el contrato que pudo beneficiar a su hermano.

El contrato, que se adjudicó al inicio de la pandemia de coronavirus a la empresa de un amigo familiar de los hermanos Isabel y Tomás Díaz Ayuso, fue para proporcionar 250.000 mascarillas FPP2 y por él se pagaron 1,5 millones de euros.

El fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón descartó dirigir la investigación hacia Díaz Ayuso al abrir las diligencias sobre la adjudicación por la que su hermano pudo cobrar 286.000 euros como intermediador. Ella rechazó que se tratara de "intermediación, sino que fueron gestiones" como en otros tantos contratos públicos en los que interviene por su trabajo en el ámbito publicitario, defendió la presidenta madrileña.

En el decreto de apertura de diligencias el fiscal destacó la "falta de concreción de las denuncias" y, sobre Ayuso, afirmó que "los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen «indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada”, en el sentido que exige la Consulta 1/2005 de la Fiscalía General del Estado, sobre competencias de las Fiscalías para tramitar Diligencias de Investigación que afecten a personas aforadas".