Cs ha demandado hoy ante la Fiscalía al consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, por las maniobras del departamento para evitar aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que establece al menos un 25% de las horas lectivas en las dos lenguas oficiales, catalán y castellano.

El pasado viernes concluyó el plazo legal para que la Generalitat hiciera efectiva la sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo el pasado diciembre. Paralelamente, la asociación Escuela de Todos ha anunciado que el miércoles presentará demanda de ejecución de la sentencia en una acción colectiva tras recoger más de un millar de firmas de apoyo a la demanda.

En respuesta a la sentencia del 25% el Departamento de Educación anunció el pasado martes la redacción de un Decreto de usos lingüísticos para dar cobertura a la actual aplicación de la inmersión lingüística, esquivando la exigencia del 25% del TSC. ERC, PSC y Comunes han pactado además una reforma de la Ley de Política Lingüística de 1998 para blindar la inmersión defiendo el castellano como "lengua de aprendizaje".

Demanda por desobediencia

"La consejería no solo hace nada" para cumplir la sentencia, ha denunciado el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, sino que "ha estado trabajando e impartiendo consignas para que la sentencia se incumpla". Ante la Fiscalía del TSJC Carrizosa ha asegurado que "los ilícitos penales" en los que según Cs ha incurrido la Generalitat "son prevaricación, por el concierto para evitar que esta sentencia se cumpla".

En este contexto, Carrizosa ha advertido además de que la demanda instada por su partido podría ampliarse al delito de desobediencia. El líder naranja se ha referido a las asociaciones unidas en Escuela de Todos para instar al cumplimiento de la sentencia. "Desde el momento en que se pida la ejecución y no sea acatado, además de prevaricación se incurrirá en desobediencia".

La demanda se dirige contra González-Cambray y la cúpula directiva del Departament. Incluye a la secretaria general, Patricia Gomà, y a los responsables de la Asesoría Jurídica, la Inspección de Educación y la Subdirección General de Plurilingüismo.

Cese de Cambray

"La actitud de Cambray es intolerable, hay que desterrarla de la política catalana, estamos hartos de políticos que se posicionan siempre al margen de las leyes y violentan los derechos de los ciudadanos conscientemente" ha añadido Carrizosa. Por ello, Cs ha reclamado el cese del consejero de Educación, aunque no limita las responsabilidades a Cambray.

Carrizosa ha señalado la responsabilidad del presidente de la Generalitat. "Sin perjuicio de que se haya denunciado a Cambray es evidente que el responsable político es Aragonès" ha advertido. Y ha apuntado también la responsabilidad "del PSC, Salvador Illa y el Gobierno de España que están llegando a un acuerdo por la lengua que pretende santificar estas conductas y la imposibilidad de que se ejerza el derecho a estudiar también en castellano".