El Congreso de los Diputados lleva siete años sin celebrar un debate sobre el estado de la nación. El último presidente que protagonizó uno y rindió cuentas ante el resto de grupos parlamentarios, fue el popular Mariano Rajoy, en febrero de 2015. Ocurrió al final de la primera legislatura del gallego y meses antes de que el sistema bipartidista quedara oficialmente fracturado por la irrupción de nuevos partidos en las Cortes. Desde entonces, la dificultad para sacar adelante un Ejecutivo, la repetición de comicios en 2016, la moción de censura y el ascenso de Pedro Sánchez a la presidencia o la pandemia, han roto con esta tradición gubernamental en la cámara baja. Una costumbre no obligada por la Constitución, pero que inició Felipe González en la segunda legislatura democrática.

A finales del año pasado, en diciembre, el Gobierno de coalición anunció su deseo de recuperar "la normalidad" respecto a este pleno, donde se abordan todo tipo de temáticas que afectan al Estado: por ejemplo, economía, política exterior o cuestiones sociales, empleo y pensiones. "En el próximo periodo de sesiones, tendremos debate de la nación", afirmó la portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez. Antes de julio, ha confirmado el ministro de la Presidencia Félix Bolaños recientemente, por lo que podría llevarse a cabo en el mes de mayo, si la actual situación socioeconómica no lo termina retrasando a septiembre.

El PP, principal grupo de la oposición en el parlamento, ha sido uno de los más activos para que Moncloa retomara este hábito. Sobre todo, y con especial insistencia, durante el anterior curso político. Entonces, los populares hacían gala de un notorio esplendor: con las encuestas de cara y el fortalecimiento en la Comunidad de Madrid y en la Región de Murcia, tras una moción de censura fallida. Pero ahora, la crisis interna que atraviesa el partido los ha situado en una posición de debilidad. Incluso, sectores del PP cuestionan si Cuca Gamarra, al frente de la formación en la cámara en ausencia de Pablo Casado, debería representar las siglas en ese pleno, uno de los más importantes de la legislatura.

Según ha podido saber El Independiente, hay un considerable debate interno en el PP sobre este asunto. La intención de Alberto Núñez Feijóo, que el viernes asumirá en el congreso nacional de Sevilla el cargo de presidente, es mantener a Gamarra en su actual puesto de portavoz parlamentaria, algo que ella, del mismo modo, busca y desea. El gallego confía en la riojana, y quiere preservarla en las Cortes, al menos, hasta el término del ciclo político el próximo año. Sin embargo, fuentes populares explican que el exsecretario general Teodoro García Egea no la ve preparada para suplir a Casado.

El murciano, mano derecha de Casado hasta que el escándalo del espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, provocó su destitución, está intentando llevar a cabo una maniobra con diputados afines -a él, y por extensión al todavía presidente- dentro del grupo en el Congreso para que se designe a otro representante de cara a ese cometido. No detallan si para sustituirla por completo o sólo para el debate. Pero sí, que la acción es considerada en el núcleo del partido como algo "infame".

No se trataría de un cuestionamiento técnico o de la calidad discursiva de Gamarra. El motivo que movería a García Egea, matizan, no sería otro que generar simplemente inestabilidad dentro de la formación en pleno proceso de reconstrucción. Sin mayor intención. Ni si quiera habría sugerido a un candidato alternativo para asumir ese puesto. Y es que tanto él como Casado, señalan fuentes del PP, consideran que Gamarra es "una traidora".

A espera de la reorganización

Desde el Grupo Popular afirman que "lo lógico" es que Gamarra ejerza ese papel en el debate del estado de la nación por que es la segunda en el escalafón por detrás de Casado, pero consideran muy precipitado hablar de la cuestión. Sobre todo, con una renovación inminente de la cúpula. "Todo está abierto y depende de los planes de Feijóo" y del equipo que designe: "también puede ser Jaime de Olano, Celso Delgado, Ana Pastor... cualquiera de los otros 86 diputados restantes que tiene el grupo". Incluido, añaden, el propio dirigente gallego: "eso lo dirán los letrados".

Lo cierto es que en su artículo 66, el Reglamento, el Congreso indica que "los senadores podrán asistir a las sesiones del Pleno y de las Comisiones que no tengan carácter secreto". Por lo tanto, si Feijóo acaba dentro de la Cámara Alta por designación autonómica, podrá acudir a las Cortes para esa cita, pero no intervenir desde la tribuna. Sólo hacer oposición de pasillo.

El Gobierno tiene claro que el dialogo parlamentario tendrá lugar antes de que termine el actual periodo de sesiones. Sánchez quiere un PP recompuesto al frente, para que la oposición no pueda tacharle de oportunista.

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