Un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación revela que el empleado panameño de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) que se apropió de cinco millones de euros gastó gran parte del dinero en casinos que explota la multinacional CIRSA en el país centroamericano.
Así se detalla en el dosier elaborado el 22 de mayo de 2020 por la Dirección de la División de Control y Mejora de la Gestión -dependiente de la Dirección General del Servicio Exterior- y que se puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas 17 días después por el daño causado a los fondos públicos. Este procedimiento contable se desarrolla en España mientras la Fiscalía panameña investiga los hechos desde la vertiente penal.
Las alarmas saltaron en la oficina técnica de cooperación de la Aecid en Panamá a mediados de febrero de 2020, a raíz de que Omar Guevara Barrios -contratado como administrativo contable desde 1992- dejara de acudir a su puesto de trabajo sin explicación. Las pesquisas permitieron conocer que durante años había estado sustrayendo fondos para cooperación de manera irregular, motivo por el que la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria de Panamá dictó el 2 de abril de 2020 una "orden de aprehensión y conducción" contra él como posible autor de un delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto con abuso de confianza. Sigue en paradero desconocido.
El modus operandi desplegado por Guevara Barrios consistía en la "falsificación de la firma" del coordinador general de la cooperación española en Panamá en "innumerables talones" con cargo a tres cuentas bancarias que la Aecid tiene en dos bancos panameños, según se detalla en el informe de Asuntos Exteriores. Éste se ha conocido al cabo de casi dos años y después de que la justicia obligara al Gobierno a facilitárselo al grupo de Vox en el Congreso de los Diputados, al que inicialmente se le negó en su labor de fiscalización al Ejecutivo. El partido ha pedido la comparecencia del ministro José Luis Albares y otros siete altos cargos para que den explicaciones por este desfalco y ha anunciado que en los próximos días denunciará los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción.
La apropiación se iniciaba con la emisión de un talón firmado por el contable (Omar Guevara) y la rúbrica falsificada del coordinador general, como ha constatado la Policía panameña tras realizar una prueba caligráfica. El empleado no negociaba los cheques directamente en el banco para evitar tener que ir constantemente a la entidad financiera, sino que los endosaba.
Rastro del dinero
La "mayor parte" de los cheques se endosaron a Gaming and Services, la filial con la que la multinacional española CIRSA explota casinos, bingos y salas de máquinas tragaperras en Panamá. En un ángulo del reverso del talón aparece una "pequeña firma" del casino en el que se entregaba, hace constar Asuntos Exteriores en su informe. Uno de los locales que frecuentaba era el conocido como 'Fantastic Casino CC Dorado', ubicado en el centro de la ciudad de Panamá.
Tan sólo en una de las tres cuentas afectadas, concretamente una de las abiertas en una sucursal del BAC Credomatic, el rastreo ha permitido conocer que Gaming and Services fue el destino de cheques con fondos desviados por Omar Guevara por un montante de 1.397.653,96 dólares (1,27 millones de euros al cambio de hoy). Ello representa casi el 40 % de los 3.587.284,44 dólares (3,26 millones de euros) sustraídos tan sólo de esa cuenta.
El ministerio ha tardado 13 años en descubrir la actuación fraudulenta de su antiguo empleado
Según ha podido conocer El Independiente, uno de los delitos que la Fiscalía panameña imputa al hoy prófugo es el de blanqueo de capitales. El Ministerio Público trabaja con la hipótesis de que Guevara Barrios consumía en los casinos una parte del dinero que conseguía con los cheques y otra se la llevaba en efectivo.
En este sentido, Asuntos Exteriores ha descubierto que parte de los fondos -a través de la emisión irregular de talones- terminó en manos del propio Omar Guevara: 840.843,89 dólares (unos 765.650 euros). El fugado también debió hacer compras en un concesionario de vehículos de la firma Panameña de Motores (24.000 euros) y emitió cheques a favor de una persona llamada Micky Liao Chen. Éste es uno de los cuatro imputados que acumula el caso -los otros tres restantes eran personas que el huido contrataba- y sobre el que pesan medidas cautelares (entre ellas la prohibición de abandonar el país y la obligación de personarse periódicamente en la Fiscalía para acreditar que no se han fugado), según han informado a este diario fuentes conocedoras de la investigación.
Sólo con cargo a dos de las tres cuentas alcanzadas por las irregularidades se ha contabilizado el endoso de unos 1.500 cheques con la firma de Omar Guevara en el reverso, teniendo lugar la "masiva" salida de fondos durante 2019. La emisión de talones, su endoso y posterior negociación con el banco era el "método habitual", si bien se ha detectado también movimientos tanto de salida como de ingreso "de origen desconocido" o entre cuentas bancarias.
La reclamación que hizo aflorar el 'pufo'
El empleado no sólo simulaba la firma del coordinador general de la oficina técnica de cooperación, la persona sobre la que recae la función de cajero-pagador. Para no despertar sospechas también falsificaba los estadillos de las cuentas bancarias, de modo que apareciera el saldo teórico y "sin apenas movimiento". El pufo afloró a raíz de que la Dirección del Subsector del Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Disapas) -entidad local ejecutora del ‘Programa de agua potable y saneamiento en áreas rural e indígena de Panamá- advirtiera de que no se le había hecho una transferencia de más de un millón de dólares y el banco confirmara que el saldo no llegaba a 2.000 dólares. Entonces "saltan todas las alarmas", subraya el informe.
La ocultación de los extractos bancarios dificultó que se descubriera el agujero y que la práctica fraudulenta se prolongara durante al menos 13 años. "Al inicio, en los años 2007 y 2008, en la cuenta 'otras Administraciones', las salidas de fondos (cheques fraudulentos) no mermaban el saldo de la cuenta, es decir, no se hacían con cargo a los ingresos de fondos públicos que dichas cuentas habían tenido, sino que previamente se depositaban grandes sumas de dólares de origen desconocido", precisa el director de la División de Control y Mejora de la Gestión.
Si bien la mayor parte del dinero desviado fue a través de la operativa del endoso de cheques, el arqueo a la caja de efectivo de la oficina técnica de cooperación también ha revelado que faltaban otros 1.720,94 dólares (unos 1.560 euros), dado que no se había producido ningún movimiento entre el 31 de diciembre de 2019 y el 10 de marzo de 2020, cuando personal de Asuntos Exteriores se desplazó a Panamá para conocer el alcance del problema.
A la espera de que avance la investigación penal en el país centroamericano, tras la querella presentada por la Aecid el 11 de junio de 2020, el ministerio entonces dirigido por Arancha González Laya puso los hechos también en conocimiento del Tribunal de Cuentas español para que depure las eventuales responsabilidades contables por el daño producido a los fondos públicos.
"Actuación culposa"
En este sentido, Asuntos Exteriores responsabiliza de malversación a Omar Guevara, al tiempo que considera que también son presuntamente responsables por alcance los dos coordinadores generales de la oficina técnica de cooperación durante el periodo en el que se llevó a cabo la sustracción. "Presumiblemente ha podido existir una actuación culposa grave dado que no se tomaron las medidas mínimas necesarias para evitar la actuación delictiva del administrativo contable", sostiene.
La Aecid tampoco descarta exigir responsabilidades a Games and Services, destinatarios identificados de salida fondos, la empresa externa que auditó las cuentas de su oficina en Panamá y muy especialmente los bancos, dado el "elevadísimo" número de talones negociados con el hoy prófugo de la justicia.
Mientras tanto, la Policía panameña estrecha el cerco sobre Guevara Barrios y la Fiscalía panameña continúa adelante con la investigación a fin de esclarecer los hechos. En una audiencia celebrada hace dos semanas, el juez de garantías accedió a la petición del Ministerio Público y declaró compleja la causa, lo que permitirá ampliar el periodo de pesquisas al menos otros seis meses (como mínimo hasta finales de octubre).
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