Seis fiscales de Sala del Tribunal Supremo pidieron este lunes a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que se abstenga de conocer cualquier paso futuro de la investigación abierta en la Fiscalía Anticorrupción sobre el contrato de compra de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid a la empresa Priviet Sportive en el que intervino el hermano de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, cobrando por sus gestiones.

Delgado reunió a la Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano asesor dentro del Ministerio Público que reúne a la cúpula de éste, para decidir si Anticorrupción debía continuar con las diligencias de investigación que abrió alrededor de dicho contrato tras recibir una denuncia de PSOE, Más Madrid y Podemos, o las dejaba en manos de la Fiscalía Europea, que también ha abierto su propia investigación al considerar que con el contrato se desviaron fondos de la Unión Europea.

La Junta de Fiscales de Sala decidió por unanimidad que la investigación sobre hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de tráfico de influencias, falsedad o prevaricación cometidos en España se queden en manos de la Fiscalía Anticorrupción mientras la Fiscalía Europea sigue con su propia investigación por presunta malversación. Es decir, que habrá dos investigaciones a la vez.

Antes abordar el conflicto de competencias que planteó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, los fiscales de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, José Miguel de la Rosa, Javier Huete y Pilar Fernández Valcarce entregaron un escrito a la fiscal general pidiéndole que se aparte de cualquier paso futuro de esta investigación por su procedencia política "sin solución de continuidad" a la Fiscalía. Repararon en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) contempla como causa de abstención haber tenido un cargo político para asuntos que afecten a partidos o a cargos políticos. Y, en caso de que sea la fiscal general quien esté en esta situación, recordaron que el estatuto interno determina que "resolverá la Junta de Fiscales de Sala, presidida por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo".

"Es notorio que las diligencias de investigación 3/2022 de la Fiscalía Anticorrupción se iniciaron por denuncia de los grupos parlamentarios del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid. Es igualmente notorio que la fiscal general del Estado, sin solución de continuidad, ha sido ministra de Justicia y seguidamente participó en las elecciones generales pasadas obteniendo acta de diputada, para seguidamente renunciar y ser nombrada fiscal general del Estado", se lee en el documento de los fiscales al que tuvo acceso El Independiente.

La intervención de este lunes, "estrictamente competencial"

Los seis fiscales de Sala del Supremo consideraron en el escrito que la intervención de este lunes de la fiscal general en la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala para decidir sobre si Anticorrupción debía seguir o no con la investigación era "una materia estrictamente competencial y procesal". De ahí, trasladaron, que no le pidieran la abstención para dicha convocatoria.

"En todo caso, entendemos que la intervención de la fiscal general del Estado en estas diligencias ha de limitarse exclusivamente a este trámite. En atención a todo lo expuesto, desde el mayor respeto a su autoridad interesamos de V.E. que se tome en consideración el presente escrito a los efectos señalados", concluyeron.