La Fiscalía Europea inició su investigación sobre las posibles irregularidades del contrato suscrito entre la Comunidad de Madrid y la empresa Priviet Sportive para suministrar mascarillas FPP2 al hospital de IFEMA al inicio de la pandemia de coronavirus tras recibir una comunicación del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) en el que se advertía de que la compra se hizo con fondos europeos.

Dicho organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, envió un informe a la delegada de la Fiscalía Europea en España, Concepción Sabadell, el pasado 25 de febrero apuntando a la utilización de fondos comunitarios en la compra de 250.000 mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid por un precio unitario de cinco euros más IVA y un importe total de 1,5 millones a la empresa de Daniel Alcázar, amigo de la infancia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En dicho contrato intervino, cobrando una cantidad por determinar pero se estima que de unos 286.000 euros, el hermano de la política, Tomás Díaz Ayuso.

Dicho informe con la advertencia de posibles irregularidades se emitió desde el Servicio Antifraude una semana después de que PSOE, Podemos y Más Madrid presentaran una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el contrato que desató una guerra interna en el Partido Popular y tres días después de que el fiscal jefe de dicho departamento decidiera abrir unas diligencias de investigación pero descartara dirigirlas hacia la presidenta madrileña. Tampoco ve indicios de malversación ni fraude de subvenciones o defraudación de los presupuestos de la Unión Europea puesto que descarta que los fondos públicos hayan tenido destino privado.

La Fiscalía Europea también se fija en el alto precio pagado por las mascarillas para ver indicios de fraude

En cambio, la delegada de la Fiscalía Europea constituida en España en junio del año pasado sí ve indicios de esos dos delitos y por eso abrió su propia investigación el pasado 1 de marzo. Sabadell, que ha rechazado entregar a la Fiscalía española el informe del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude que le llevó a abrir sus diligencias, también se fija en el alto precio pagado por las mascarillas para ver indicios de fraude.

La investigación de la Fiscalía Europea comienza con carácter de instrucción penal puesto que los representantes de dicho organismo independiente de la Unión Europea en cada uno de los 22 estados miembros tienen una condición equiparable a la de un juez instructor. Si continúa adelante y propone juzgar a alguno de los intervinientes en el contrato, será un juez de garantías de la Audiencia Nacional quien confirme o rechace la acusación, con la posibilidad de recurso de los afectados ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La compra se realizó con fondos iniciales de la CAM

Mientras la Fiscalía Europea se basa en que la compra de la partida de mascarillas bajo investigación por posibles irregularidades se financió con fondos europeos de desarrollo regional (FEDER), fuentes conocedoras de los pormenores del contrato destacan que fue la Comunidad de Madrid quien compró el material con fondos propios al inicio de la pandemia. Posteriormente, en abril de 2020, este y otros contratos de adquisición de material de protección contra el Covid fueron cubiertos con fondos comunitarios.

Cuando abrió su propia investigación, Sabadell reclamó a la Fiscalía Anticorrupción que le entregara una copia de su investigación prejudicial en la que el Ministerio Público busca determinar -puede acabar presentando querella o archivando- si existen indicios de corrupción como tráfico de influencias o prevaricación. La delegada de la Fiscalía Europea alude a la "indivisibilidad" de la malversación, que ella sí cree que deben investigarse, con estos otros posibles delitos de corrupción de los que Anticorrupción ni siquiera ve aún indicios sólidos.

La Fiscalía española no comparte el criterio de Sabadell. La treintena de fiscales de Sala que este lunes se reunieron con la fiscal general en la Junta de Fiscales de Sala respaldaron por unanimidad la tesis del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Decidieron que la fiscalía española, a través del departamento que encabeza, debe continuar con su investigación relativa a la averiguación de si existen indicios de los delitos de corrupción mencionados mientras que la Fiscalía Europea avanza paralelamente con la suya.