120 agentes de la Guardia Civil sufrirán desde este abril las consecuencias de la confrontación entre Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La equiparación salarial ha hecho saltar por los aires la vigilancia en edificios públicos y oficiales que realiza la Guardia Civil en la región madrileña: el coste del servicio ha aumentado y a la hora de pagar la cuenta Marlaska y Ayuso se miran sin abonar el pago. El resultado es que la labor ejercida por la Guardia Civil que ahora es de 24 horas al día pasará a ser de ocho (De 7.00 horas - 15.00 horas), lo que en la práctica se traduce en dos turnos menos.
Según explica en conversación con El Independiente Pedro Carmona, secretario de Comunicación de AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), el departamento de Marlaska les traslada que la rebaja del número de agentes es a petición del Ejecutivo regional; mientras que éste último expone que Interior ha planteado un convenio diferente y la reducción de efectivos. "No se ha pronunciado ni el Ministerio del Interior ni la Comunidad de Madrid y realmente no sabemos quién ha tomado la decisión", apunta Carmona. Desde la asociación señalan que una de las soluciones planteadas sea la disminución del número de agentes "es otra falta de consideración hacia la Guardia Civil". "Los agentes están cansados de los perjuicios laborales y personales generados y es necesario que los responsables, la clase política, emitan algún tipo de aclaración al respecto", expresan los guardias civiles en un comunicado.
Los agentes con destino en la Comunidad de Madrid que se encargan de vigilar los edificios oficiales y los organismos públicos reciben un complemento extra que ha generado la discordia. Dentro de los 120 efectivos mencionados, se encuentran guardias civiles de entre 56 y 65 años que si son despojados de este destino - y de su incentivo económico - "volverán a la reserva o, si tienen más de 25 años de antigüedad, se jubilarán". Carmona denuncia que en 2018, tanto AUGC como otras Asociaciones y Sindicatos Policiales, firmaron un acuerdo "cuya clausula tercera indica que se incentivaría el reingreso de los Guardias Civiles que pasan de una situación activa a reserva".
Fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid han destacado a El independiente su disconformidad con la cartera que dirige Grande-Marlaska. "No podemos entender esta disminución de efectivos, cuando aún no se ha firmado el convenio que regula el número de agentes que realizan esta función. No hay convenio en vigor, porque en diciembre de 2020 el Ministro del Interior no consideró conveniente formalizar la prórroga que había enviado firmada la Presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que provocó que desde el 1 de enero de 2021 no tengamos el convenio que regula la prestación del servicio".
Desde la Consejería aseguran que han sido informados "esta semana desde el Ministerio del Interior" de que se propone otra fórmula jurídica diferente. "Mientras no se produzca la nueva firma, no se debe reducir o alterar el número de agentes asignados, ni el horario de cobertura", añaden. La Comunidad de Madrid acusa a Interior de pretender enfrentarles con la Guardia Civil. "No lo va a conseguir, porque este Gobierno Regional tiene en la más alta consideración al benemérito Cuerpo y seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para que sigan junto a nosotros velando por la seguridad de los madrileños".
Menos vigilancia en la Comunidad de Madrid
El signo más evidente para el ciudadano de esta guerra entre Marlaska y Ayuso es que los edificios oficiales y los organismos públicos pasarán de estar vigilados día, tarde y noche por la Guardia Civil ahora sólo lo harán desde las 7.00 horas hasta las 15.00 horas. Desde principios de abril no habría guardia durante el resto del día. "Nos encontramos de nuevo ante una modificación que supone un perjuicio para la seguridad y la atención de la gente", aqueja AUGC.
La Real Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, la Asamblea de Madrid, así como Juzgados y Consejerías son algunas de las instituciones que se vaciarán de Guardia Civil desde las 15.00 horas hasta las 7.00 horas del día siguiente. Carmona concluye que los responsables de este nuevo agravio hacia la Guardia Civil deben aclarar la cuestión también por el bien de la ciudadanía. "El Acuerdo firmado con Interior el 19 de marzo de 2018 está para cumplirlo; no lo deben olvidar ni el Ejecutivo Nacional ni el Regional. Los agentes están hartos de la falta de consideración hacia su desempeño público".
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