A Moncloa no le gustó ni el tono ni el fondo del discurso de la portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra, de este miércoles en el Congreso de los Diputados. Esperaba algún guiño, alguna puerta abierta por la que se pudiera avizorar una cierta aproximación, pero, aseguran fuentes gubernamentales, no la hubo. "Ni teníamos a nadie enfrente", dicen.
Gamarra “no ha dado señal alguna” de inaugurar una nueva etapa de relaciones con el Gobierno tras el desembarco de Alberto Núñez Feijóo al liderazgo del primer partido de la oposición, a juicio de Moncloa. Se muestran escépticos después de escucharla. “Debería haber sido un discurso más medido, más estratégico”, explican los mismos medios consultados. El PP “no ha modulado sus palabras” en ninguno de los grandes temas abordados ayer en el pleno del Congreso, a saber, plan nacional de respuesta a la crisis, último Consejo Europeo y cambio de posición sobre el Sáhara.
A tenor de las intervenciones de ese miércoles en el Congreso de los Diputados no parece que Pedro Sánchez vaya a tener problemas para sacar adelante el decreto del plan nacional de respuesta a la crisis generada por la invasión de Ucrania, pero aun a falta de saber qué hará el PP. De hecho, ayer no lo aclaró, cosa que tampoco debía hacer porque no se trataba del pleno de convalidación del decreto.
Sánchez sacará adelante el decreto y espera que el PP, al menos, se abstenga
De hecho, Sánchez, en su réplica a Gamarra le espetó que "no sé si apoya o no al Gobierno, si hay puerta abierta, si acepta la unidad que he pedido al PP. Me quedo con esa indefinición. Tampoco han dicho que no lo apoyarán", en referencia al decreto, para reprochar además a los populares querer resolverlo todo “bajando impuestos, pero solo cuando están en la oposición porque, si no, los suben". Pero fue a continuación cuando dejó patente su malestar con la intervención de la dirigente popular al sentenciar que "quien recauda no es el Gobierno, es el Estado. Aquí solo se han forrado, y por mucho dinero, algunos a base de sobresueldos y de comisiones ilegales", en alusión a los casos de corrupción del PP.
Por su parte, el Alberto Núñez Feijóo, calificaba de "impropio" intentar pactar "decisiones ya publicadas en el BOE", en alusión al decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, aunque no se negaba a estudiarlo. Lo hacía desde Santiago de Compostela, muy lejos del Palacio de la Carrera de San Jerónimo y es que uno de sus principales hándicaps es carecer de escaño desde el que confrontar con el presidente del Gobierno, salvo que finalmente lo haga en calidad de senador por designación autonómica.
En definitiva, sentencian en Moncloa, la de Gamarra fue una intervención “poco pensada ante los llamamientos a la unidad de Pedro Sánchez", reiterados durante su larga comparecencia parlamentaria de ayer, en la que el PP no recogió el guante. Desinflan así en el Gobierno las esperanzas que habían dicho poner sobre un nuevo clima de relaciones tras cuatro años de desencuentros con Pablo Casado, que sigue dejando vacante su escaño en la Cámara Baja.
Moncloa mantiene que el presidente del Gobierno se reunirá con Feijóo
No significa que cambien de criterio respecto a la necesidad de reinstaurar “las relaciones institucionales” con el primer partido de la oposición. Insisten en que Pedro Sánchez le invitará a Moncloa para intentar iniciar una nueva etapa de relaciones y dicen esperar que el PP "no bloqueará el decreto", confiando, al menos, en su abstención.
No obstante, los populares mantienen que Sánchez se comprometió, en la última Conferencia de Presidentes, a una nueva rebaja de impuestos. El párrafo de las conclusiones de esa cumbre motivo de controversia afirma literalmente que las medidas que se incorporarán al plan de respuesta “desarrollarán e intensificarán las ya anunciadas hasta ahora, como son las rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas y otras que se puedan plantear”, lo que puede resultar interpretable.
Pero en el resumen de la cita que hizo la propia Moncloa se explicita que el Gobierno “ha manifestado su voluntad de continuar hablando con las comunidades autónomas sobre materia” fiscal.
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