El representante legal de la Comisión Europea Julio Baquero Cruz ha apoyado al instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en la vista celebrada este martes ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Allí se ha abordado la cuestión prejudicial que planteó el magistrado español para saber si puede mantener las euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de consejeros de su gobierno fugados de la Justicia española después de que Bélgica rechazara entregar al exconsejero Lluis Puig para que fuera juzgado.

Baquero, respaldando la petición de entrega de Llarena frente a la defensa de Puigdemont -que alega que si se le manda a España podría enfrentarse a un juicio injusto- ha mantenido que nuestro país no tiene "problemas sistémicos de Estado de Derecho" y, partiendo de esa circunstancia, los países miembros de la Unión Europea deberían tener confianza en los sistemas judiciales. Si no existen tales "problemas sistémicos" de posible vulneración de derechos, el representante de la Comisión Europea considera que Bélgica está introduciendo "nuevos motivos" de denegación sin respetar los límites.

Preguntas de 15 magistrados

La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha escuchado los informes de todas las partes y posteriormente los 15 magistrados que la componen han lanzado sus preguntas.

En la vista han estado presentes el fiscal del Supremo que ejerció la acusación en la causa del procés Fidel Cadena; la abogada del Estado Andrea Gavela; la abogada de la acusación ejercida por el partido político Vox Marta Castro; los abogados de la defensa de Puigdemont, Lluis Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí Gonzalo Boye e Isabel Elbal; de Marta Rovira, Andreu Van den Eynde y de Anna Gabriel, Benet Salellas.

Los magistrados no han hecho ninguna pregunta a la representante de Vox, quien lo ha valorado como un signo de que su exposición ha quedado lo suficientemente clara para que no tuvieran que hacerlo.

Puigdemont ve posibilidad de vulneración de derechos

La defensa de Carles Puigdemont ha considerado que no se debería permitir al juez Llarena mantener las órdenes europeas de detención contra los políticos catalanes porque, si son entregados a España, podrían ser sometidos a un juicio injusto. Considera que podría vulnerarse el derecho fundamental a un juicio justo así como que el tribunal que les juzgaría no es el competente, como consideró la Justicia belga para no entregar a Puig.

Alega que los ex consejeros catalanes son reclamados por sus ideas políticas y por perseguir el independentismo, algo que ya ha rechazado el Tribunal Constitucional, confirmando la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra los políticos que impulsaron el proceso de independencia de 2017.

En este sentido, el Ministerio Público español representado por el fiscal Cadena ha argumentado en la vista que "no es lógico" que el país de entrega entre en la valoración de las normas del país que emitió la euroorden, como consideró Llarena en su cuestión prejudicial, refiriéndose a posible falta de conocimiento del sistema judicial español.