El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se personará como perjudicado en representación del Ayuntamiento de la capital "en cuanto sea posible" en la investigación judicial que se abra a raíz de la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Luis Medina Abascal, hijo de Naty Abascal y el fallecido duque de Feria, y su socio Alberto Javier Luceño.

Ambos habrían acordado inflar un 148% el precio de un contrato de provisión de material sanitario en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de coronavirus, para llevarse comisiones por 5,6 millones de euros, según la querella del Ministerio Público.

En ese momento de "extrema carencia de materiales", los dos empresarios madrileños, "actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario (mascarillas, guantes, etc.) fabricado en China", según se recoge en la querella.

El fiscal encuentran indicios de que Medina Abascal, "aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid", concretamente un primo de éste, contactó con el Ayuntamiento para ofrecer material y desde el inicio planeó con su socio llevarse un beneficio económico "exagerado e injustificado". De ahí que se haya querellado contra ambos por los presuntos delitos de estafa agravada, falsedad y blanqueo de capitales, puesto que con el beneficio habrían adquirido artículos de lujo como un yate, una vivienda, coches de alta gama o un reloj Rolex.

"Quien quería contactar con el Ayuntamiento, lo hacía"

Fuentes del consistorio madrileño niegan que Medina Abascal conociera directamente al primo del alcalde madrileño aludido por la Fiscalía, que según desveló El Periódico de España es el abogado Carlos Martínez-Almeida. Aclaran que una persona que conocía tanto al empresario como al primo del alcalde les puso en contacto y el segundo le indicó al primero un mail del Ayuntamiento donde explicar cómo podía proporcionar material sanitario en un momento en que todo el mundo lo buscaba.

En todo caso, para las fuentes del Ayuntamiento consultadas por El Independiente, la intervención puntual de ese familiar no conlleva ninguna responsabilidad por parte del alcalde. Explican que en aquél momento cualquiera que conociera a alguien en el Ayuntamiento o en cualquier institución pública puso en contacto a gente que podía proporcionar mascarillas, guantes o geles desinfectantes. "Quien quería contactar con el Ayuntamiento, lo hacía. Todos los contratos iban por el mismo cauce. Se proporcionaba un correo y se facilitaba un contacto de la dirección de la empresa funeraria que gestionó las compras".

Según se explica en la querella de la Fiscalía, "el 20 de marzo de 2020, en una situación de rápida evolución de la pandemia provocada por el COVID-19 y de extrema carencia de materiales sanitarios, el Ayuntamiento de Madrid suscribió un convenio con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid SA (participada al 100 % por el Ayuntamiento de Madrid) por el que ésta se comprometía a garantizar el suministro de material sanitario y de seguridad para el personal del Ayuntamiento de Madrid, organismos autónomos y empresas dependientes".

Inmediatamente después de que el hijo de Naty Abascal contactara con el Ayuntamiento, "se le facilitó el nombre de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones; esta persona era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid", expuso la Fiscalía en la querella.

La Fiscalía no ve responsabilidad del Ayuntamiento

Después, fue su socio, Alberto Luceño, quien llevó las negociaciones. "Se presentó como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya a través de la cual se iba a realizar la importación. Asimismo, dijo actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista", afirman los investigadores.

Fuentes de la Fiscalía consultadas por este diario descartan que en la actuación descrita haya ninguna sospecha de posible tráfico de influencias por parte del alcalde o algún otro funcionario del Ayuntamiento. Al revés, también les ven posibles perjudicados de la supuesta estafa premeditada por los dos empresarios contra los que se han querellado. De hecho, entre las diligencias que propone el Ministerio Público al juzgado en el que recaiga la investigación es que ofrezca personarse como acusación al consistorio.