El Ministerio del Interior ha abierto un concurso público para contratar los servicios de empresas que lleven a cabo el desmantelamiento de las plantaciones de marihuana de gran tamaño, dada la falta de preparación y maquinaria de la Policía Nacional y la Guardia Civil para llevar a cabo estas tareas y el crecimiento exponencial que se viene constatando en los últimos años.

Los cuerpos policiales intervinieron en 2021 cerca de tres millones de plantas de cannabis, según los datos provisionales que maneja el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Ese volumen de cultivos ilegales representa un incremento del 57 % respecto a la cantidad decomisada en 2020 (1.700.462) y es cuatro veces superior a la de 2016 (724.611), de acuerdo con las estadísticas de Interior.

La operación 'estrella' tuvo lugar el pasado 6 de octubre, cuando la Guardia Civil desmanteló una plantación ilegal en una finca de 12 hectáreas en Huerta de Valdecarábanos (Toledo) dedicada supuestamente a la producción de cáñamo industrial. La actuación se saldó con la incautación de 135.000 plantas -la mayor realizada durante un operativo policial en Europa- y la detención de tres personas.

Esa intervención se llevó a cabo tan sólo unas semanas antes de que se pusiera en marcha el Plan Nacional de Actuación contra la Criminalidad Asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana, con el que el Ministerio del Interior trata de potenciar la coordinación entre los cuerpos policiales a fin de reducir la amenaza que representa el cultivo ilegal del cannabis y sus derivados. Después del de hachís y cocaína, el tráfico de marihuana es ya una de las principales actividades criminales, con potentes organizaciones trasnacionales detrás y un negocio millonario.

Precisamente uno de los tres objetivos específicos que se marca dicho plan es el de "favorecer logísticamente la destrucción de las plantaciones de marihuana", de ahí que se haya reservado una partida de 163.350 euros (IVA incluido) -con cargo al programa 132C, 'Actuaciones policiales en materia de droga'- para contratar a empresas con capacidad para ejecutar este tipo de actuaciones. Salvo que se agote antes el presupuesto, el plazo de ejecución es de un año a contar en principio desde el próximo 1 de junio.

"Importantes problemas logísticos"

Interior reconoce que el tamaño de las explotaciones y la falta de medios técnicos para desarbolarlas está generando "importantes problemas logísticos" a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de ahí que haya decidido recurrir a los servicios de empresas privadas para que se encarguen del desmantelamiento de las grandes plantaciones de marihuana bajo las indicaciones que determine en cada caso la autoridad judicial.

Evolución de las incautaciones de cannabis llevadas a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguriudad en los últimos seis años. El dato correspondiente a 2021 no incluye todo el ejercicio. M. INTERIOR

"En el caso de pequeñas plantaciones, son los propios agentes los encargados de desmantelar las plantaciones, pero en el caso de las grandes plantaciones se ven imposibilitados para desarrollar dicha actividad, dado que, además de no estar preparados ni disponer de la maquinaria necesaria, absorbería el tiempo de las plantillas policiales en detrimento de la realización de los servicios de seguridad asignados legalmente", razona en la memoria justificativa el director del CITCO, Manuel Navarrete.

La licitación se ha estructurado en cuatro lotes, correspondiendo cada uno a las zonas geográficas más afectadas por esta actividad ilícita. Éstas son Granada (con el 37 % del presupuesto); Almería y Murcia (26 %); Cataluña (22 %) y Madrid y provincias limítrofes (15 %). Las empresas tienen hasta el próximo 20 de abril para presentar sus propuestas.

Las incautaciones de plantas ascendieron el pasado año a tres millones, casi un 60% más

En concreto, el contratista se encargará de apoyar al cuerpo policial actuante para la extracción de muestras y su conservación en cajas de cartón para evitar su putrefacción; el arrancado de las plantas y su traslado al lugar que se designe; el triturado o compactación en el caso de que haya que conservarlas durante un periodo de tiempo determinado; el ensacado del material intervenido o su introducción en cajas, así como cualquier otra actuación que ordene el juez.

Las empresas adjudicatarias deberán acreditar que disponen de la capacidad técnica y de los permisos necesarios para ejecutar este tipo de tareas. En los pliegos se hace constar de forma expresa que permitirán la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el desarrollo de los trabajos y que instruirán al personal técnico y auxiliar para garantizar la confidencialidad de las actuaciones, evitando divulgar la fecha y hora del servicio o cualquier otro dato que pueda ser "relevante".

Detalle de la memoria justificativa de esta licitación pública.

El valor total del servicio a contratar se ha calculado teniendo en cuenta los costes generados en 2021, si bien el CITCO admite que la estimación del gasto real es "incierta" por la disparidad de condiciones que pueden darse. Hay "desde plantones de escasos centímetros a verdaderos árboles de cerca de dos metros" y pueden cultivarse tanto en zonas de fácil acceso como en parajes que entrañan serias dificultades, "como barrancos o montes sin caminos transitables".

"Por lo que respecta a la situación de los cultivos, los hay en invernaderos, donde resulta de una enorme peligrosidad trabajar cuando se producen altas temperaturas, como con trabas para el desbrozado, como ocurre cuando el cultivo está enredado en mallas plásticas que requieren una previa retirada antes de acceder a las plantas", describe Navarrete.

Mejora medioambiental

El CITCO advierte de que tampoco hay homogeneidad respecto a la actuación a seguir una vez que se detecta la explotación ilegal, ya que depende de las instrucciones que imparta la autoridad judicial. Ésta puede ordenar o bien el arrancado y traslado directo a vertedero para su eliminación o bien su custodia en un lugar determinado, opción ésta que implica la "trituración y ensacado" para evitar que las plantas se pudran.

Interior ha fijado una remuneración de 250 horas por servicio, cantidad a la que se suman 25 euros por empleado y hora (un 25 % si la actuación se tiene que ejecutar los fines de semana y festivos). La reducción del precio (80 %) será precisamente el principal criterio que la Administración tendrá en cuenta a la hora de elegir al contratista, otorgándose 20 puntos a las empresas que amplíen la jornada ordinaria al sábado.

Como "condición especial de ejecución", Interior obliga al adjudicatario a aplicar en la ejecución de los trabajos un plan de mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados. De no presentar dicho programa en el plazo de un mes desde que se formalice el contrato, la empresa se expone a la imposición de una penalidad económica que puede alcanzar hasta el 10 % del montante.