Interior acumula sin ejecutar 88 resoluciones firmes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) desde que, hace casi cuatro años, Fernando Grande-Marlaska está al frente del ministerio. Esta forma de actuar impide al ciudadano acceder a información pública relacionada con la gestión de la seguridad pública pese a haber sido amparadas sus reclamaciones y no existir impedimento legal alguno para conocerla.

De acuerdo con los datos actualizados a 31 de marzo pasado, al CTBG no le consta que Interior haya cumplido 14 resoluciones dictadas en lo que va de 2022, 19 de 2021, 23 de 2020, 25 de 2019 y 7 de 2018 (sólo el segundo semestre). Es con mucha diferencia el departamento ministerial que más ha desoído en este periodo a la autoridad administrativa independiente encargada de promover la transparencia en las entidades públicas.

Los datos convierten en papel mojado las palabras pronunciadas por Grande-Marlaska cuando, el 4 de julio de 2018, compareció por primera vez ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Entonces señaló la "transparencia" como una de las "tres grandes claves" con las que su departamento había empezado a funcionar -junto con la "certeza" y la "seguridad"- e invocó una célebre cita de Cicerón: "La evidencia es la más decisiva demostración".

Entre las últimas resoluciones que Interior no ha cumplido figuran las relativas a las autorizaciones concedidas en los últimos diez años a policías nacionales y guardias civiles para trabajar en empresas privadas, los fallecidos por covid-19 en ambos cuerpos cuyas bajas han sido tramitadas en acto de servicio o el número de efectivos que desempeñan funciones para la Casa del Rey.

El ministerio tampoco ha facilitado diversa información en materia de inmigración a pesar de que Transparencia ha estimado las reclamaciones de los solicitantes: el número de personas que entró de forma irregular en Ceuta a mediados de mayo de 2021, los migrantes que ingresaron en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en 2020, los repatriados a sus países de origen o los subsaharianos y magrebíes que han sido interceptados en aguas próximas a Canarias desde enero de 2019, entre otras.

De las fiestas ilegales al Orgullo Gay

También hay diversas solicitudes de información que sigue sin atender en torno a la actuación llevada a cabo durante la pandemia, como las fiestas ilegales detectadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la vigencia de las medidas restrictivas o las instrucciones que se impartieron a los agentes para establecer operativos. De igual manera, Interior continúa sin revelar el importe de los gastos de representación imputados al presupuesto público tanto por el ministro como por los directores generales de la Guardia Civil (María Gámez) y la Policía Nacional (Francisco Pardo Piqueras) en 2020.

Dos años y medio después, Interior sigue incumpliendo también la resolución por la que se le instaba a facilitar la carta que, en vísperas de la celebración del desfile del Orgullo Gay en Madrid de 2019, había enviado a los máximos responsables de ambos cuerpos policiales pidiendo que agentes uniformados pudieran participar voluntariamente en dicha manifestación. Ni ha facilitado el documento ni ha recurrido en los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo la resolución estimatoria del CTBG, la otra opción que prevé la ley en caso de disconformidad con el parecer el órgano garante.

El Gobierno no ha ejecutado 140 resoluciones desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa a mitad de 2018

La Ley de transparencia, en vigor desde finales de 2013, no incluye un régimen sancionador para penalizar a la Administración que incumpla las resoluciones. En el debate sobre la futura reforma de la norma ocupa un lugar central la discusión acerca de la conveniencia o no de introducir la tipificación y el castigo mediante sanción económica para evitar que los pronunciamientos estimatorios del Consejo de Transparencia que no son recurridos judicialmente por la Administración queden en papel mojado.

Algunas normas autonómicas aprobadas con posterioridad a la estatal, caso de la de Canarias, prevén ya infracciones administrativas -moduladas en función de su gravedad- e incluyen sanciones económicas que oscilan entre los 200 y los 30o.000 euros. Esta cuantía es la prevista para las muy graves, entre ellas incumplir más de tres veces en dos años la obligación de suministrar la información que haya sido reclamada como consecuencia de un requerimiento del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública o dar cumplimiento a una resolución del mismo en materia de acceso.

Presidencia del Gobierno, en segundo lugar

De acuerdo con los datos difundidos por el CTBG, la Administración General del Estado continúa sin ejecutar 140 resoluciones estimatorias (incluidas las 88 de Interior) dictadas desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa a mediados de 2018. El segundo lugar lo ocupa la Secretaría General de Presidencia del Gobierno (22), que sigue eludiendo facilitar los gastos de viajes oficiales y de las vacaciones del jefe del Ejecutivo.

El desglose se completa con siete de Hacienda (incluidas cuatro de la corporación RTVE); cinco de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; tres de Justicia y Transportes; dos de Agricultura y Cultura y Deporte y una de Trabajo, Política Territorial, Presidencia y Sanidad, a los que se suman una de la Tesorería General de la Seguridad Social y otra de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).