Los tribunales de justicia impulsan dos años después del inicio de la pandemia investigaciones penales por las compras millonarias de material de protección frente a la covid-19 realizadas por diferentes administraciones públicas por posibles casos de estafa, "exagerados e injustificados" beneficios económicos en comisiones ocultas y blanqueo de capitales.

En marzo de 2020, los gobiernos central, autonómicos y locales se lanzaron a la desesperada a la búsqueda de mascarillas, guantes de nitrilo, geles hidroalcohólicos y respiradores por el avance exponencial del virus, lo que hizo que la demanda se disparara a nivel mundial y que los fabricantes -concentrados en el mercado asiático- aumentaran los precios de manera formidable. Al calor de ese negocio acudieron empresas ajenas a la actividad de la distribución de material sanitario e intermediarios dispuestos a sacar tajada de una tarta millonaria en medio de la tragedia.

El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción han empezado a revelar muchas de las irregularidades que se cometieron en aquellas fechas en operaciones de compra, todas tramitadas por el procedimiento de emergencia. Se trata de una posibilidad que prevé la Ley de contratos del sector público para dar una respuesta más rápida a situaciones sobrevenidas y que exime de tramitar un expediente administrativo para ganar tiempo, lo que permite hacer adjudicaciones de manera directa. Sin concurso.

El 24 de marzo de 2020, diez días después de que el Gobierno acordara el estado de alarma, la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid SA -participada al 100 % por el Ayuntamiento de Madrid- encargó un millón de mascarillas KN95 a la compañía malaya Leno (M) SDN. BHD. por 6.232.470 euros (a un precio unitario de 6,23 euros). El material procedía de China.

Al día siguiente, la citada empresa municipal confió a esta misma cadena de bazares de Malasia el suministro de 2,5 millones de guantes de nitrilo (4.627.520 euros) y 250.000 test rápidos (3.933.390 euros). El dinero se envió en nueve transferencias realizadas entre el 24 de marzo y el 6 de abril de 2020 a la cuenta de dicho distribuidor en el Malayan Banking Berhard (Maybank).

Coches de alta gama, un yate...

La investigación realizada por Anticorrupción ha permitido conocer que al menos 5,6 millones de euros acabaron en los bolsillos de Luis Medina Abascal -hijo de Naty Abascal y del ya fallecido Rafael Medina Fernández de Córdoba (XIX duque de Feria)- y Alberto Luceño Cerón. Estos inflaron el precio de la mercancía entre un 60 y un 81 % para embolsarse una elevada comisión, invirtiendo posteriormente el dinero en coches de alta gama, una vivienda y un velero.

"Era una selva donde todos acudíamos para obtener material de donde fuera", ha descrito gráficamente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Éste ha defendido la actuación de los técnicos municipales y ha anunciado que el ayuntamiento se personará en el procedimiento judicial ya iniciado en calidad de perjudicado. "Nunca supusimos que ese dinero iba a acabar donde acabó", ha declarado el regidor.

Luis Medina es el paradigma de intermediarios que se lucraron con el negocio de las mascarillas

Medina Abascal y Luceño Cerón tienen una cita a las 12.30 horas del próximo 25 de abril ante el titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, al que ha correspondido la querella presentada por la Fiscalía tras apreciar que los hechos pueden ser constitutivos de al menos tres delitos: estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Los dos comisionistas, a los que el magistrado embargará bienes de manera preventiva por si en el futuro fueran a juicio y resultaran condenados, comparecerán con la condición procesal de investigado.

Uno de los elementos que sustenta la acción del Ministerio Público es el "exagerado e injustificado" beneficio que les reportó la operación a estos dos imputados. Ese criterio es aplicable a muchas de las contrataciones que el Ministerio de Sanidad formalizó en la primavera del año 2000 acuciada por la necesidad de surtir de material de protección a los profesionales sanitarios y de otros servicios esenciales ante la rápida propagación de la pandemia.

En un escrito fechado el 30 de abril de 2020, un militar jubilado residente en Madrid cuya identidad se corresponde con las iniciales F. J. C. A. presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigara el "sobrecoste escandaloso" de más de 50 millones de euros que el departamento entonces dirigido por Salvador Illa habría abonado por diversos productos (mascarillas, batas desechables, gel desinfectante, guantes de nitrilo y respiradores), quiénes habían sido los intermediarios beneficiados y a dónde había ido "el dinero malgastado".

Batas a precio de "Louis Vuitton"

En el caso de las batas, el denunciante exponía que, mientras las empresas españolas las habían vendido a precios que oscilaban entre los 0,27 y los 1,86 euros (dependiendo de si son desechables o impermeables), el coste unitario del producto servido por empresas chinas fue desde los 15,58 a los 22,07 euros. "Las diferencias en los precios de compra son tan señaladas que nos hace preguntarnos si detrás de alguna de las adquisiciones está la marca Louis Vuitton", planteaba de forma sarcástica.

En cuanto a los guantes, la denuncia calculaba en más de un 200 % el sobreprecio abonado por el material suministrado por la firma china Hong Jin Medical Science & Technology Service Ltd. en relación al presupuesto que Sanidad cerró con tres proveedores españoles: Medline International Iberia (277 %), Sanicen (244,10 %) y Suministros Hospitalarios (211,76 %).

Algunas de esas operaciones son las que investiga el Juzgado de Instrucción 26 de Madrid, que la pasada semana tomó declaración como "investigados" a tres altos cargos con responsabilidad en las compras de emergencia. Se trata de Alfonso Jiménez Palacios, entonces director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y hoy jubilado; Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común de Servicios del Servicio Nacional de Salud y Farmacia, y Paloma Rosado, directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación (Ministerio de Hacienda y Función Pública).

Se trata del procedimiento iniciado tras la querella presentada el 5 de mayo de 2020 por Vox, que acudió a los tribunales tras apreciar "deficiencias y muchas irregularidades" en al menos 13 de los 56 contratos que había analizado. La suma de esas operaciones bajo sospecha -cerradas entre el 13 y el 25 de marzo- alcanza al menos los 310 millones de euros, según la formación que lidera Santiago Abascal.

Entre esas compras se encuentra el encargo que la Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia hizo el 24 de marzo de 2020 a Hyperin Grupo Empresarial -una empresa madrileña cuya objeto social es la "fabricación de elementos de yeso para la construcción"- para el el suministro de 144 dispositivos de ventilación mecánica invasiva del modelo Vivo-65. El precio se pactó en 3.310.560 euros (incluidos los 574.560 euros de IVA), cantidad que el ministerio adelantó en su totalidad al día siguiente a través de transferencia bancaria.

El 2 de abril de 2020, el administrador de Hyperin se dirigió a Sanidad para comunicarle que no podía suministrarle el modelo propuesto y le planteó como alternativa otro tipo de respirador: el Avante MVP, del fabricante estadounidense Avante Health Solutions. El ministerio rechazó esa alternativa por no reunir los dispositivos propuestos "las condiciones y requerimientos exigidos", lo que llevó a Hyperin el 7 de abril a renunciar al contrato y a solicitar que le facilitaran un número de cuenta para proceder a la devolución del dinero.

Sanidad trata de recuperar aún 1,8 millones del encargo de 144 respiradores que hizo a un fabricante de yeso

Más de dos años después de abonar el dinero, el Estado intenta en vía ejecutiva que este intermediario le devuelva 1.801.481,74 euros (el 54,4 % del total), según ha reconocido en respuestas a solicitudes de información tramitadas a través del Portal de la Transparencia. El plazo para la devolución del dinero en vía voluntaria expiró 5 de julio de 2020 y, en ese margen, la compañía sólo había reintegrado 1,5 millones.

En contestación a una pregunta escrita del grupo del PP en el Senado, el Gobierno admitió el pasado 3 de marzo que la cuantía total pendiente de devolución ascendía en ese momento a 9.791.513,80 euros, de los que 5.954.881,84 euros los reclama en vía ejecutiva y 3.836.631,96 euros en voluntaria. En total, el Ejecutivo ha iniciado 16 expedientes de reintegro por un montante de 99.841.633,21 euros, de los que le queda por recuperar el 9,8 %. Los contratistas exigían el dinero por adelantado en aquellas fechas para servir la mercancía.

Otros encargos fallidos han sido los que se firmaron con la empresa barcelonesa Member of the Tribe SLU, a la que el Ingesa -el organismo mediante el que el Ministerio de Sanidad canalizó las compras junto con la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Servicio Nacional de Salud y Farmacia- le adjudicó dos contratos de emergencia durante el primer semestre de 2020 por un importe conjunto de 9,44 millones.

El fiasco del fabricante turco

El primero se firmó el 14 de mayo y consistió en el suministro de 52 millones de guantes de nitrilo de varias tallas por 5.564.000 euros, lo que arrojaba un precio unitario de 0,107 euros. La compañía incumplió los plazos de entrega -10 días naturales- y Sanidad comenzó los trámites para resolver el contrato, del que había adelantado el 30 % del dinero (1.669.200 euros). Para ello ha requerido un dictamen al Consejo de Estado, que el pasado 6 de mayo avaló la rescisión del contrato.

El 1 de junio de 2020, el Ingesa volvió a recurrir a esta empresa intermediaria -constituida en abril de 2019 y cuyo objeto social es el "diseño, fabricación, importación, exportación y comercialización de prendas de vestir y accesorios"- para que le proporcionara 40 millones de guantes por 3.880.000 euros (0,097 euros por unidad). El fiasco del primer encargo propició que se suspendiera este segundo contrato.

Como ha informado este diario, Member of the Tribe interpuso una querella contra el fabricante turco (Mannesmann Medical) que debía producir los 52 millones de guantes de nitrilo, al que responsabiliza del incumplimiento y de haberse quedado con el dinero. Esa acción ha recaído en el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona y en ella se ha personado Sanidad como perjudicado.

Tanto el encargo realizado a Hyperin Grupo Empresarial como a Member of the Tribe figuran en la denuncia que el grupo del PP en la Asamblea de Madrid presentó ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 10 de marzo para investigue la posible comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos. Las 11 contrataciones a las que los populares le han puesto el foco suman 326 millones de euros.

El PP presentaba el escrito semanas después de que el PSOE, Podemos y Más Madrid hubieran acudido al Ministerio Público por el contrato para el suministro de 250.000 mascarillas FFP2-3 que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudicó a Priviet Sportive SL, una empresa que retribuyó con 55.850 euros (más IVA) las gestiones que el hermano de Isabel Díaz Ayuso llevó a cabo para conseguir el material sanitario en China y su posterior traslado a Madrid.

El requisito de la solvencia

En sus primeros informes, el Tribunal de Cuentas está poniendo de manifiesto la disparidad de precios que se pagó por productos similares en fechas cercanas, la falta de relación de la actividad social de los proveedores con el objeto del encargo y las extendidas deficiencias existentes en los expedientes administrativos que sustentan las contrataciones. El máximo órgano fiscalizador ha constatado en la muestra analizada que en muchas de las operaciones no se revisó la solvencia económica, financiera y técnica exigible.

En el dictamen con el que avaló la rescisión del contrato que el Ingesa firmó con la empresa Member of the Tribe, el Consejo de Estado dejó claro que, aun en los casos en los que se acude a la contratación de emergencia, "la Administración contratante no queda relevada de la obligación de verificar el cumplimiento por los contratistas de los requisitos básicos establecidos en la Ley de contratos del sector público para garantizar su capacidad y solvencia, así como para valorar la relación de su actividad con el objeto del contrato que se pretende celebrar".