Izquierda Unida ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) porque considera que la Justicia española ha vulnerado los derechos fundamentales a un proceso equitativo y a la tutela judicial efectiva por negarse a investigar las actuaciones presuntamente delictivas que, según denunció la formación política, habría cometido Juan Carlos I.

Izquierda Unida (IU) y Partido Comunista de España (PCE) se querellaron ante el Tribunal Supremo contra el rey emérito, su examante Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, el comisario investigado en la Audiencia Nacional, José Manuel Villarejo, y los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga por hasta 13 delitos, entre ellos presunto cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública o blanqueo. Esa primera querella se presentó en 2018, cuando salieron a la luz las denominadas cintas de Corinna, el audio en el que la empresaria alemana contó al comisario Villarejo que el emérito pudo cobrar una comisión millonaria del rey saudí Abdul Aziz Al Saud por mediar en el contrato de adjudicación del AVE a La Meca a una unión de empresas españolas.

Posteriormente, cuando se conocieron las cuentas en Suiza vinculadas a dos fundaciones de las que el emérito habría sido beneficiario, las entregas de regalos y dinero en efectivo del empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause de los que habrían disfrutado otros miembros de la familia real española y la existencia de un trust con fondos millonarios en Jersey que ha investigado la Fiscalía española, archivando finalmente sus diligencias preprocesales, los recurrentes ampliaron su querella.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó tanto la primera querella como la ampliación. IU y PCE presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en 2021 que también fue rechazado, con lo que se agotaron las vías para que la justicia española investigara a Juan Carlos de Borbón.

Denuncian opacidad del Supremo y la Fiscalía

IU y el PCE, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, se refiere en su demanda a la "naturaleza opaca" de la actuación del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, "que no ofreció resultado alguno en los más de dos años trascurridos sin practicar diligencias desde que en diciembre de 2018 registraron una querella contra el anterior jefe del Estado".

De la misma manera, se denuncia la interpretación que hace el Tribunal Supremo de la inviolabilidad de la que goza el todavía rey emérito, en contraposición a la decisión del juez británico Mathew Nicklin de seguir con la causa abierta en Reino Unido contra el rey emérito por la demanda que interpuso su ex amante Corinna Larsen por acoso y hostigamiento. Concluyó que la inmunidad no le protege frente a los hechos de su ámbito privado.

Los demandantes consideran, en relación a los argumentos esgrimidos por el Supremo para archivar la querella interpuesta y por la Fiscalía para no investigar a Juan Carlos de Borbón, que la justicia española le ha concedido una suerte de inmunidad para ser impune ante la comisión de cualquier delito, lo que va en contra de la legislación europea.

"La justicia española -se especifica en la demanda- ha dado carta blanca al ex monarca para que pueda delinquir sobre persona o bienes jurídicos especialmente protegidos sin que tenga responsabilidad penal alguna".