El titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, Adolfo Carretero, no ha podido proceder al embargo de las cuentas de Luis Medina, el empresario investigado por supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid por inflar el precio de provisión de mascarillas al inicio de la pandemia de coronavirus, porque tiene 250 euros en el banco.

El instructor ha instado a la Fiscalía y a las acusaciones de la causa para que propongan otras medidas económicas de embargo con las que garantizar que se pueda bloquear el dinero correspondiente a la responsabilidad civil que le correspondería en caso de ser condenado, según ha adelantado Eldiario.es y confirman fuentes jurídicas, puesto que no conserva los bonos bancarios que compró con las comisiones y tiene saldo insuficiente en sus cuentas.

Este martes, el juez daba inicio a la investigación contra Medina y su socio, Alberto Luceño, por los presuntos delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por la venta de mascarillas con un precio inflado al Ayuntamiento de Madrid que les habría permitido llevarse comisiones millonarias en marzo de 2020.

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que presentó una detallada querella contra ambos el pasado 6 de abril, el instructor ha dado al Ayuntamiento de Madrid la condición de acusación particular en el procedimiento "por ser perjudicado" de los presuntos delitos por los que se abre la causa contra los comisionistas, que según las pesquisas de la Fiscalía se habrían comprado una vivienda en Pozuelo, coches de lujo, relojes de la marca Rolex o un yate con las comisiones que se llevaron por la provisión de material sanitario.

"En el momento álgido de la pandemia, con miles de muertos"

El juez admite al PSOE y a Podemos también como acusaciones populares "ya
que los delitos investigados no sólo afectan a los fondos públicos, sino que tienen un interés general y una enorme repercusión pública, al investigarse el manejo de los citados fondos en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia de COVID-19, con miles de fallecimientos diarios, y determinar si esos fondos beneficiaron a determinadas personas particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos", consideró en un auto de este 12 de abril al que tuvo acceso El Independiente.

La concejal del Ayuntamiento madrileño y portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, así como su partido, también figurarán como acusación popular en cuanto dirijan un último paso procesal necesario, según la resolución judicial.