La Fiscalía ha presentado este miércoles al Tribunal de Cuentas su demanda contra 35 personas a quienes considera responsables contables del desvío de fondos públicos a la organización del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y los gastos de promoción del proceso independentista en el extranjero.

Entre esas personas, se dirige contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y contra el ex vicepresidente Oriol Junqueras, así como contra los ex consejeros catalanes Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull.

El Ministerio Público cifra el importe reclamado por la preparación del referéndum en 1,2 millones de euros y por la promoción del procés en el exterior a través de las denominadas embajadas catalanas y el Diplocat en 2,2 millones. En total, cifra en 3,4 millones de euros el importe que considera debería reclamar el máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas. La cuantía total reclamada por la Fiscalía es la mitad de lo que reclamaba la delegada instructora Esperanza García, que ascendía a 9,5 millones de euros.

Precisamente la demanda se divide en dos partes: la ejecución de la responsabilidad civil por el delito de malversación de los gastos de la consulta ilegal del 1-O por la que la Sala Segunda del Tribunal Supremo condenó a parte de los políticos independentistas y la fiscalización efectuada por el Tribunal de Cuentas sobre la acción exterior de la Generalitat y el Diplocat, "que incluye tanto los viajes realizados por el Presidente y los consejeros de la Generalitat, como los gastos efectuados por las distintas delegaciones de la Generalitat en el extranjero y las diversas actividades de la entidad Diplocat, tanto aquellas destinadas a promocionar el proceso soberanista, según el informe de fiscalización, como otra serie de gastos", ha informado el Ministerio Fiscal.

Incluye a los consejeros rebeldes

Respecto a la primera, la demanda postula la responsabilidad contable de Puigdemont, Junqueras y los consejeros condenados por malversación (Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull). También incluye a los consejeros rebeldes Antoni Comín y Lluis Puig, es decir, a quienes se marcharon de España igual que Puigdemont para evitar ser juzgados.

La demanda imputa a Puigdemont la responsabilidad contable "en atención a su condición de responsable máximo de la Generalitat"

Respecto de estos dos consejeros, la Fiscalía especifica que aunque no haya un pronunciamiento porque no fueron juzgados, "sí hay un camino marcado por la sentencia del Tribunal Supremo que cita expresamente sus departamentos entre aquellos que comprometieron el gasto: Salud [Sr. Comín] y Cultura [Sr. Puig]". En cuanto a Puigdemont, al que tampoco ha podido juzgar aún la Sala Segunda, la demanda por presunta responsabilidad contable "en atención a su condición de responsable máximo de la Generalitat".

La Fiscalía no dirige finalmente la demanda contra las interventoras de la Generalitat ni contra Josep María Llové ni Natalia Garriga, "ambos en la estructura de Hacienda, (Secretario General y Directora General), quedan excluidos de la demanda, pues pese a estar incluidos en el acta de liquidación provisional en relación con los gastos del Call Center, no se incluye en la demanda ya que no fue objeto de condena en la STS 459/19". Tampoco contra Francesc Sutrías, director general de Patrimonio, "a quien no se le exige responsabilidad por la exclusión de los gastos relativos a Unipost y al Call Center", aclara la Fiscalía.

Igualmente el Ministerio Público excluye de la demanda, aunque sí estaban incluidos en el acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas los gastos relativos al uso de locales públicos para la celebración del referéndum. En cambio, la demanda sí recoge los gastos de cartelería para promocionar la consulta que cifra en 61.879 euros.

Menos de lo que reclamaba la instructora

En cuanto a la segunda parte, la de los gastos de promoción exterior del proceso independentista, la demanda "se centra en aquellos gastos de los que puede predicarse la incorreción contable, en los gastos en que incurrieron las delegaciones de la Generalitat en el exterior y en los gastos de la entidad Diplocat tanto por algunas actividades de promoción del proceso soberanista como por otros gastos injustificados", explica la Fiscalía.

En una nota enviada este miércoles Santo, día de presentación de la demanda, el Ministerio Público explica que "la afectación a algunos de los responsables disminuye de manera considerable respecto del importe reclamado por la instructora, y respecto de la demanda de Sociedad Civil Catalana es preciso acotar concepto a concepto, puesto que los demandados y las cuantías son divergentes. El importe reclamado en esta parte de la demanda asciende a 2.209.503,8 euros, mientras que el importe de la liquidación provisional era de 5.150.711,09 euros y el reclamado por la acción pública ejercida por Sociedad Civil Catalana asciende a 1.843.471,11 euros y hace referencia personas y a hechos solo parcialmente coincidentes, por lo que no es posible hacer una comparativa con esta".