El artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica establece que un ataque a un miembro de la OTAN representa un ataque a todas las naciones de la organización. Sin embargo, la adhesión de Ceuta y Melilla a este principio ha sido objeto de debate durante los últimos meses con peticiones al Gobierno para que promueva que sean incluidas de forma explícita. En la actualidad, en caso de ser agredidas, la defensa colectiva quedaría finalmente en virtud de la "decisión política" de los aliados, según ha explicado a Europa Press un portavoz la Alianza.

Esto es así porque el Tratado señala directamente la protección de los miembros de la OTAN cuando el ataque tenga lugar en Europa o en América del Norte, lo que dejaría fuera a Ceuta y Melilla, que se ubican en territorio africano. También incluye a los territorios insulares que se sitúen al norte del Trópico de Cáncer, lo que sí garantiza la protección de las Islas Canarias pero tampoco incluye a las dos ciudades autónomas, que no son islas.

Esto ha llevado a Vox y al Partido Popular a reclamar al Gobierno que promueva una modificación del Tratado para que mencione de forma explícita a Ceuta y Melilla y evitar que la defensa colectiva aliada no estuviera garantizada en caso de que las ciudades autónomas fueran víctimas de un eventual ataque.

El portavoz de la OTAN consultado por Europa Press remarcó el ámbito geográfico que establece el Tratado, pero apuntó que invocar el artículo 5 es en última instancia "una decisión política" que debe ser tomada por consenso por el Consejo del Atlántico Norte, el órgano de toma de decisiones de la OTAN, "basada en última instancia en lo que importaría en cualquier caso particular".

En cualquier caso, varios expertos aluden al artículo 4 del Tratado, que contempla que se consulte una actuación a los países miembros en caso de que "la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada". Esto, a su juicio, abre la puerta a que España pudiera reclamar la defensa colectiva en caso de un ataque a Ceuta o Melilla.

Este supuesto es que al que alude el PSOE cuando el asunto se ha debatido en las Cortes Generales y también es esgrimido por el PP, que sostiene que las ciudades autónomas están seguras y no hay que generar alarmismo, aunque apoya su mención explícita en el Tratado para evitar discusiones futuras.

Interpretación abierta

Un informe del Real Instituto Elcano ya avisa de que la posibilidad de un ataque armado a Ceuta o Melilla es un riesgo "no compartido" con el resto de miembros de la Alianza. Pero explica que, por ejemplo, una agresión que pusiera en peligro la seguridad del resto de aliados por su conexión con el terrorismo o la delincuencia transfronteriza "podría generar una respuesta colectiva para gestionar la crisis".

En cualquier caso, reconoce que incluir a todos los territorios bajo las garantías del artículo 5 aumentaría la capacidad de disuasión española, porque cualquier ataque armado "podría activar la asistencia mutua de los aliados a España".

También un estudio de 'Global Strategy', firmado por el coronel de Infantería de Marina retirado Francisco Javier Ayuela, sostiene que la protección de las dos ciudades autónomas por parte de la OTAN no puede contemplarse bajo la "literalidad" del Tratado y alude a la evolución de la Alianza y las decisiones adoptadas para garantizar "plenamente" la seguridad de sus miembros.

Además, hace hincapié en el Concepto Estratégico de la OTAN aprobado en Lisboa en 2010, que a su juicio abrió su ámbito geográfico. "Puede considerarse que la actuación de la OTAN se expande a cualquier lugar del globo donde estén amenazados los intereses vitales de los aliados", interpreta.

Ya en el año 1997, un documento del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el 'think thank' de Defensa, aludía a esta polémica y sostenía que, pese a que aparentemente Ceuta y Melilla se encuentran fuera de la Alianza por estar en territorio africano, en el protocolo de ingreso de España se habla de Reino de España, "sin hacer ninguna especificidad", por lo que interpreta que las ciudades autónomas también están incluidas.

Debate parlamentario

El asunto sido abordado en varias ocasiones en el Parlamento durante los últimos meses y las dos veces que se ha votado ha sido para rechazar instar al Gobierno a que promueva su mención explícita en el Tratado. El primer debate fue en el Congreso a raíz de una proposición no de ley presentada por Vox en junio del año pasado, justo después de la crisis diplomática abierta entre España y Marruecos a cuenta de la avalancha de migrantes marroquíes que entraron de forma ilegal en Ceuta. Y meses más tarde se reprodujo el mismo debate en el Senado.

Vox alude al disenso que hay sobre el tema y sostiene que "la mejor solución" sería una modificación del artículo 6 del Tratado para que las dos ciudades autónomas queden recogidas explícitamente. Además, recuerda que la adhesión de Francia y Turquía a la Alianza sí que supuso una ampliación de este artículo para que la consideración de ataque armado incluyese "los departamentos franceses de Argelia, contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de las partes en la zona del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer".

Sin embargo, el PSOE acusó a los de Santiago Abascal de sembrar "dudas y desconfianza". "Frente a cualquier conflicto o amenaza proveniente del exterior, estamos seguros de que España contará con sus aliados de las múltiples formas que los mandos militares saben establecer", sostuvo la portavoz socialista en Defensa, Zaida Cantera.

Por su parte, el PP también se manifestó en contra de la "perspectiva apocalíptica" de Vox sobre una amenaza militar sobre Ceuta y Melilla y apuntó que la actual redacción del Tratado ya puede contemplar su protección, aunque apoyó la iniciativa al no ver mal que se realice una clarificación de forma explícita.

El Gobierno: 'No hay previsiones'

También el expresidente de los 'populares' Pablo Casado exigió públicamente al presidente Pedro Sánchez que aborde con el resto de países aliados esta cuestión. Y la ya secretaria general del PP, Cuca Gamarra, volvió a reclamarlo desde el Pleno del Congreso en el debate sobre el Sáhara en el que compareció el jefe del Ejecutivo.

En cualquier caso, el Gobierno zanjó el asunto en una respuesta por escrito formulada por el grupo parlamentario de Vox el pasado año. "No hay previsiones de realizar acciones diplomáticas en el sentido indicado en la pregunta", dijo el Ejecutivo.