El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), hoy en el ojo el huracán por el caso de espionaje político a más de sesenta dirigentes del procés catalán, lleva más de tres años sin someterse a la fiscalización de sus actividades por parte de la comisión de secretos oficiales del Congreso. La situación no es atribuible al Centro, sino a la falta de acuerdo político entre los Grupos Parlamentarios, con vetos a ERC, Bildu y Junts.

La situación se remonta a 2019 cuando esta comisión parlamentaria celebró su última reunión en el mes de marzo. Posteriormente, se convocaron las elecciones generales de abril de ese mismo año y la repetición de las mismas el 10 de noviembre. Pero si a partir de ese momento, una vez hubo Gobierno, se constituyeron el conjunto de las comisiones parlamentarias, no pasó lo mismo con la destinada a fiscalizar tanto al CNI como el uso de los fondos reservados.

La constitución de esta comisión necesita del apoyo mínimo de 210 votos

¿La razón? Dado el material sensible que maneja esta comisión, por afectar a cuestiones de seguridad del Estado, su composición necesita ser refrendada por una mayoría reforzada del pleno del Congreso de los Diputados, en concreto, por tres quintos de la Cámara, esto es 210 votos, lo que exige un acuerdo político de amplio espectro.

Y ahí surgen las dificultades. A esta comisión se integra un representante de cada Grupo Parlamentario -normalmente sus respectivos portavoces- bajo la dirección de la persona que ocupa la presidencia del Congreso, en este caso, Meritxell Batet. Pero PP, Vox y Ciudadanos dejaron claro al arranque de la legislatura su negativa a facilitar la entrada de ningún miembro de ERC, EH Bildu o Junts para que no tuvieran acceso a materia reservada que puede comprometer la seguridad del Estado. Y sin los votos populares es imposible sumar 210 papeletas, pues la elección se hace en urna.

Por eso sus señorías deberán conformarse con la comparecencia de Margarita Robles en la comisión de Defensa del Congreso para hablar de cuestiones de su Ministerio y, a preguntas de los diputados, también de la presunta implicación del CNI en el caso del espionaje con el programa Pegasus. A fin de cuentas, el CNI depende orgánicamente de ella. Pero lo que pueda revelar ahí la ministra estará muy limitado por el carácter reservado de las actividades del Centro.

Del mismo modo, también llevan tres años sin fiscalizarse los fondos reservados que manejan los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores, de los que debieran dar cuenta cada seis meses.

Robles no podrá ofrecer explicaciones sobre materias reservadas

El PSOE dice estar dispuesto a poner en marcha la comisión parlamentaria. Así lo manifestó recientemente su portavoz parlamentario, Héctor Gómez, a Europa Press. "Nuestra voluntad siempre ha sido alcanzar un entendimiento con todos los grupos y se la hemos trasladado al PP. Posiblemente la dificultad está en los vetos cruzados de otros grupos, pero queda clara la voluntad del PSOE para hablar con otros grupos para poner en marcha la comisión".

Sin embargo, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, se malicia de que tampoco al Gobierno le interesa constituir dicha comisión porque "no quiere que le pidan estar sus 'amigos', que no son muy de fiar".