La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos de la Fiscalía Anticorrupción, de las acusaciones ejercidas por PSOE y Podemos, así como de la mayoría de los investigados en el caso Kitchen y confirma los indicios para juzgar a la antigua cúpula del Ministerio del Interior por el espionaje realizado al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados del Estado. Descarta indicios contra la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, por lo que la deja fuera del juicio.

Los magistrados respaldan así el cierre de la causa que hizo el juez Manuel García-Castellón, y que la Fiscalía Anticorrupción consideró "precipitado", recurriéndolo y solicitando a la Sala que reconsiderase el archivo para De Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, así como reprochando que no se hubiera citado como investigado al director de la Policía Nacional en el momento en que se desplegó el operativo, entre 2013 y 2015: Ignacio Cosidó.

La Sala confirma los indicios que vio el instructor para juzgar al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, así como a su número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. También coloca a un paso de la vista oral a otras nueve personas, entre ellas el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el ex chófer de la familia Bárcenas Sergio Ríos Esgueva que actuó como confidente de la Policía, el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) del mismo Cuerpo Enrique García Castaño, el antiguo responsable de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, el ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera, los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano y el ex asesor de Seguridad de Cospedal en la Junta de Castilla-La Mancha Andrés Gómez Gordo.

Espionaje a Luis Bárcenas

El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha investigado, desde noviembre de 2018, la operación de espionaje que se desplegó durante el Gobierno de Rajoy al ex tesorero popular nada más salir a la luz que tenía cuentas en Suiza y sus famosos 'papeles', en los que recogió la financiación irregular del Partido Popular. Es una de las piezas separadas en las que el magistrado García-Castellón fue desgajando el caso Villarejo.

Según ha confirmado la investigación, la cúpula policial del momento fichó al chófer de la familia Bárcenas como confidente para que hiciera seguimientos a Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, con el supuesto fin de evitar que la información que el extesorero tenía en sus manos, y que podía comprometer a altos cargos de la formación en el Gobierno, salieran a la luz.

Para tal fin, le pagaron 2.000 euros mensuales durante dos años con cargo a los fondos reservados del Estado en manos de Interior y, según considera el juez, le facilitaron la entrada a la Policía con 42 años. Los hechos, a juicio del instructor, podría ser constitutivos de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

El archivo de Cospedal y su marido

En relación con la petición de revocar el archivo de la causa para Cospedal y su marido, la Sala examina todas las conversaciones, anotaciones y mensajes que según el fiscal probarían su implicación en los hechos y concluye no son suficientes indicios de su participación en los hechos investigados, toda vez que quedan debilitados por los testimonios de los investigados Villarejo, Ríos y el inspector de Policía y asesor de la ex presidenta de Castilla-La Mancha Andrés Manuel Gómez Gordo.

La Sala valora el reconocimiento de De Cospedal y López del Hierro de sus reuniones con Villarejo por "cuestiones al margen de los hechos investigados". Por ello, el Tribunal comparte los razonamientos del juez instructor cuando cerró al causa para ellos basándose en doctrina del Tribunal Supremo según la cual el auto de transformación a procedimiento abreviado es un filtro en manos del juez de instrucción para depurar el objeto procesal y expulsar mediante el sobreseimiento aquellos hechos investigados no respaldados por indicios fundados de comisión y continuar así el proceso respecto aquellos que cuentan con una base indiciaria sólida, evitando la apertura de juicios innecesarios.

Del mismo modo, los magistrados consideran que, en relación con la solicitud de declaración como investigado del ex director de la Policía Ignacio Cosidó, de lo investigado no se desprenden indicios suficientes que sustenten ese interrogatorio. Respecto del resto de testificales propuestas por el Ministerio Público, la Sala de lo Penal explica en su auto que no van a declarar nada que no se haya podido probar desde 2015 a lo largo de la instrucción de esta pieza separada.

Rechazan identificar los móviles de Rajoy

En relación con la petición de realizar las pesquisas para identificar todos los datos relacionados con cinco números de teléfono móvil aportados por Villarejo, que según este con uno de ellos se comunicaba con el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy, los magistrados también rechazan la práctica de esta diligencia al considerarla innecesaria porque las comunicaciones que decía mantener el comisario con ese número carecen de soporte indiciario alguno.

Respecto al resto de teléfonos, uno de ellos de titularidad del PP, la Sala señala que no existe ningún indicio de que Villarejo se comunicara con dicho número. Añade que alguien que desempeña un trabajo con el del investigado pudo obtener dichos números de una forma relativamente fácil y que poder hacerse de muchas maneras no ilícitas "y en modo alguno implica necesariamente que quien disponga de esa información efectivamente se comunique con ese número".