El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla manda a juicio a dos ex directivos de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) por la presunta utilización de varias tarjetas bancarias de la entidad para el pago de los servicios en distintos locales de alterne de la región andaluza. Los dos acusados son el que fuera director Fernando Villén y la directora económica financiera entre los años 2004 y 2011, Ana Valls.

En un auto notificado este jueves a las partes, el magistrado José Ignacio Vilaplana abre juicio oral contra ambos investigados por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con otro de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, como sostienen la Fiscalía y las acusaciones ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A en sus escritos de calificación. Será un jurado popular el que enjuicie a los dos encausados en la Audiencia de Sevilla.

Tras las diligencias practicadas en fase de instrucción, el juez concluye que Villén, "prevaliéndose de su cargo como director técnico" de la Faffe, "habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad -que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados-, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación".

En total, el instructor cifra en 32.566 euros el dinero gastado en "locales de prostitución" que el ex director de la Faffe habría imputado al presupuesto de la entidad mediante el uso de las tarjetas bancarias que tenía asignadas para el desempeño de su puesto. "Con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos realizada", el investigado, "en connivencia" con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, "habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado" de forma que "en los libros diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad. 

Villén habría realizado pagos en prostíbulos por importe de 32.566 euros con las tarjetas que tenía asignadas

En este sentido, el magistrado expone que, "al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los acusados habrían utilizado la caja de la dirección económica financiera de la Faffe, simulando supuestas -en realidad, inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la Caja Central, para su posterior inclusión como tales en la contabilidad".

"De este modo, a los pocos días de registrarse el uso de las tarjetas en este tipo de locales, se localizan, en los correspondientes libros diarios de la Faffe, diferentes anotaciones en las que consta una devolución contable de los cargos realizados en la caja de la dirección general de la Faffe por el importe exacto dispuesto, reflejando para este tipo de apuntes los conceptos ‘Ingreso F.V.' y 'Devolución Visa F.V.", detalla el magistrado en el auto.

"Mecánica delictiva"

En relación con la otra acusada, el magistrado cree que pudo "omitir" intencionadamente actos a fin de cooperar o encubrir la "disposición ilícita de fondos públicos" que realizó Villén, "pudiendo así haber participado en la elaboración, utilización o manipulación de documentación mercantil o contable, con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados". Como directora económica-financiera, la encausada "habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la fundación, en particular de la caja central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada".

Por todo ello, Vilaplana acuerda decretar la apertura de juicio oral contra los dos investigados por un presunto delito continuado de malversación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público -sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que sea atribuida a los mismos en conclusiones finales-, siendo el órgano competente para enjuiciar los hechos el tribunal del Jurado.