La Junta de Portavoces del Parlament ha aprobado este jueves una declaración conjunta en la que condena el Caso espionaje, que afecta a miembros de la cámara y otros actores del independentismo y exige "al Gobierno del Estado" que investigue el caso. Un texto aprobado con los votos de ERC, Junts, CUP y comuns, pero no el PSC.
Los socialistas se han desmarcado del texto después de que sus promotores rechazaran eliminar expresiones como "causa general contra el independentismo" y "persecución a la disidencia" incluidos en él. Otras de las enmiendas socialistas rechazadas proponía sustituir la apelación directa al Gobierno por la exigencia "al Estado" de una investigación rápida y transparente.
Espionaje contra la disidencia
En la declaración, el Parlament "exige al Gobierno" que se investigue "con máxima celeridad y transparencia en los órganos pertinentes" el supuesto espionaje. Reclama además "explicaciones" y que "se asuman las responsabilidades a todos los niveles" ante lo que tachan de "práctica ilegal de espionaje contra la disidencia política".
Reclaman además la "adopción urgente" de medidas para erradicar "el espionaje político antidemocrático" y garantizar que nadie pueda ser víctima
de "espionaje y persecución por defender un proyecto político".
La declaración asegura que el "caso de ciberespionaje masivo" supone una vulneración flagrante de derechos y manifiesta su solidaridad con las personas afectadas, entre las que recuerda que figuran la presidenta de la Cámara, Laura Borràs; el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, los expresidentes Quim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas, y otros diputados del Parlament.
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