Los cinco sindicatos representativos en la Policía Nacional (Jupol, SUP, CEP, SPP y UFP) han dado la espalda al texto del futuro decreto por el que se aprobaría el nuevo reglamento de procesos selectivos y formación del Cuerpo al entender que, de entrar en vigor en los términos en los que se ha redactado, supondría un "ataque a la promoción interna" y generaría "desigualdad".

La Dirección General convocó este martes una reunión extraordinaria de la Comisión de Personal y Proyectos para abordar monográficamente el último borrador. Éste recoge algunas de las alegaciones que las organizaciones sindicales han venido planteando en las sesiones mantenidas en los dos últimos meses, pero no ha logrado que ninguna votara a favor. La duda es si continuará adelante su tramitación o, por el contrario, se volverá a emplazar a los representantes de los agentes a la mesa de negociación para tratar de consensuar el texto.

Desde que la Ley orgánica de régimen de personal entró en vigor a mediados de agosto de 2015, los sindicatos policiales vienen reclamando que se elabore una norma de desarrollo que modernice los procesos selectivos en el Cuerpo. Es lo que ha pretendido el equipo que dirige Francisco Pardo Piqueras, sin que por el momento haya conseguido el respaldo de una sola organización.

"No podemos apoyar proyectos que menoscaban derechos de los funcionarios que han depositado en nosotros la confianza para representarles en las mesas de negociación. No se tiene en cuenta la carrera profesional, penalizando sobre todo a la escala básica", critica el portavoz de Justicia Policial (Jupol), Pablo Pérez.

El representante del sindicato mayoritario pone como ejemplo de esa 'penalización' el hecho de que en los ascensos se reserve para esta escala (policías y oficiales) sólo el 40 % de las plazas mientras que para otras la tasa de reserva es del 60 %. "No podemos permitir que haya este tipo de desigualdad y se penalice la trayectoria y la carrera profesional. Pese a que sí se han tenido en cuenta algunas alegaciones presentadas por este sindicato, tenemos que decir un 'no' rotundo a este borrador", remacha Pérez.

"De forma atropellada"

A juicio del Sindicato Unificado de Policía (SUP), la norma llega "de forma atropellada" y plantea unas exigencias académicas a los ya funcionarios "sin haber facilitado herramientas formativas". En su opinión, el texto es "abstracto" en algunos puntos al quedar condicionado al desarrollo mediante órdenes ministeriales y "mejorable" en otros.

El SUP aboga por que el ingreso en la Policía Nacional sea preferentemente a través de la escala básica y, tras un tiempo mínimo de permanencia y ostentando la titulación académica exigida, se pueda acceder a la escala ejecutiva. "Cómo se pretende dirigir unos servicios, y mandar un grupo humano, sin conocer de base la actividad policial más allá del 'conocimiento teórico' que se presupone con el actual sistema de selección y formación para aquellos que acceden directamente al Cuerpo por la escala ejecutiva (acceso libre) y que todos conocemos", razona en la circular informativa que ha enviado a sus afiliados tras la reunión de este martes.

Los tiempos mínimos de permanencia en las diferentes categorías, los porcentajes de ascenso entre antigüedad y concurso-oposición o la certificación de idiomas para ascender sin esperar a que eche a andar el centro de formación son otros de los aspectos que censura este sindicato, que sí reconoce mejoras en materia de protección derivadas del embarazo, nacimiento, adopción o acogimiento y en lo relativo al ascenso a la escala ejecutiva primera categoría.

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"El texto que nos proponen supone una discriminación intolerable para miles de compañeros de todas las escalas", sostiene en un comunicado interno la Confederación Española de Policía (CEP), que critica el hecho de que se pretenda que el curso de actualización que se ha de superar para poder ascender caduque a los cinco años en lugar de tener plena vigencia como ocurre ahora. "O toda la formación tiene que ser revisada y cuestionada -que no debe ser así, por supuesto- o es intolerable que la Administración se cebe con la de quienes ascienden con todo el esfuerzo del mundo y tras muchos años de dejarse la piel en el servicio, sin tener tiempo para estudiar", agrega.

Esta organización tampoco pasa por alto que se pretenda aumentar el tiempo de espera de cinco a seis años para que un inspector jefe pueda ascender a comisario, lo que -en su opinión- provocará que el plazo sea "mucho más ajustado" para poder acceder a la escala superior. "No podemos apoyar un texto en el que haya una sola lesión de las expectativas profesionales de los compañeros, sean de la escala que sean (sin olvidarnos, además, de los facultativos y técnicos)", resume.

Tampoco ha encontrado la Dirección General el respaldo del Sindicato Profesional de Policía (SPP), para quien el texto "no cumple con las expectativas que muchos mandos tienen de cara" al desarrollo de su carrera profesional. Para este sindicato, se desaprovecha la ocasión de crear una norma que venga a modernizar los procesos selectivos dentro del Cuerpo.

Modernidad y eficacia

"Entendemos que no aborda una reforma estructural del sistema de acceso y promoción basado en criterios de modernidad y eficacia, y nos avoca a un sistema de oposición continuo para aquel funcionario policial que tenga el objetivo de adquirir mayores responsabilidades", interpreta el SPP. Y añade: "Creemos que el establecimiento del sistema de concurso-oposición en todos los procesos de ascenso queda lejos de la conformación de una auténtica carrera profesional basada en los principios de objetividad, transparencia, igualdad de oportunidades y adecuada ponderación de los méritos profesionales".

El Sindicato Profesional de Policía defiende que debe existir un baremo "íntimamente ligado a la fase de concurso", máxime después de que el Tribunal Supremo -en sentencias dictadas los días 22 y 28 del pasado mes de marzo- haya avalado que el historial profesional "se debe tener en cuenta a la hora de promocionar".

Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) entiende que el borrador que la Dirección General ha puesto encima de la mesa "desprecia las capacidades" que los agentes han desarrollado en sus años de servicio, al tiempo que llama la atención sobre el hecho de que se disminuya el tiempo de permanencia en la categoría de inspector por oposición libre a siete años mientras se deja la de promoción interna en cinco.

Igualmente, no pasa por alto que se quiera dar un plazo de validez de cinco años al curso de especialización, que se quiera introducir el idioma extranjeros en los procesos selectivos "con el fin de ralentizar la promoción interna" y, como también ha defendido el SUP, la Administración no acceda a reservar un porcentaje de plazas de ingreso para los hijos y huérfanos del Cuerpo como sí se hace con los militares de tropa y marinería.