Gonzalo Boye, abogado de algunos de los políticos independentistas espiados en el ya denominado Catalangate por el que el presidente de la Generalitat Pere Aragonés ha pedido al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que asuma responsabilidades, presentará querellas por revelación de secretos y daños informáticos, entre otros presuntos delitos, en todos los países donde se encontraban los afectados cuando sus móviles fueron hackeados.

El terminal del propio letrado, defensor de los expresidentes Carles Puigdemont y Quim Torra, fue uno de los que sufrieron más ataques, hasta 18, con el software israelí Pegasus que la compañía NSO Group distribuye únicamente a estados y servicios de inteligencia nacionales, según la investigación tecnológica de Citizen Lab desvelada por el semanario The New Yorker.

De ahí que la Generalitat pida explicaciones al Gobierno para que aclare si encargó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que espiara a los líderes independentistas después incluso de haber emitido el Tribunal Supremo la sentencia del procés, puesto que las comunicaciones del móvil de Aragonés fueron intervenidas entre otoño de 2019 y enero de 2020.

Desde el Gobierno central afirman -lo han hecho la ministra de Defensa Margarita Robles y también la ministra portavoz Isabel Rodríguez- que todas las actuaciones han cumplido escrupulosamente con la legalidad. Sin embargo, en caso de que fuera el CNI quien interviniera las comunicaciones, el juez del Tribunal Supremo competente tuvo que autorizarlo previa petición del director de los servicios secretos, quien tuvo que motivar la amenaza que suponía para la ciudadanía o la democracia la actuación de hasta 65 personas (que fueron las espiadas) entre ellas la esposa de Puigdemont, periodista de profesión, para justificar actividades que invaden el derecho fundamental del secreto de las comunicaciones.

Rastrear pagos y otras averiguaciones

El abogado Boye, que también defiende a Toni Comín, el exconsejero de Salud del Gobierno de Puigdemont que se encuentra desde hace más de tres años en Bélgica reclamado por el juez del Supremo Pablo Llarena, explica a El Independiente que dirigirá sus denuncias a las jurisdicciones de los países donde se encontraran sus defendidos: fuera en España, Bélgica o Alemania.

El defensor de los independentistas espiados -afectado por el escándalo igual que los abogados de los diputados de Junts y ERC Jaume Alonso Cuevillas y Andreu Van den Eynde- aún no da por hecho que el CNI está detrás del espionaje. "No sabemos quién ha sido. Sabemos que lo materializa la empresa NSO, pero no quién lo encargó", afirma. Y eso será lo que pida investigar, quién estuvo detrás del ataque. Para averiguarlo, avanza, hay distintas vías. Una de ellas es solicitar que se pida a la empresa israelí las facturas cobradas por sus servicios, revisar sus cuentas para saber quién le encargó sus servicios.

El letrado estudia la información conocida hasta ahora para tomar una decisión sobre la estrategia a seguir respecto a sus defendidos la próxima semana. Lo que tiene claro ya es que denunciará los hechos allí donde se encontraran sus defendidos, sea en España o en otros países europeos.