El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anulado el viaje que tenía previsto hacer este jueves y viernes a Polonia "por motivos de agenda", lo que le permitirá estar presente en la votación en el pleno del Congreso del decreto con las medidas anticrisis por la guerra de Ucrania, que el Gobierno podría perder y en la que no puede prescindir de un solo voto.

Fuentes del Gobierno han informado a Efe de la anulación de ese viaje, que incluía su desplazamiento a Moldavia en la tarde del jueves y una visita a Polonia el viernes para entrevistarse con sus respectivos primeros ministros.

La intención es realizar el viaje más adelante para expresar la solidaridad de España con Polonia y Moldavia ante la acogida de refugiados ucranianos.

Lo cierto es que el Gobierno espera ahora mismo una abstención del PP que permita convalidar este jueves el decreto ley con el plan económico de respuesta a la guerra en Ucrania, ya que socios habituales como ERC amenazan con votar en contra si no se asumen responsabilidades por el supuesto espionaje a dirigentes independentistas.

Desde el Gobierno se ha pedido a los grupos parlamentarios responsabilidad para mantener medidas que están en vigor desde el 1 de abril y que incluyen ayudas directas, como la bonificación a los carburantes, por un importe total de 6.000 millones de euros, a los que se suman otros 10.000 millones en avales del ICO para préstamos bancarios.

"Espero un amplio apoyo, porque no encuentro justificación para negarse a bajar la gasolina, la luz y ayudar a los más vulnerables", ha dicho este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ha asegurado que se puede seguir hablando con el PP de otras medidas, pero que las que ya están en vigor tienen que ser convalidadas mañana.

El PP no ha revelado todavía el sentido de su voto, pero en la sesión de control su portavoz en la cámara baja, Cuca Gamarra, ha insistido en que "queda tiempo" para negociar y "hay margen para aplicar más medidas" de las que incluye el decreto del Ejecutivo, que en su opinión "llega tarde y es escaso".

Se refiere Gamarra a la necesidad de que el Gobierno cuente con algunas de las propuestas del plan económico remitido por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente Sánchez el pasado viernes, y que tendría un coste estimado de hasta 14.500 millones.

No parece que esas medidas vayan a ser aceptadas, ya que el propio presidente se ha preguntado este miércoles si el PP pretende "hacer magia o trampas", teniendo en cuenta que propone bajar impuestos y reducir déficit y deuda, pero hacerlo sin afectar de ninguna manera a los servicios públicos.

Vox sí ha dejado claro su rechazo a la convalidación del decreto ley, según ha dicho su presidente, Santiago Abascal, quien ha culpado a Sánchez de arruinar a los españoles con sus "políticas suicidas".

ERC aún no ha decidido su voto, pero todo indica que también votará en contra, en un momento marcado por el caso del supuesto espionaje a dirigentes independentistas.

Su portavoz, Gabriel Rufián, ha insistido en la necesidad de esclarecer lo ocurrido y ha recomendado al presidente que -por si acaso- pida el teléfono "al señor (Alberto) Casero", en alusión al diputado del PP que, por error, votó a favor de la reforma laboral y permitió que saliera adelante.

Ese supuesto espionaje también va a condicionar el voto de otros partidos como EH Bildu, JxCAT o la CUP.

Por el contrario, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha aclarado que su partido no va a "mezclar las cosas con asuntos que pueden ser trascendentales para la ciudadanía".

Por su parte, Ciudadanos ha condicionado su apoyo a la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares en España, en tanto que solo se abstendrá si obtiene del Gobierno algún compromiso como la deflactación de la tarifa del IRPF.

El decreto ley, cuya vigencia llega en principio solo hasta el 30 de junio, incluye la bonificación de al menos 0,20 céntimos por litro de carburante y la limitación al 2 % de la revisión de los alquileres; la prórroga de la rebaja de impuestos en la factura de la luz; extender el bono social eléctrico a más familias y a reducir un 90 % los llamados beneficios "caídos del cielo" a las eléctricas.