El Gobierno ha aceptado finalmente tramitar como proyecto de ley, tal como pedían el PP de Feijóo y otros partidos, el decreto con las medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania que se debatirá este jueves en el Congreso.

Fuentes del Ejecutivo han informado de la decisión de aceptar esa tramitación como proyecto de ley para permitir las aportaciones de los grupos parlamentarios.

Ese compromiso facilitará que el decreto consiga los apoyos necesarios para su convalidación, entre ellos la abstención del PP, que había puesto esa condición "a cambio de facilitar la aprobación del decreto".

El anuncio del Gobierno llega después de que el vicesecretario de Economía del PP y consejero andaluz, Juan Bravo, enviara una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidiendo negociar una serie de condiciones para apoyar el decreto anticrisis.

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo pedía al Gobierno, entre otras medidas, tramitar el decreto como proyecto de ley para incluir una rebaja fiscal.

La rebaja fiscal a rentas medias y bajas, reducir el IVA de la electricidad, medidas para agilizar la gestión de los fondos europeos y reducir el gasto burocrático y político son los cuatro compromisos que el PP exige para facilitar la convalidación del plan anticrisis.

En su carta de contestación al PP, Montero dice que se tramitará el plan como proyecto de ley "en la seguridad de que las medidas contempladas en dicho real decreto ley favorecen a la ciudadanía y palían, en gran medida, los efectos de la guerra, apoyando a los colectivos más vulnerables y a los sectores productivos más afectados en esta crisis".

Respecto a las medidas planteadas por el PP, Montero explica que requieren de un análisis más profundo para estimar su impacto económico y presupuestario.

La ministra reitera que el Gobierno "sigue con la mano tendida al PP, como viene haciendo desde el inicio de la Legislatura, para llegar a acuerdos que favorezcan a la ciudadanía y al conjunto del país".

El respaldo de socios habituales del Gobierno, como ERC, a este decreto todavía está en el aire debido a la polémica por el supuesto espionaje a dirigentes independentistas.

La decisión de aceptar la tramitación como proyecto de ley se ha adoptado pese a que el Gobierno había venido asegurando que no tenía sentido, ya que la duración de las medidas era de sólo tres meses a la espera de que la evolución de los acontecimientos llevara a que perduraran algo más en el tiempo.