"Aquí no va a rodar ninguna cabeza" aseguran desde Moncloa en respuesta a la exigencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que este miércoles ha reclamado el cese de la ministra de Defensa por el caso del espionaje a independentistas. Desde el Gobierno descartan explícitamente la dimisión de Margarita Robles y reclaman tiempo para conocer las conclusiones sobre las investigaciones anunciadas sobre el 'Caso espionaje' antes de anunciar cualquier asunción de responsabilidades.

Pero en Esquerra el enfado es monumental por lo que consideran insuficiente reacción del Gobierno ante los espionajes. Y están convencidos de que el coste de apoyar ahora al ejecutivo de Pedro Sánchez es mayor para ellos que el de dejar caer el plan de respuesta a la crisis, pese a los costes sociales inmediatos que tendría la anulación del decreto que rebaja la luz y los carburantes.

"No habrá decisión hasta el último momento" señalan fuentes de Esquerra, que insisten en la asunción de responsabilidades por parte de Margarita Robles. "No rebajaremos la presión a Sánchez hasta el último minuto, tiene un margen de horas para concienciarse del riesgo que corre".

Abstención de ERC y PP

Lo máximo a lo que puede aspirar el Gobierno es a una abstención republicana. Y conseguir que el PP se abstenga también para que no decaiga la batería de medidas diseñadas para amortiguar los efectos económicos de la Guerra de Ucrania. 16.000 millones de euros entre ayudas directas y créditos ICO, con las rebajas de la gasolina y la luz como medidas estrella.

Eso es explica la decisión anunciada por Moncloa a última hora de ayer, de tramitar el decreto como proyecto de ley, para permitir la introducción de enmiendas de los grupos. Era la primera exigencia del PP.

Todo lo que podía salir mal salió peor en la sesión de control al Gobierno del Congreso este miércoles. Al menos para los intereses del ejecutivo de Pedro Sánchez, que ve pender de un hilo la votación del decreto de respuesta a la crisis de Ucrania de este jueves. El presidente del Gobierno quería desplegar toda su capacidad de seducción para recuperar el apoyo de Esquerra a su decreto estrella. Y empezó llamando "Abascal" a Gabriel Rufián.

Minutos después, la ministra de Defensa, Margarita Robles, rompía los puentes -a criterio del independentismo- al defender implícitamente los espionajes. "Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien proclama la independencia" se preguntaba instigada por la CUP. Y Pere Aragonès no tardaba ni una hora en pedir su dimisión. O cese.

Ronda de urgencia

La crisis, agravada por esta intervención, llevó al ministro Félix Bolaños a convocar una ronda de contactos de urgencia para buscar apoyos la decreto. Mientras, Pedro Sánchez anulaba su viaje a Polonia y Moldavia para intentar salvar el decreto y estar presente en la votación, prevista para las 14.30 de hoy. Con el fantasma de la reforma laboral planeando sobre el Gobierno, hasta el último voto es necesario.

Primero con Cs, que reclama la exclusión de Bildu y ERC de la comisión de secretos oficiales para moverse del 'no' a la abstención. Después fue el turno de Rufián, al que Bolaños retó: "A ver cómo justificáis un no" al decreto. Pero en Esquerra están más presionados por el peso dado al 'Caso espionaje' desde la misma presidencia de la Generalitat. Y la presión de JxCat y la CUP, mayor si cabe que la que llevó al 'no' de Esquerra a la reforma laboral.

A lo único a lo que puede aspirar el Gobierno es a una abstención de los republicanos, y para ello exigen alguna cesión. Por ejemplo, la creación de una comisión de investigación al margen de la Comisión de secretos oficiales, como han reclamado tanto ERC como JxCat desde que estalló el caso.

Abstención del PP

En este contexto, el Gobierno ha vuelto a mirar hacia el PP, que este miércoles se ha dirigido por carta a la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, para exponer sus condiciones. La primera, que el decreto sea tramitado como proyecto de ley, ya ha sido aceptada por el Gobierno, que explica esta decisión para permitir las aportaciones de los grupos parlamentarios.

Además, reclaman los populares una rebaja de impuestos y reducir el IVA de la electricidad y el gas al 5%. También piden medidas para una gestión eficiente de los fondos europeos y reducir el gasto burocrático del Gobierno. Esto es, reducir el número de ministerios y altos cargos.