El Gobierno ha desvelado públicamente algunos detalles sobre el hackeo a los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa frente al silencio que ha mostrado en sede parlamentaria cuando se le ha preguntado por otros episodios similares con el argumento de que toda la información relativa a la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está clasificada como secreta.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha informado este lunes de la interposición de una denuncia ante la Audiencia Nacional al haberse contrastado de manera "fehaciente" que un agente externo accedió hace casi un año a los terminales de Sánchez y Margarita Robles a través del programa Pegasus y robó casi tres gigas de información. El traslado de los hechos a la Justicia para su investigación se produce en plena ofensiva del independentismo catalán, que acusa al aparato del Estado de haberle espiado mediante el controvertido software israelí.

El Ejecutivo ha revelado la identidad concreta de las dos personas cuyos terminales móviles habrían sido infectados (el presidente y la titular de Defensa), las fechas en que habrían tenido lugar las intrusiones ilegales (mayo y junio de 2021) y el volumen exacto de información de la que se habría apropiado el pirata informático: 2,73 gigas del móvil de Pedro Sánchez y nueve megas del de Margarita Robles. El Centro Criptológico Nacional (CCN) -dependiente del CNI- está verificando los equipos de todos los ministros, sin que haya trascendido de momento si otros también fueron boicoteados.

La difusión de estos detalles contrasta con la actitud que ha mostrado el Gobierno cuando los grupos de la oposición le han preguntado en sede parlamentaria por hechos similares. De ello puede dar fe el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que lleva más de tres meses intentando conocer sin éxito pormenores acerca de la investigación llevada a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional tras conocerse en agosto de 2020 que a los entonces ministros Juan Carlos Campo (Justicia) y Arancha González Laya (Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) les habrían hackeado los móviles.

Preguntas sin respuesta

En concreto, el parlamentario por Gipuzkoa preguntó por el software que se había utilizado, si se había descubierto quiénes estaban detrás de esas intrusiones, si se abrieron diligencias penales, qué medidas se habían tomado para evitar más ataques informáticos y si se habían saboteado los terminales de otros integrantes del gabinete de Pedro Sánchez.

El 2 de marzo, 35 días después de que registrara la pregunta escrita, el Ejecutivo despachó la petición en 49 palabras sin dar respuesta a una sola de las preguntas formuladas: "En relación con la pregunta de referencia, desde el Ministerio de Defensa se informa de que el resultado de las actuaciones realizadas, en relación con el incidente objeto de la iniciativa, ha sido trasladado a las autoridades pertinentes para que adopten las medidas que, en su caso, consideren oportuno". No ha trascendido nada.

A la vista de esta sucinta y nada aclaratoria contestación, Iñarritu volvió a presentar una nueva iniciativa días después. En ella, el diputado vasco volvía a plantear las mismas cuestiones que habían quedado sin respuesta con anterioridad y sumaba otra más: "¿Por qué si reconoce el incidente el Gobierno no ha respondido a las preguntas realizadas en la interpelación? ¿Considera que esa respuesta es acorde con los principios de transparencia y de respeto a la actividad de control parlamentario?".

Hace un mes se negó a informar sobre el 'hackeo' a dos ministros por estar clasificada toda la información del CNI

El parlamentario tuvo el mismo éxito. El Gobierno respondió a Iñarritu el 4 de abril a algo que no le había preguntado -al subrayar que el CNI "actúa con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a la legalidad vigente" y que se somete a los controles "económicos, judiciales y parlamentarios" previstos en la ley que regula los servicios de Información- y dejó sin aclarar las cuestiones por las que de forma clara y directa le había interpelado el citado parlamentario.

El gabinete de Pedro Sánchez invocaba el artículo 5.1 de la Ley reguladora del CNI, que dice textualmente: "Las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los acuerdos internacionales o, en su caso, con el mayor nivel de clasificación que se contemple en dicha legislación y en los mencionados acuerdos".

Vedado el conocimiento de manera genérico, el detalle de la información relacionada con las actividades de los Servicios de Inteligencia y su supervisión parlamentaria se ciñe a la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, cuya constitución se desbloqueó la pasada semana después de tres años al rebajar la presidenta del Congreso de los Diputados la mayoría necesaria de tres quinto (210 votos) a mayoría simple (176). Ello ha posibilitado la entrada en dicho órgano de EH Bildu y la CUP.

Los viajes de Pedro Sánchez en Falcon

Son frecuentes también las invocaciones por parte del Gobierno a la Ley sobre secretos oficiales para no ofrecer detalles de cuestiones mucho menos sensibles para la seguridad nacional que las intervenciones de los móviles de integrantes del gabinete de Pedro Sánchez. Tanto en sede parlamentaria como al amparo de la Ley de transparencia, el Ejecutivo ha declinado informar -a modo de ejemplo- sobre los viajes que realiza el presidente en Falcon y en otras aeronaves del Ejército del Aire.

"En relación con las preguntas formuladas por Su Señoría, cabe señalar que la información sobre movimientos de aeronaves militares, así como los planes de protección de autoridades y pasajeros y, en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, tienen la consideración de materia clasificada en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales", ha contestado al grupo del PP en el Senado a alguna de sus preguntas.

Desde septiembre de 2016, el PNV trata de impulsar en las Cortes una reforma de la ley, aprobada siete años antes de que muriera el dictador Franco. El grupo vasco aboga por que la clasificación de una materia vaya acompañada de un plazo de vigencia, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad. En concreto, plantea que el velo sobre los asuntos calificados como secretos no se mantenga más allá de los 25 años -salvo que el Consejo de Ministros lo prorrogue por otros diez más- y una década en el caso de las materias que tengan la consideración de reservada.

En el Plan Anual Normativo para 2022, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de enero, figura una norma que vendría a sustituir la que regula los secretos oficiales desde hace casi 54 años entre las 368 iniciativas que el Ejecutivo pretende sacar adelante. "La Ley de Información Clasificada tendrá por finalidad adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las necesidades actuales y adaptarlo, asimismo, a los estándares internacionales", anticipa el documento. De momento, sigue sin darse ningún paso en firme.