Òmnium Cultural ha presentado una querella por el presunto espionaje con el programa Pegasus en representación del exvicepresidente de la entidad Marcel Mauri, de la responsable del área de internacional Elena Jiménez y de Txell Bonet, periodista y compañera del expresidente Jordi Cuixart.

La querella, la primera que se presenta por este caso y que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, pretende demostrar "la involucración ilegal del Estado español en la trama de espionaje y abrir la puerta a una investigación que permita imputar a todos los organismos y poderes del Estado implicados", asegura Òmnium en un comunicado.

La querella, que se dirige nominalmente contra la empresa NSO Group, desarrolladora del programa de ciberespionaje de teléfonos Pegasus, "evidencia la vulneración masiva y grave de derechos fundamentales", resalta Òmnium Cultural.

Entre los derechos vulnerados, la entidad independentista cita el derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, con efecto también en otros derechos, como la libertad de expresión o el derecho a la defensa.

En este sentido, Òmnium denuncia que “no hay duda" de que las personas y las fechas en las que fueron espiadas ilegalmente "demuestran que ha habido una planificación organizada, con Jordi Cuixart y su estrategia de defensa como objetivo".

"En el contexto de la preparación de un juicio en el que quien espía es al mismo tiempo la acusación en el 'procés', supone hacer saltar por los aires el derecho de defensa y el derecho a un juicio justo", ha concluido el abogado de Òmnium, Benet Salellas.

“El 'CatalanGate', el espionaje ilegal y la vulneración de derechos fundamentales que supone son una muestra más de la guerra sucia del Estado contra el independentismo y la disidencia", ha asegurado, por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich.

Para Antich, "atacar a Òmnium quiere decir atacar a la sociedad civil”, mientras ha considerado que la aceptación de estas prácticas por parte de la Justicia puede sentar un precedente para toda la sociedad europea. 

Por ello, la querella pretende que se investigue toda la documentación vinculada al "CatalanGate", que se promulgue una orden europea de investigación para aclarar el origen de la financiación y determinar las responsabilidades penales de la compra y el uso ilegal de Pegasus, y el establecimiento de mecanismos de control para que los ciudadanos puedan saber si se les han intervenido las comunicaciones.

Para Benet Salellas, es seguro que "hay agencias gubernamentales españolas que han sido las que han adquirido y utilizado este programa de ciberespionaje y nosotros estamos aquí para acusar a estos poderes del Estado". 

La querella incorpora la práctica de diligencias de investigación con la finalidad de intentar demostrar el nivel de responsabilidad de las agencias gubernamentales españolas y de cualquier otra persona física o jurídica.